De planes y cajones

Reproduzco a continuación una conversación con uno de mis alcaldes que creo que sirve perfectamente como introducción de esta entrada:

- Alcalde: Tenemos que hacer un plan de movilidad urbana sostenible. 

- Secretario-interventor: Un plan de movilidad urbana sostenible... ¿pero realmente lo necesitamos?

- Alcalde: Dan subvención para la redacción y aprobación.

- Secretario-interventor: No soy partidario de aprobar planes para que finalmente acaben guardados en cajones. El plan de igualdad, el plan de prevención de riesgos laborales... El plan de prevención de emergencias que aprobamos, ¿te los has leído?

- Alcalde: No.

- Secretario-interventor: Yo entero tampoco. Aprobar un plan de movilidad urbana sostenible puede suponer que en el Pleno la oposición te pregunte sobre el cumplimiento de las medidas y los plazos que en él se incluyen (rebaje de aceras, peatonalización de calles, transportes...).

-  Alcalde: Ya, pero nos puede servir de referencia para saber cómo actuar en el futuro y además si lo tenemos podremos beneficiarnos de más subvenciones. 

- Secretario-interventor: No creo que el municipio tenga problemas de movilidad.

- Alcalde: Dan subvención. Hay que pedirlo. 

Esta conversación mantenida entre el alcalde de un municipio de menos de 500 habitantes y un secretario-interventor muestra hasta qué punto los ayuntamientos más pequeños orientan su actuación al son que marcan otras administraciones territoriales superiores, como pueden ser las diputaciones provinciales y las comunidades autónomas, más que movidos por la búsqueda del interés general de la población y sobre todo de sus vecinos. Porque en un pueblo de la España interior con menos de 500 habitantes y un movimiento demográfico en caída libre pueden existir mil y un problemas y aspectos en los que fijar el interés y el esfuerzo, pero creo que la movilidad no será el primero de ellos.

Pero la necesidad de financiación y el reparto de los fondos entre administraciones públicas (infrafinanciando a los ayuntamientos y favoreciendo a otras administraciones de ámbito superior) otorga a las diputaciones y a las comunidades autónomas un poder de influencia tal, que el principio constitucional de autonomía local resulta perjudicado. Y es que el principio de autonomía sin financiación no es más que una ilusión.


La euforia planificadora

En los últimos años el poder legislativo ha centrado el foco en variar las dinámicas de actuación de las administraciones públicas a través de la normativa. Se trataba de cambiar la urgencia de la gestión diaria y la resolución de la emergencia por una actuación enfocada a la consecución de objetivos a largo plazo, con microbjetivos a corto y medio plazo e indicadores de gestión. 

Y así, reforma legal tras reforma legal, debimos pasar de actuar como bomberos apagando fuegos a actuar como robots en cumplimiento de actividades programadas... al menos en teoría. 

Pasamos de tener pocos o ningún plan a una multitud de ellos: el plan de prevención de riesgos laborales, el plan de tesorería, el presupuesto, el plan de igualdad, el plan de contratación anual, el plan de emergencias, el plan normativo anual, el plan de movilidad urbana sostenible, el plan económico-financiero, el plan de autocontrol del abastecimiento del agua potable, el plan de calidad, las cartas de servicios, etc. Y cada uno de estos planes con sus respectivos cronogramas de tareas a realizar, sus indicadores, sus memorias, sus informes de cumplimiento y sus órganos de seguimiento y actuación. 

Total, que los secretarios-interventores hemos dejado de actuar como bomberos apagando fuegos para actuar como bomberos toreros intentando llegar a los plazos previstos en los mil planes, generar la documentación exigida en los mismos y cumplir mínimamente sus previsiones.

Qué bonita la idea de planificar en las
bases de datos de imágenes

Es el precio de vivir en la Unión Europea, que debemos dejar a un lado la improvisación y la ocurrencia para actuar a la manera germánica, prevista y cuadriculada. Aunque los países de la Unión Europea son todos ellos soberanos, el hecho de haberse integrado en tal unión supone la cesión de parte de su soberanía a las instituciones europeas y, en el caso de países como España con problemas constantes de déficit y endeudamiento supone además la imposición de cada vez más exigencias de planificación, ejecución y rendición de cuentas para demostrar que seguimos siendo socios fiables. 

Si bien la planificación tiene múltiples ventajas que no hace falta tratar en profundidad (permite fijar un objetivo a largo plazo, permite detectar nuestras debilidades y fortalezas así como las amenazas y oportunidades del entorno para conseguirlo, permite actuar con previsión y de forma ordenada, etc.), también presenta inconvenientes, que en el caso de los municipios de pequeña dimensión se hacen más acuciantes.


Externalidades negativas de la vorágine planificadora

El hecho de aprobar uno tras otro tantos planes de actuación, supone el surgimiento de otros problemas aparte de la dificultad de encontrar cajones suficientes para su "depósito" (no hay cajón pa tanto plan). Afortunadamente ahora con esto de la administración electrónica los planes no ocuparán tantísimo espacio y podremos disponer de nuestros cajones para guardar otras cosas y mantener despejadas las mesas. 

No hay cajón pa tanto plan

Otros problemas de surgen de la tendencia planificadora imperante son los siguientes:

- La imposibilidad de centrarse en su contenido y dedicarle a cada uno de ellos el tiempo y dedicación necesarios para cumplir sus previsiones. Existen planes (como el plan de prevención de riesgos laborales) en los que para cumplir la totalidad de sus previsiones deberíamos dedicarnos en cuerpo y alma en dicha tarea. Y si a este plan le sumamos la cantidad de planes hoy existentes, en los ayuntamientos no tendríamos tiempo ni para hacer los plenos. 

- La inexistencia de personal técnico capacitado en las entidades locales para su elaboración, lo cual conlleva que muchas veces se tenga que contratar la redacción de estos planes con empresas externas. 

Existe todo un negocio y un sector económico en torno a estos planes. A veces me pregunto si los políticos de los parlamentos autonómicos, que exigen normativamente la elaboración y aprobación de los planes, o los de las diputaciones provinciales, que aprueban las convocatorias de subvenciones para la redacción, no tendrán vínculos con estas empresas dedicadas a la redacción de tales planes. 

- La determinación clara de las responsabilidades. Si algunos datos quedan claros en los cronogramas y en los catálogos de medidas que contienen los planes, esos son los plazos y los responsables de la ejecución de las tareas. Y en esto, los secretarios-interventores tenemos todas las de perder, sobre todo por la inexistencia en muchos ayuntamientos de otro personal técnico o con capacidad suficiente para la realización de ciertas labores. A través de estos planes se asignan a la Secretaría-Intervención labores adicionales a la ya de por sí cargada agenda de funciones que las leyes estatales y autonómicas nos asignan (ver mi entrada Funciones de un secretariucho de tercera) y se nos sobrecarga cual burro en labores agrícolas. 

Y dada la imposibilidad de cumplir con la ya de por sí completa lista de funciones que se nos asignan, garantizar el cumplimiento de las funciones adicionales que estos planes nos atribuyen es imposible. Sólo queda priorizar ciertas actuaciones y cruzar los dedos. Porque el día en que ocurra la desgracia que el plan está encaminado a evitar (que se produzca el incendio, que alguien se intoxique con el agua potable, que haya un accidente laboral, que no haya tesorería suficiente para pagar nóminas...), si algo no funciona de acuerdo a las previsiones del plan, se buscará y señalará a los responsables y es ahí donde los secretariuchos-as de tercera podemos tener mucho que perder. 

Las mil alarmas de la vida de un/a
secretario/a-interventor/a

- La falta de cultura de mejora continua, y de esfuerzo mantenido en el tiempo. Las Alcaldías contemplan el contenido de estos planes como una piedra en el camino para llegar a un sitio, más que como el sitio al que en realidad desean llegar a través de dicho camino. Para ellos la aprobación del plan es un escalón más para conseguir otro objetivo (la obtención de una subvención o impedir una sanción), más que una oportunidad para mejorar poco a poco y conseguir una versión mejor de la entidad y del propio municipio. Por ello, los alcaldes y alcaldesas conciben los planes y su aprobación como un evento puntual o como un hito, más que como el inicio de un proceso largo y continuado. 

Esto puede suponer que ante una situación de mal funcionamiento de la administración o de un servicio vinculado a alguno de estos planes, los vecinos o los miembros de la oposición puedan reprochar a la Corporación que no se esté cumpliendo lo previsto en tales planes cuando según el cronograma ya debería realizarse correctamente desde hace tiempo. 

- La dificultad de motivar al personal hacia la consecución de las metas del plan. Como traté en mi anterior entrada La motivación del empleado público: ni palo ni zanahoria las administraciones públicas tenemos un grave problema para motivar a nuestro personal para cumplir su misión más básica (las funciones para las que fue contratado), así que cuanto más para realizar las tareas y cumplir los objetivos que nos han sido impuestos por una planificación adicional. Si a esto le sumamos la falta de cultura de mejora continua y del esfuerzo continuado de los políticos locales que apuntaba en el apartado anterior, la realización de planes puede ser del todo desmotivador, por ser algo parecido a construir castillos en el aire. Además resulta un despilfarro de tiempo y dinero que difícilmente casa con los principios de eficacia y eficiencia que deben regir la actuación administrativa.

- La imposibilidad de preverlo todo. Ante la situación de crisis sanitaria que hemos vivido con ocasión del coronavirus, estoy seguro que hasta los ayuntamientos más dotados de planes y comprometidos con su cumplimiento han sufrido un shock de funcionamiento y se han visto obligados a paralizar temporalmente su actividad y el desarrollo de sus planes. Si bien seguro que los ayuntamientos que tenían planes de emergencias y los mantenían vivos reaccionaron mejor ante dicha eventualidad que los que no tenían tales planes; siempre existen imprevistos o eventualidades contra las que no se puede luchar o que alterarán el desarrollo de la actividad planificada.  

Aunque tal vez el ejemplo sea algo forzado, es una forma de llegar a la idea de que planificar está muy bien, pero en la vida real siempre surgen mil y un imprevistos que nos alejarán de los objetivos o de las líneas marcadas por el plan. Mientras la desviación es pequeña hay que mantener la calma y tratar de reconducir la situación, pero a medida que se agrava la brecha y se perpetúa el incumplimiento, mantener el ánimo y seguir luchando se hace cada vez más duro y la experiencia para un empleado comprometido puede resultar muy frustrante. 

Sobre este asunto de los mil y un planes. ¿Ocurren en vuestros ayuntamientos hechos parecidos a los que ocurren en los míos? ¿Habéis mantenido con vuestros alcaldes conversaciones del nivel de la que abre esta entrada?

¡Nos leemos!