martes, 12 de mayo de 2020

La motivación del empleado público: ni palo ni zanahoria

En materia de personal se habla mucho sobre la forma de atraer a los mejores currículos académicos hacia el sector público, de la forma en que deben llevarse a cabo los procesos selectivos para asegurar la selección de los mejores perfiles, de qué puestos de trabajo reponer y cuáles no en función de las previsiones de evolución del sector público, etc. Pero el hecho es que en los municipios pequeños en los que trabajamos muchísimos/as secretarios/as-interventores/as, no se realizan prácticamente procesos selectivos. 

Los únicos procesos de selección que se realizan en este ámbito son para la formación de las bolsas de trabajo temporal para la cobertura de necesidades estructurales (personal de limpieza, personal de construcción y mantenimiento, etc.) en un fraude de ley total, por contratar personal temporal para necesidades de carácter estructural, pero que a los alcaldes les parece una idea genial mientras confunden el empleo público para la satisfacción de necesidades con los fines sociales. 

Pero poco se habla en materia de recursos humanos de la motivación de los empleados públicos, cuando tal vez sea el aspecto más importante de la gestión del personal. En mi opinión la motivación del personal tiene una gran relevancia para la eficacia en la actuación de la administración, ya que los empleados públicos, una vez seleccionados, estarán el resto de su vida laboral formando parte de la organización. Y en los ayuntamientos pequeños mucho más, ya que el personal con el que contamos es el que hubo, hay y habrá y con esos mimbres debemos trabajar y elaborar nuestras cestas.


Motivación: la herramienta que puede hacer
que todo funcione 

Afortunadamente, la motivación por conseguir una plaza no es el problema, pues el empleo público siempre ha tenido y actualmente mantiene un gran atractivo entre la población. Tal vez no aspiren al empleo público los mejores expedientes, pero cuando a una convocatoria se le da la publicidad adecuada se presentan decenas e incluso centenares de candidaturas. Sea por el horario de trabajo, por la estabilidad, por las retribuciones, o por la vocación de servicio público de los candidatos, lo cierto es que son muchas las personas que se presentan a los procesos selectivos de funcionario de carrera o de laboral fijo y que se mantienen motivadas para conseguir la plaza a pesar de lo árido y duro que se hace el camino de la oposición. Y si a esto le añadimos las crisis periódicas en las que nuestro sistema económico nos tiene sumidos, parece que el atractivo del sector público no cambiará en los próximos años.

Pero también es verdad que tras el proceso selectivo, en el momento en que el/la candidato/a toma posesión, se produce un fenómeno físico conocido como Ley de Lavoisier (la energía ni se crea ni se destruye, sólo se transforma) y el interés por el puesto de trabajo, la vocación de servicio público y la capacidad de esfuerzo y la voluntad de aprendizaje se disipan (quiero pensar que transformándose en interés por otras metas tan loables como la familia, los hobbies de las tardes, el almuerzo, o cualquier otra cosa diferente al propio trabajo). Este fenómeno no siempre ocurre de forma inmediata con la firma del acta de toma de posesión, pero el fenómeno suele producirse de forma más o menos ralentizada en el tiempo, antes o después. 

Y si pensamos ahora en un/a empleado/a público/a que lleve ya años e incluso décadas en el puesto de trabajo, como ocurre en la mayoría de ayuntamientos de la España rural, la desconexión de la motivación y del propio puesto de trabajo se lleva ya al extremo. 

Tal vez estoy generalizando con las afirmaciones anteriores, pero quien haya trabajado en el sector público y en particular en el sector público local, sabrá que dichas generalizaciones tienen mucho de verdad. 

Tengo una hipótesis de por qué los teóricos y las cuentas de twitter de los referentes de la administración no realizan estudios, teorías y debates sobre la motivación del personal y cómo incrementarla, y es que en este ámbito la administración se encuentra muy atada, porque no es posible aplicar ninguno de los elementos clásicos: ni el palo ni la zanahoria. 


Motivación y puré de zanahoria

Para conseguir motivar al personal existen múltiples factores que se pueden aplicar y que podrían ofrecer buenos resultados: la flexibilidad horaria, la conciliación de la vida personal y familiar, el ambiente de trabajo, las posibilidades de promoción, el escuchar y considerar al trabajador para la toma de decisiones, el reconocimiento del trabajo realizado, la posibilidad de trabajar de forma autónoma, y sobre todo el sueldo.

Pero muchas de estas estrategias en las administraciones públicas están muy coartadas, y de forma aún más acusada en los ayuntamientos donde trabajamos los secretariuchos de tercera.

La jornada de trabajo en las entidades locales es en cómputo anual la misma que la fijada para los funcionarios de la Administración Civil del Estado (artículo 94 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local). 

Para la Administración Civil del Estado, la jornada de trabajo se fijó ya en un mínimo de 37 horas y media semanales con el Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, y dicha jornada mínima se ha mantenido en diversas resoluciones de la Secretaría de Estado de Función Pública hasta la actualidad. Actualmente, el artículo 3.1 de la Resolución de 28 de febrero de 2019, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se dictan instrucciones sobre jornada y horarios de trabajo del personal al servicio de la Administración General del Estado y sus organismos públicos determina que "La duración de la jornada general será de 37 horas y media semanales de trabajo efectivo de promedio en cómputo anual, equivalente a mil seiscientas cuarenta y dos horas anuales". 

No obstante, la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2018 abrió la puerta a la negociación colectiva de una jornada laboral menor en sus disposiciones derogatoria cuarta y sobre todo en la disposición adicional centésima cuadragésima cuarta, dedicada a la jornada de trabajo. En esta última disposición, punto segundo, se determina la posibilidad de establecer una jornada de trabajo distinta a la de 37,5 horas fijada con carácter general previa negociación colectiva, que en el caso de las entidades locales tendría prevalencia sobre la fijada por la normativa estatal para la administración del Estado. En aplicación de dicha previsión han sido muchos los ayuntamientos en los que se han negociado jornadas de trabajo de 35 horas semanales.

Más allá de esas 35 horas semanales, poco o nada puede hacerse desde los ayuntamientos para conseguir la motivación del personal en materia de jornada laboral. 

En cuanto a la flexibilidad horaria, en los microayuntamientos rara vez existe un horario amplio en el que distribuir las horas de forma realmente flexible. Normalmente toda la jornada se realiza por la mañana, o como mucho con alguna tarde suelta si es que el/la alcalde/alcaldesa trabaja por las mañanas y no puede asistir al ayuntamiento durante dicho horario de oficina. Y sólo de mañanas y cumpliendo al menos 35 horas... ¿qué alternativa hay a la típica jornada de 8:00 a 15:00? ¿de 7:30 a 14:30, tal vez? En ayuntamientos de mayor dimensión, en los que sí que existe costumbre de abrir al menos una tarde para facilitar las gestiones al ciudadano, sí que es más factible que un trabajador (ya sea de registro o de cualquier otro departamento) vaya a trabajar durante esa tarde aprovechando que el ayuntamiento está abierto, pudiéndose distribuir así la jornada con mayor libertad, pero en los ayuntamientos pequeños no existe esa posibilidad.


¿Qué mayor lujo que poder
distribuir nuestro tiempo?

En cuanto a la conciliación de la vida personal y familiar, y entroncando con lo anteriomente dicho para la flexibilidad horaria, la escasez de personal en los miniayuntamientos del mundo rural impide aplicar medidas de conciliación de la vida personal y familiar y de flexibilidad horaria. No existen varios efectivos para cubrir el tiempo que una persona no está en su puesto de trabajo. Que una persona no se encuentre en su puesto de trabajo en un determinado momento supone que el trabajo que realiza deje de hacerse durante el tiempo que no esté. 

La única posibilidad de facilitar la conciliación de la vida personal y familiar y la flexibilidad horaria en los ayuntamientos de tercera sería mediante la implantación del teletrabajo. Pero vistas las dificultades con las que nos hemos encontrado durante el estado de alarma para teletrabajar y el escaso interés de los trabajadores por asistir a las sesiones formativas para la implantación de la administración electrónica, para muchos ayuntamientos de tercera el teletrabajo es casi una utopía. En estos ayuntamientos, la técnica motivacional del teletrabajo solamente parece aplicable para el personal habilitado nacional o para otro personal altamente motivado (si otro personal no hace mucho durante la jornada presencial, imaginad mediante teletrabajo). Y si dicho personal al que resultaría aplicable la modalidad telemática ya tiene que estar de por sí motivado, pierde sentido aplicar dicha medida encaminada a lograr la motivación.

En cuanto a la posibilidad de promocionar como factor de motivación, la descartamos de un plumazo, porque las dimensiones de estos ayuntamientos no permiten la existencia de tantos puestos de trabajo como para trazar un itinerario profesional. Solamente podrían investigarse opciones como la carrera profesional horizontal (artículos 16, 17 y 20 del Real Decreto Legislativo 5/2015, Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público), cuando hayan sido recogidas en las normas autonómicas de desarrollo del TREBEP. Tal vez ahí esté el futuro. 

Las opciones de escuchar y considerar al trabajador para la toma de decisiones y la posibilidad de trabajar de forma autónoma son interesantes cuando tienes un personal formado que conoce perfectamente el ámbito en el que trabaja y que domina a la perfección la materia, lo cual es bastante difícil de encontrar en ayuntamientos en los que predomina el acceso al puesto de trabajo a través del encadenamiento fortuito de contratos laborales temporales a los que se accedió mediante un listado del paro en el mejor de los casos. 

El sueldo de los empleados públicos locales es el mismo que el fijado con carácter general para toda la función pública, al menos en las retribuciones básicas, debiendo seguir las retribuciones complementarias la misma estructura y criterios de valoración objetivos que los establecidos para el resto de los funcionarios públicos (artículo 93 de la Ley 7/1985). Por ello, las únicas retribuciones que quedarían al alcance de los políticos locales para motivar a su personal, serían el complemento específico y el complemento de productividad, pero en ambos casos limitados por el límite del incremento de las retribuciones del personal que determinan las leyes de presupuestos generales de Estado para cada ejercicio, englobados para dicho cálculo con el resto de conceptos retributivos. 

El complemento específico no es de libre determinación de la Corporación, sino que dicho complemento debe valorar de forma objetiva aspectos tales como la especial dificultad técnica, responsabilidad, dedicación, incompatibilidad, peligrosidad, penosidad o las condiciones en que se desarrolla el trabajo (artículo 24.b del TREBEP y 4.1 del Real Decreto 861/1986, por el que se establece el régimen de las retribuciones de los funcionarios de Administración Local). El artículo 4.2 y 3 de este último real decreto aclara que "El establecimiento o modificación del complemento específico exigirá, con carácter previo, que por la Corporación se efectúe una valoración del puesto de trabajo atendiendo a las circunstancias expresadas en el número 1 de este artículo. 3. Efectuada la valoración, el Pleno de la Corporación, al aprobar la relación de puestos de trabajo, determinará aquéllos a los que corresponde un complemento específico, señalando su respectiva cuantía". A pesar de que la norma insiste tanto en el carácter objetivo de este complemento, en la realidad de los ayuntamientos rurales se encuentran complementos de lo más variopintos entre puestos de trabajo aparentemente iguales y en administraciones en las que nunca se ha aprobado una relación de puestos de trabajo ni nada que medianamente se le parezca. 

El complemento de productividad, es aparentemente la estrella de las medidas para la motivación del personal y la primera que viene a la cabeza cuando se piensa en una estrategia motivadora. Pero digo que es aparentemente la estrella, porque casi nunca dicha figura se utiliza correctamente, y en ocasiones la utilización errónea del complemento de productividad puede derivar en la creación de un ambiente improductivo.


Según la normativa, el complemento de productividad debe retribuir el grado de interés, iniciativa o esfuerzo con que el funcionario desempeña su trabajo y el rendimiento o resultados obtenidos dentro de la jornada de trabajo (para retribuir el trabajo fuera de la jornada habitual están las horas extraordinarias). El artículo 5 del Real Decreto 861/1986, por el que se establece el régimen de las retribuciones de los funcionarios de Administración Local, señala que la asignación de productividades debe realizarse por la Alcaldía en función de circunstancias objetivas relacionadas directamente con el desempeño del puesto de trabajo y objetivos asignados al mismo, con sujeción a los criterios que se hayan establecido en el Pleno, que la percepción de este complemento durante un periodo de tiempo no originará el derecho a percibirlo en periodos sucesivos y que las cantidades a percibir en concepto de productividad por los empleados públicos serán de conocimiento público del resto del personal y de los representantes sindicales.


El complemento de productividad
en la mente de legislador

Pues de todo lo anteriormente expuesto, en la realidad pocos requisitos se cumplen:

¿La fijación por el Pleno de los criterios para la asignación de productividades? No la he visto nunca a lo largo de mi vida profesional. Rara vez he presenciado la fijación de un objetivo al cual esté condicionada la percepción de un complemento de productividad, aunque se fije únicamente por los miembros del gobierno local y no por la totalidad de miembros del Pleno.

¿La publicidad de los complementos de productividad? Si consideramos que el libro de resoluciones de Alcaldía es un documento público aceptamos barco como que los complementos se publican, pero no miento si digo que en algunos ayuntamientos en los que he trabajado el contenido de la resolución mensual de fijación de las productividades era algo parecido a un secreto de Estado. Nunca he visto las resoluciones de asignación de complementos de productividad en un tablón (aunque sea interno, sólo para el personal) y mucho menos en un lugar como el portal de transparencia. Si los complementos de productividad realmente se otorgaran a las personas que con mayor interés y dedicación hubieran desempeñado su trabajo durante un periodo de tiempo, de forma objetiva y justa... ¿no sería un orgullo digno de conocimiento de todo el mundo el recibir el mayor complemento de productividad? ¡Sería como ser nombrado/a empleado/a del mes!

En la práctica, en algunos ayuntamientos se sigue la política del café para todos, asignando una productividad igual a todos los empleados que ocupan del mismo nivel, aumentando progresivamente a medida que aumenta el nivel. En otros ayuntamientos, estos complementos sirven para retribuir la mayor o menor servilismo que hacia los políticos locales muestran los empleados públicos. En ciertos ayuntamientos se utiliza como elemento compensatorio de las bajas retribuciones del personal, a modo de contrapeso. Hay ayuntamientos en los que el cobro periódico de complementos de productividad ha generado tal inercia que el hecho de dejarse de pagar el complemento en un determinado momento se toma más como una represalia que como el cumplimiento de la norma que impide su carácter periódico y repetitivo. Sea como sea, lo cierto es que en muchas ocasiones este complemento origina un clima de desmotivación e improductividad, porque puede llevar a estos razonamientos:

1. Si todos vamos a cobrar la misma productividad, ¿para qué esforzarse?

2. A Pepito le han asignado una productividad mayor que la mía, cuando yo he trabajado mucho más que él. ¡Qué injusto! Pues yo voy a dejar de esforzarme tanto, a ver cómo se las apañan sólo con Pepito.

3. Joder, vaya productividad que le han dado a Conchita. Menuda lameculos. Un momento, pero yo también tengo una lengua...

4. Todos los meses cobrábamos una productividad mensual, hasta que llegó el nuevo secretario y dijo que no se podía. Y claro que se puede, pues así se ha hecho siempre. ¡¡Menudo *@#+%!!

Es decir, que el complemento de productividad que tan ideal resultaba sobre el papel cuando el legislador decidió regularlo, en la práctica se ha visto deformado hasta el esperpento. 

Pues ya sólo nos quedan dos recursos para conseguir la motivación del personal a través de la recompensa: el buen ambiente de trabajo y el reconocimiento del trabajo realizado, y éste último está muy relacionado con el sueldo, porque las palabras se las lleva el viento. 

En cuanto al buen ambiente de trabajo, creo que es lo mínimo que se nos puede ofrecer a los empleados públicos, que 7 horas y media al día en el mismo centro de trabajo durante más de 30 años puede ser un castigo infernal si no existe una ambiente cordial. Aunque toda buena relación laboral siempre puede mejorarse. No voy a recomendar hacer un retiro motivacional ni ninguna otra gran idea importada del mundo de la empresa, pero siempre se pueden realizar sencillas actividades extralaborales (comidas, cenas, excursiones, etc.) que ayuden a conocernos un poco más entre compañeros y a limar posibles asperezas.

Visto lo visto, queda claro que la técnica de la recompensa no es una gran herramienta para motivar al personal de las secretarías rurales, porque no tenemos una zanahoria, sino un puré de zanahoria. 

Hablemos ahora de la dificultad de motivar a los empleados públicos con medidas disuasorias o de castigo.


Motivación y el principio in dubio pro reo

Y si no es posible motivar al personal mediante la recompensa, al menos penalicemos sus malas conductas y prácticas para salvar los muebles... ¡error!

Si hay un procedimiento difícil de observar por estar casi extinto en la administración local, ese es el procedimiento disciplinario de los empleados públicos. Ya puede un empleado público incumplir su horario de trabajo, utilizar recursos públicos para fines privados, desatender el cumplimiento de las obligaciones más básicas del puesto de trabajo, mostrar conductas inaceptables ante el público o los superiores, etc. que el procedimiento sancionador continuará siendo algo insólito e inusitado. A la vista del ciudadano de a pie los empleados públicos somos "los intocables".

Y no será porque el régimen disciplinario y el procedimiento sancionador de los empleados públicos no se encuentren bien regulados. En aplicación de lo previsto en el artículo 149.1.18 de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en las bases del régimen jurídico de las administraciones públicas y del régimen estatutario de sus funcionarios, el régimen disciplinario se regula en el título VII del Real Decreto Legislativo 5/2015, Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, sin perjuicio del posible desarrollo de dichas bases por las leyes de función pública que aprueben las comunidades autónomas. 

La lectura de esta regulación de la responsabilidad administrativa de los empleados públicos invita a pensar en un mundo ideal, en el que el personal cumple con sus obligaciones y se consiguen los objetivos generales con eficiencia y eficacia por parte de empleados públicos diligentes, sancionando aquellas conductas que atentan contra dichos objetivos y constituyen infracción. La invitación a pensar así es clara en la norma, pues no se utilizan expresiones ambiguas como "las administraciones públicas podrán corregir disciplinariamente las infracciones del personal a su servicio", sino que la norma dice "corregirán". Pero la realidad dista mucho de esa idealización normativa por la timidez y la parálisis ante la aplicación de la potestad disciplinaria.

En el caso de los ayuntamientos que no siguen el régimen de los municipios de gran población, la competencia sancionadora corresponde al alcalde en virtud del artículo 21.1. h de la Ley 7/1985. Y tal vez ahí radique el estado casi extinto del procedimiento disciplinario en los ayuntamientos, porque el hecho de aplicar este procedimiento a un empleado público, posible familiar y/o potencial votante es un trago difícil para el político local (otra consecuencia más de lo tratado en mi entrada El empleo público en los pequeños municipios: el oro de Moscú)

Pero no olvidemos que los empleados públicos no solamente pueden ser responsables en el ámbito administrativo, sino también en el ámbito civil y penal. En ocasiones, no es hasta el momento en que se declara la responsabilidad de los empleados públicos en vía civil o penal cuando la administración se atreve a actuar para declarar por su parte la responsabilidad administrativa, por el hecho de haber resultado probados los hechos en la vía judicial. 

Otras veces, es necesario que ocurran acontecimientos tan graves y denunciables como estos para que la maquinaria disciplinaria se ponga en marcha: 

- Detenido el policía local de Benidorm que insultó a una persona transexual

Dos policías locales suspendidos en Girona por presunta agresión racista

El momento en el que la infracción salta a las redes sociales y se produce la denuncia pública con la movilización ciudadana es el resorte para que los políticos locales tomen las riendas y pongan en marcha, por fin, el procedimiento disciplinario. 

El régimen disciplinario de los funcionarios con habilitación de carácter nacional presenta bastantes peculiaridades respecto al régimen disciplinario del resto del personal, y creo que bien puede ser objeto de una entrada propia. 

Otra actuación que sirve para mantener la motivación o el interés (o al menos paliar la desidia) de los empleados por sus funciones es la deducción de haberes por incumplimiento de la jornada de trabajo

La deducción de haberes se recoge en el artículo 30.1 del Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público (Real Decreto Legislativo 5/2015) como una medida de justicia, más que una medida de carácter punitivo o sancionador: "Sin perjuicio de la sanción disciplinaria que pueda corresponder, la parte de jornada no realizada dará lugar a la deducción proporcional de haberes, que no tendrá carácter sancionador". La sanción por el incumplimiento de jornada puede ser adicional a la deducción de haberes, pero la deducción de haberes se aplica únicamente por ser de justicia, ya que si te pagan por hacer un trabajo es lógico que no cobres por la parte del trabajo no realizado. 

Pero a los políticos locales también les tiembla la mano a la hora de aplicar esta posibilidad, y lo que consiguen con ello es beneficiar al personal incumplidor y perjudicar al personal que realmente cumple con su jornada y cometidos, y con ello también al interés general de la población. 

La consecuencia final es que se produce una contaminación de todo el personal. Una manzana podrida pudre el cesto: si hoy Juanito llega tarde al trabajo y no pasa nada, mañana Joselita no se presentará a trabajar y no pasará nada y pasado mañana Carlitos irá al médico sin aportar el justificante y no pasará nada, porque Carlitos trabaja en la oficina y vale más por lo que calla que por lo que habla.


Una manzana podrida pudre el cesto

En fin, que entre que tenemos pocas medidas para motivar al personal, que las correctivas no se aplican por miedo o intereses y las de de fomento o promoción se asumen como derechos consolidados por el personal una vez implantadas, es difícil mantener al personal quietito y portándose bien. 

Y vosotros, ¿qué situación vivís en vuestros ayuntamientos?

¡Nos leemos!

viernes, 1 de mayo de 2020

Mi primer cumpleblog

Hoy justamente hace un año que publiqué mi primera entrada en este blog. Han pasado 12 meses, 27 entradas y muchas vivencias y aprendizajes. 

Aunque sólo han sido 12 meses, a mi me han parecido muchos más. Supongo que habrá influido en ello el hecho de que los dos últimos he estado confinado en solitario en uno de los minipueblos en los que vivo y trabajo y donde me desplacé con motivo de la obtención de éste mi primer destino en el concurso unitario de 2018. Estos dos meses sin compañía y sin desconexiones durante los fines de semana se me están haciendo muy largos. 

#happybirthdaytome

Y si tengo que hacer una valoración de este último año de mi vida, sería la siguiente:

- A nivel profesional la experiencia ha sido agridulce. Por un lado he conseguido algunos de los objetivos que me planteé cuando llegué aquí por primera vez y vi el panorama, pero por otro lado he desistido de otras metas que ni he conseguido ni estimo posible llegar a conseguir. Existen objetivos que aún no he conseguido materializar, pero en los que sigo trabajando día a día con la esperanza de lograrlos tarde o temprano.

Durante este tiempo, el hecho de tener que realizar funciones en todos los ámbitos de la actuación municipal y de haber trabajado en muchos campos nuevos para mí, me hace sentir que me estoy convirtiendo en una auténtica navaja suiza. Esto no quita que a veces eche de menos mayor colaboración e implicación por parte del resto del personal de los ayuntamientos y que, en ocasiones, sienta la conocida como soledad del habilitado. 

- A nivel personal el panorama es más inestable. El hecho de haberme venido a vivir a un pueblo cuya población no llega a los 500 habitantes y no ver a mi familia y amigos durante toda la semana hace que mi vida personal esté en una especie de hibernación. Si a esto le sumamos la ausencia de metas personales y de entretenimientos o pasatiempos en los que ocupar la mente, la situación empeora. 

Lo cierto es que muchos días acabo la jornada laboral agotado y no tengo ganas de nada. Los fines de semana, cuando puedo salir del pueblo, trato de cambiar de aires y llevar una vida relajada y con más alicientes, aunque a veces cuando llega el viernes estoy tan cansado física y sobre todo mentalmente que me limito a hacer las tareas básicas imprescindibles para la supervivencia (compra, limpieza, cocinar, etc.). 

Está claro que tengo que buscarme un entretenimiento con el que llenar las horas y que me haga feliz. Si estuviera en la ciudad o en algún sitio con más posibilidades sin duda me apuntaría a una ONG o alguna asociación sin ánimo de lucro para hacer actividades por los demás (acompañar ancianos que viven solos, etc.) o me apuntaría a alguna actividad de ocio o educativa que me apeteciese. Aquí donde vivo el ocio está más limitado y el deporte (aunque trato de practicarlo) no es mi gran pasión. 

Este año ya he visto pasar mi primer concurso unitario sin poder participar, todavía tendrá que pasar otro más por delante de mis narices y ya entonces podré concursar de nuevo, esperando conseguir un destino más próximo a mi hogar para por lo menos dormir en mi cama todas las noches. No obstante, y vistos los destinos que se ofrecen en los últimos concursos, no descarto la idea de no participar en dicho concurso si no es que no hay algún destino me entusiasme y sea una buena opción para mí. Siempre quedará la vía de la comisión de servicio para buscar mi lugar. 

- A nivel de blog, os he ido narrando mis reflexiones desde la trinchera de la administración local con mayor o menor regularidad durante todo el año, y tengo todavía muchos temas que me parecen interesantes por tratar. Me encanta leer los blogs de los compañeros de profesión y sus vivencias de ayudan a abstraerme de la visión tan minimalista de la administración local que ofrecen las secretarías rurales o secretarías de tercera (aún más agravada en el caso de las agrupaciones de secretaría, como es mi caso). 

Al mismo tiempo, escribir mis ideas y compartir mis visiones con quien quiera leerlas me sirve de desahogo y de entretenimiento. Y el hecho de hacerlo bajo el seudónimo de "Secretariucho de tercera" me permite expresarme con mayor libertad, sin sentirme observado o enjuiciado. 

Gracias por acompañarme durante este mi primer año de blog.

¡Nos leemos!

Mi deseo para este año:
seguirnos leyendo

miércoles, 22 de abril de 2020

Alcaldías en pugna: coronavirus mask race!

Durante la crisis financiera de 2008 (que en nuestro país duró más de 5 años) los medios de comunicación nos repitieron hasta la saciedad que en chino la palabra crisis está formada por dos caracteres: el primero es Wei, que significa peligro y el segundo es Ji, que significa oportunidad.


De este hecho tan simple se deducía que cada crisis traía aparejadas ciertas oportunidades de prosperar, de vencer la adversidad y dejar las consecuencias negativas de esta inestabilidad atrás. Y si no lo creéis así, pensad la cantidad de negocios que prosperaron a raíz de esa crisis finaciera, como los siguientes: Wallapop, Groupon, Cien Montaditos, BlaBlaCar, Pepephone y muchos otros ligados a las palabras low cost. 


Y como quiera que sea que hace menos de diez años que atravesamos lo más duro de esa crisis, la gente tiene memoria y muchas personas han recibido la nueva crisis en la posición más adecuada para coger la ola (a pesar de las características tan diferenciales de esta crisis -sanitaria- frente a la anterior -financiera-). 


En esta crisis, tan salvaje y destructiva, tan letal y tan cruda, la población ha tenido que tomar posición por uno de los dos roles principales: el oportunista, que aprovecha la situación en su propio beneficio, o el solidario, que aprovecha la situación para ayudar a los demás. Pero aparte de esas dos posturas, existe una tercera, que permite ayudar a los demás mientras que a uno mismo le va genial con ello y que calificaremos como del interesado. Es el conocido como "nadar y guardar la ropa", "caminar por el filo de la navaja" o "conseguir la cuadratura del círculo" y en esto debemos reconocer que nuestros políticos locales son los putos amos. 



El oportunista: si te despistas, se lo lleva calentito


Las medias económicas para paliar la crisis: la pasta o la vida

Desde que se adoptaron las medidas de confinamiento obligatorio para la población y se obligó al cierre de múltiples negocios (en particular aquellos en los que se producía reunión de personas) y al paro obligado de aquellos sectores que no se consideraron esenciales, se estimó que la crisis sanitaria vendría de la mano de una crisis económica, cuya gravedad dependería del tiempo que se alargara esta situación. 

Por ello, y con muy buen criterio, las Alcaldías de España se pusieron a trabajar para tratar de conseguir que los tributos municipales no fueran una causa más de asfixia para las empresas y autónomos de nuestro país. Y surgieron muchas y muy fantásticas ideas  políticas (exenciones, bonificaciones, devoluciones, aplazamientos, ampliaciones de plazo, etc.). No obstante, dichas medidas debían pasar posteriormente el filtro de la administración (y en particular el de los secretarios, interventores y tesoreros), que fue el que determinó cuáles se podían y cuáles no se podían implantar pos cuestiones de legalidad. Resultó que muchas de ellas no eran factibles por motivos de legales, ya que era necesario tener en cuenta varios preceptos:



Artículo 133.2 y 3 de la Constitución Española: "2. Las Comunidades Autónomas y las Corporaciones locales podrán establecer y exigir tributos, de acuerdo con la Constitución y las leyes. 



3. Todo beneficio fiscal que afecte a los tributos del Estado deberá establecerse en virtud de ley".


Artículo 8 de la Ley 58/2003, General Tributaria: "se regulará en todo caso por Ley: d) el establecimiento, modificación, supresión y prórroga de las exenciones, reducciones, bonificaciones, deducciones y demás beneficios o incentivos fiscales".

Artículo 9 del Real Decreto Legislativo 2/2004, Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales: "1. No podrán reconocerse otros beneficios fiscales en los tributos locales que los expresamente previstos en las normas con rango de ley o los derivados de la aplicación de los tratados internacionales".

Artículo 18 de la Ley 8/1989, de Tasas y Precios Públicos: "Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 8, no se admitirá, en materia de tasas, beneficio tributario alguno, salvo a favor del Estado y los demás Entes públicos territoriales o institucionales o como consecuencia de lo establecido en los Tratados o Acuerdos Internacionales" (en relación al artículo 8, que determina que en la fijación de las tasas se tendrá en cuenta la capacidad económica de las personas que deben satisfacerlas, cuando lo permitan las características del tributo).



Es necesario tener en cuenta dicho articulado porque las entidades locales no pueden recoger en sus ordenanzas fiscales otras exenciones, reducciones, bonificaciones, deducciones u otros beneficios fiscales distintos a los previstos en las leyes reguladoras de los distintos impuestos y, en el caso de las tasas y precios públicos, de las previstas en sus ordenanzas reguladoras (que solamente pueden recogerse por motivos de capacidad económica de los obligados al pago). 



Estas apreciaciones fueron un jarro de agua fría para las expectativas de los políticos municipales, ya que muchas de las medidas propuestas iban encaminadas a eximir del pago a determinados sectores de población (principalmente empresas y autónomos), a bonificar impuestos y tasas por conceptos no previstos en las normas reguladoras, a otorgar efectos retroactivos a exenciones de tributos ya devengados, etc. y chocaban contra las previsiones normativas aplicables. De esta forma, y gracias a la intervención del personal administrativo, las ambición política de condonar al máximo el pago de tributos a la población se ha visto desnatada.



Plan de medidas económicas del alcalde
tras pasar por el filtro administrativo

Tras una ojeada a las medidas económicas adoptadas por distintos ayuntamientos, puedo resumir que las medidas más implantadas por los ayuntamientos han sido las siguientes:

- Modificación del calendario del contribuyente para ampliar los periodos de pago de tributos en voluntaria.



- Modificar el calendario tributario para aplazar los periodos de pago de los tributos a los últimos meses del año.

- No liquidación de precios públicos por servicios no prestados y devolución de la parte proporcional de aquellos servicios o actividades que no se han podido llevar a cabo por causa no imputable al obligado al pago y ya hubieran sido cobrados.

- No liquidación de tasas por ocupación del dominio público durante el tiempo que no se esté produciendo el hecho imponible (mercadillos, estacionamiento limitado, etc.).

- Suspensión de los procedimientos de embargo y ejecución por deudas tributarias en la vía ejecutiva (en realidad esta medida se impuso por el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19).

- Creación de líneas de ayuda a empresarios, autónomos y familias, así como para el pago de tributos municipales (esta medida se prevé en ocasiones como contraposición a la imposibilidad legal de bonificarlos).

- Exención de pago de la tasa por recogida de basura de los comercios de hostelería y otros negocios durante el periodo de cierre. 

- Agilización en todo lo posible de los pagos a los proveedores que tienen importes pendientes. 

- En el caso de algunos ayuntamientos especialmente hábiles: hasta un 95% de bonificación de los recibos de Impuesto sobre Bienes Inmuebles, Impuesto sobre Actividades Económicas e Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, para los negocios de ocio, hostelería, comercio e industria, por considerar dichos sectores como de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico artísticas o de fomento del empleo que justifiquen esa declaración (en virtud de los artículos 94.2.quáter, 88.2.e) y 103.2.a) del Real Decreto Legislativo 2/2004, Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales). La aplicación de estas medidas requiere la previa declaración del Pleno del especial interés o utilidad municipal y la solicitud por parte del sujeto pasivo. 


En general, los planes de medidas económicas adoptadas por los distintos ayuntamientos son bastante moderados, a lo cual ha contribuido sin duda la labor de los habilitados nacionales y del resto del personal administrativo. Me reconforta saber que es así y que el personal administrativo aún tiene voz en los consistorios, porque los políticos no siempre actúan respetando las recomendaciones de los funcionarios.



Puede llegarse rápidamente a la conclusión de que ha existido una intervención crucial del personal administrativo para la racionalidad y legalidad de las medidas implantadas si se comparan las medidas adoptadas por distintos ayuntamientos (medidas que han pasado el tamiz legal que confiere la actuación de dicho personal) con las reclamadas por los miembros de la oposición (medidas que son propuestas a vuelapluma, completamente en bruto). Hacemos a continuación dicha comparativa.



Medidas adoptadas por distintos consistorios:





Medidas reclamadas por miembros de la oposición:




- El Partido Popular presenta el “Plan Activa Gandia”


Pero una vez visto todo lo anterior, me surgen algunas cuestiones: ¿habrán contabilizado los ayuntamientos que han adoptado dichas medidas económicas las oportunas retenciones de crédito de no disponibilidad en las aplicaciones de gasto, en las mismas cuantías que la reducción de ingresos prevista por aplicarlas? ¿habrán considerado nuestros políticos la posibilidad de que aparte de la reducción de ingresos derivada de la adopción de dichas medidas pueda producirse también una reducción de ingresos por impagos, como ya pasó en la anterior crisis?





La competencia de protección de la salubridad pública y el guilty pleasure de las competencias impropias

Si observamos con detenimiento la distribución de competencias que realiza la Constitución en materia de salud, ésta asigna en su artículo 148.1.21ª a las comunidades autónomas la posibilidad de asumir la competencia de sanidad e higiene, mientras que reserva al Estado en el artículo 149.1.16ª la sanidad exterior y las bases y coordinación de la sanidad, así como la legislación sobre productos farmacéuticos. 

Por su parte, el artículo 25.2.j) de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local atribuye a los municipios la competencia propia de protección de la salubridad pública. 

El artículo 42 de la Ley 14/1986, General de Sanidad, determina que las entidades locales tendrán las siguientes responsabilidades mínimas para el cumplimiento de las normas y planes sanitarios: "a) Control sanitario del medio ambiente: Contaminación atmosférica, abastecimiento de aguas, saneamiento de aguas residuales, residuos urbanos e industriales.


b) Control sanitario de industrias, actividades y servicios, transportes, ruidos y vibraciones.

c) Control sanitario de edificios y lugares de vivienda y convivencia humana, especialmente de los centros de alimentación, peluquerías, saunas y centros de higiene personal, hoteles y centros residenciales, escuelas, campamentos turísticos y áreas de actividad físico deportivas y de recreo.

d) Control sanitario de la distribución y suministro de alimentos, bebidas y demás productos, directa o indirectamente relacionados con el uso o consumo humanos, así como los medios de su transporte.

e) Control sanitario de los cementerios y policía sanitaria mortuoria".


En la práctica, esto supone que las entidades locales realizan actuaciones tendentes a la promoción de la salud de la población tales como campañas de desinfección, desinsectación y desratización, prevención de la legionelosis, lucha contra el mosquito tigre, charlas sobre alimentación y nutrición, promoción de hábitos de vida saludable (para mitigar el sedentarismo, el consumo de drogas, etc.), planes de movilidad urbana sostenible, entre otras. 

Pero en la crisis sanitaria actual, ¿es o no es competencia de los ayuntamientos la compra de equipos de protección contra el virus para la población? Para los trabajadores de la plantilla está claro que sí, porque en aplicación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales el ayuntamiento actúa como un empresario más y como tal debe facilitar a sus trabajadores la información, formación y equipos de protección necesarios, así como velar por su uso. Pero en el caso del resto de la población ¿es igualmente competente?

Más allá de esta disquisición sobre competencias y del gusto de nuestros alcaldes por el ejercicio de competencias impropias (con o sin emisión de los informes necesarios para ello según el artículo 7.4 de la LRBRL), pienso que la fiebre por las mascarillas y los equipos de protección está sobrepasando todos los límites. 

Furor, furor, naná naná nanáaana, furor, furor!

Los alcaldes han entrado en una competición por conseguir la sorpresa de los ciudadanos y la distinción entre sus congéneres regidores. Y no es broma que compiten, se ha establecido entre ellos una auténtica carrera. Unos tratan de distinguirse por el carácter pionero de la entrega del material, otros por su carácter generoso en cuanto a número de equipos, hay alcaldes que innovan en el modo de entregar los equipos (buzoneo, dispensación en farmacias, con saludo y mensaje de ánimo...) y otros que presumen de la calidad del material entregado (no es lo mismo una mascarilla quirúrgica que una ffp2 o una ffp3, todos lo sabemos ya a estas alturas). De todo puede verse hoy en día en esta batalla del cuñadismo.

Y si no creéis estas afirmaciones, aquí tenéis una muestra: La Operación Mascarilla, nueva fórmula de buzoneo municipal

De esta manera, los ayuntamientos se suman a la lucha encarnizada existente en los mercados globales por los equipos de protección, entrando de lleno a este mercado calificado como "bazar persa" por Díaz Ayuso y agravando con ello aún más la guerra. 


Vale que también es cierto que las comunidades autónomas y las subdelegaciones del gobierno han hecho caso omiso a nuestras peticiones de equipos de protección individual a pesar de haberlas formulado por los cauces oficiales (según se indicaba en las publicaciones en boletines que debía hacerse) y extraoficiales (dando la tabarra sin parar y dirigiendo peticiones lastimeras a diestro y siniestro), pero de ahí a actuar cada uno por su cuenta y sálvese quien pueda, me parece un poco extremo. 

Y si además consideramos que hasta al Ministerio de Sanidad le surgen problemas en la contratación de las mascarillas y los equipos de protección (El Gobierno pagó por adelantado 2,1 millones de mascarillas de la marca defectuosa) y a veces las contrataciones le salen mal, ¿qué no nos ocurrirá a los microayuntamientos cuando procedamos a adquirir tales equipos?

Yo no sé cuál será la situación en vuestros ayuntamientos, pero en los míos los alcaldes han sucumbido a la idea de comprar mascarillas para los trabajadores y para distribuir entre la población. Lo ven en la tele, lo leen en los periódicos y no contemplan la posibilidad de quedarse sin comprar equipos de protección para sus convecinos: quedarían en evidencia por comparación con otros municipios colindantes a ojos de sus vecinos. Mirad si la situación será extrema, que ante la inexistencia de aplicación presupuestaria necesaria para adquirir dichos equipos han aceptado mi propuesta de crear una aplicación nueva vinculada jurídicamente con la aplicación de fiestas para ir consumiendo el crédito presupuestario destinado inicialmente a los festejos. ¡Lo nunca visto! (NOTA: la aplicación de equipos de protección podría ser una 311.221 y la de fiestas es la 338.226, por lo que con vinculación mínima de área de gasto y capítulo ambas aplicaciones estarían vinculadas).

En este maremágnum de correos electrónicos, alertas, reales decretos, aclaraciones, órdenes, ambiciones políticas y ofertas comerciales de productos nunca vistos anteriormente, nos encontramos los secretarios rurales tratando de contratar estos productos escasos, muy difíciles de encontrar y que fluctúan como el oro en unas condiciones que ofrezcan una mínima garantía. 

Personalmente, yo he solicitado al menos dos presupuestos y he pedido que me envíen por correo electrónico los certificados del marcado CE y la información de las homologaciones del producto, porque todo sea que después de entregar los equipos éstos no funcionen correctamente, se produzca algún contagio y la gente gire la vista hacia el ayuntamiento que los entregó. ¿Tendríamos en ese caso responsabilidad patrimonial? Prefiero ni pensarlo, cruzo los dedos y me lanzo al vacío.

Y sobre precios ya ni te cuento, una diversidad de precios abismal (algunos proveedores hasta duplican el precio de otros por un producto aparentemente igual), aunque en todo caso la factura resultante será abultada. 


Me lo quitan de las manos, oye.
¡El que sabe se aprovecha!

Pero bueno, la salud es lo primero y para eso no hay que escatimar, que para muchas otras cosas menos justificadas se gasta el dinero sin control, ¿verdad? 

Volviendo a la introducción de esta entrada, en la que hablaba de la posición intermedia entre oportunista y solidaria de los alcaldes ante la situación ocasionada por la crisis sanitaria me gustaría conocer vuestra opinión y experiencia: ¿os parece que los alcaldes están actuando con la adopción de medidas económicas y de entrega de equipos de protección de forma demasiado paternal hacia su población? ¿os parece que desde las Alcaldías se están adoptando estas medidas principalmente por motivos electoralistas? ¿cuál es la situación en vuestros municipios? ¿habéis vivido situaciones parecidas a la mía durante la compra de los equipos de protección?

¡Nos leemos!

sábado, 11 de abril de 2020

Los ayuntamientos y la gestión de la crisis vírica

Llevo más de un mes sin actualizar este blog, porque el actual estado de alarma, declarado el 14 de marzo con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus COVID-19, me tiene completamente noqueado. Durante este mes sin actualizar he cumplido mi primer año en destino, ha llegado la primavera, se ha impuesto en mis ayuntamientos el teletrabajo a mamporrazos y han ocurrido mil cosas más. 

No he actualizado este blog, pero eso no quiere decir que en este último mes no haya estado observando atento, analizando y reflexionando sobre la situación actual y sobre cómo el Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales están actuando frente a la pandemia global. Y lo que veo y observo no deja de ser ciertamente sorprendente. 


Las primeras reacciones, a remolque

Si todas las administraciones, incluso el Estado (que era la administración que con más información contaba sobre la incidencia del virus en otros países), han reaccionado mal y tarde en la gestión de la crisis sanitaria, en el caso de los ayuntamientos la cosa no pudo ser distinta. 

Ya tardó mucho el gobierno en avisar de la seriedad de la que se nos venía encima. El mensaje de alarma se empezó a difundir a partir del día 9 de marzo, porque antes lo que se difundió era que el virus era como una gripe estacional y aún menos letal que la misma (ahora sabemos lo desafortunado de dichas consideraciones: La epidemia de coronavirus ha provocado ya cinco veces más muertes que la de gripe de 2019).  

Gobierno de España y COVID-19: dilema entre
prevención y alarmismo

A partir del 9 de marzo, el Estado y las comunidades autónomas se pusieron las pilas, y a base de decretos, resoluciones, circulares, instrucciones y recomendaciones bombardearon los correos electrónicos de todas las administraciones con competencias o con posibilidad de colaborar en la gestión de la crisis sanitaria, avisándoles de la urgencia y la necesidad de adoptar medidas. Y en cumplimiento de dichos decretos-resoluciones-instrucciones-circulares un día los ayuntamientos tuvimos que cancelar las actividades deportivas y festivas, el día siguiente cerrar todos los centros de mayores o de asistencia social a los ancianos (hogares del pensionista, centros de respiro para mayores...), el posterior los parques y bibliotecas y por último incluso cerrar las oficinas municipales. 

Y a pesar de que algunas comunidades autónomas reaccionaron relativamente rápido (la Generalitat Valenciana canceló la  festividad de las Fallas de Valencia el día 10 de marzo), el Gobierno no declaró el estado de alarma hasta el día 14 de marzo, medida que se anticipó un día antes a través de una rueda de prensa del presidente del Gobierno. Esta decisión llegó ya muy tarde, cuando la situación estaba completamente descontrolada y el virus se extendía sin restricciones entre la población.

Desde ese punto de partida, toda la actuación realizada por las distintas administraciones con posterioridad fue tardía, descoordinada y llena de improvisación. Se produjo lo que esos días se conoció como la carrera contra el virus, en la que la COVID-19 llevaba siempre la delantera. 

Y los ayuntamientos, como norma general, sea por el mensaje equivocado de tranquilidad que se recibía desde los medios de comunicación durante los primeros días o sea por no generar alarmismo entre sus vecinos, no adoptaron la posición de líderes en la lucha frente al virus, adelantándose a las eventualidades futuras y dictando órdenes aún más restrictivas de lo que se les iba ordenando en cada momento. Su actuación consistió, en la mayoría de casos, en adoptar medidas de suspensión de actos, cierre de servicios, difusión de información de prevención, etc. al ritmo que marcaron las comunidades autónomas, con posterioridad a sus dictados y en ocasiones incluso a regañadientes. 


Un aspecto que me sorprendió considerablemente de esos primeros días fue el medio de comunicación utilizado por la mayoría de las administraciones para contactar con nosotros. No fue el registro electrónico a través de SIR o de ORVE, ni la notificación en sede electrónica, ni el correo postal certificado, ni el fax, ni cualquier otro medio disponible. El sistema de comunicación estrella de esta crisis ha sido el correo electrónico: todos los días en los ayuntamientos recibimos fácilmente unos 12-20 correos electrónicos en las que se nos adjuntan los últimos decretos, resoluciones, instrucciones, circulares, recomendaciones a aplicar en nuestro ámbito de actuación. A pesar de que estamos a tan sólo 6 meses de que entren en vigor completamente las previsiones de las Leyes 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público (entre las cuales se encuentran la obligatoriedad de la tramitación electrónica de los expedientes y de la utilización de la vía electrónica en la comunicación entre administraciones), las grandes administraciones no han hecho uso de ORVE o de SIR para enviar la documentación, ni tampoco han optado por notificar los documentos a través de su sede electrónica, sino que han preferido hacerlo a través del correo electrónico, medio que garantiza la inmediatez pero que no deja constancia de la recepción por parte del destinatario ni de su fecha de lectura. 


El teletrabajo en época de confinamiento

Y uno de los aspectos en los que los consistorios han tenido que ceder, no sin ciertas resistencias, ha sido a posibilitar el teletrabajo de parte de su personal. 



Sin visitas inesperadas y sin teléfonos:
¡hay que ver cómo me cunde el tiempo!

Tal vez las resistencias de los políticos locales se deban, entre otros aspectos, a la inexistencia de una norma que obligue a adoptar dicha medida (el borrador de real decreto de declaración del estado de alarma que se difundió el día 14 de marzo de 2020 incluía la obligación de facilitar la prestación laboral o funcionarial por medios no presenciales en su artículo 8, pero dicho artículo desapareció en la redacción del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, dejando a muchos empleados en la estacada). Otros factores que propiciaban dicha resistencia fueron: la novedad, pues nunca se había probado el funcionamiento totalmente electrónico y a distancia de la administración municipal, y la imperfecta implantación de dicha forma de trabajo en muchos consistorios. 

El hecho es que en muchos ayuntamientos, aún habiéndose declarado ya el estado de alarma y el confinamiento de la población, se siguió trabajando presencialmente, bien a puerta cerrada o incluso a puerta abierta (invitando así a la población a que acudiera al ayuntamiento a hacer trámites que no estaban en ninguno de los supuestos excepcionales previstos para incumplir el confinamiento). En el facebook de los habilitados nacionales e incluso en los grupos de whatsapp de compañeros se palpaba el nerviosismo, pues algunos se veían obligados a acudir a sus centros de trabajo, sin habérseles entregado ningún equipo de protección. Incluso se produjeron contagios en los centros de trabajo.


No sería hasta que se publicó el Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se reguló el permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales, cuando los empleados públicos municipales tuvieron únicamente dos opciones: comenzar a teletrabajar o acudir al centro de trabajo (en caso de considerarse dicho trabajo un servicio esencial). Por medio quedaron dos semanas de nervios, negativas a acudir al centro de trabajo (que no a trabajar), tensiones, solicitudes de vacaciones y permisos y virus. 


A pesar de que algunos expertos en materia de administración electrónica han visto la actual crisis sanitaria como una oportunidad para el teletrabajo y para el impulso de la administración electrónica, mi opinión es que esta etapa de confinamiento y trabajo a distancia no tendrá un efecto positivo para la implantación futura del trabajo a distancia. Los alcaldes y concejales no verán con buenos ojos esta modalidad de trabajo cuando pasemos esta crisis, porque queramos o no el trabajo y resultados de las administraciones se han ralentizado notablemente durante este tiempo. Todo ello a pesar de que hay trabajadores que están trabajando tanto o más en sus domicilios que lo hacían en sus puestos de trabajo. Porque muchos otros, sea por no contar con los medios adecuados en sus domicilios para teletrabajar, por no haberse formado suficientemente para ello, o por pensar que este confinamiento son unas vacaciones pagadas, no están cumpliendo con sus cometidos mínimos. 


En el aspecto del teletrabajo, las grandes empresas privadas de servicios se han adaptado mucho mejor a la situación: permitieron a sus trabajadores teletrabajar desde el mismo momento en que se cerraron los centros educativos, les dieron los medios necesarios para ello y están funcionando prácticamente con total normalidad.  



Los EPIS de la discordia


Si existe un término que se ha popularizado tremendamente con motivo de esta crisis sanitaria es el de EPI (abreviatura de equipo de protección individual), referido a los guantes, mascarillas, gafas, batas, buzos, pantallas, etc. que se utilizan para evitar el contagio de la enfermedad. 



Papel higiénico y EPIs: esos oscuros objetos del deseo

Y es que ha habido descoordinación y falta de planificación en muchos aspectos, pero es sin duda en el asunto de los EPIs donde la gestión ha sido más deficiente. En primer lugar para el personal sanitario, que ha tenido que luchar contra la pandemia sin equipos adecuados ni suficientes (incluso con equipos confeccionados con bolsas de basura), pero también para el personal de otros sectores. 


Porque estamos de acuerdo en que ante la escasez de EPIs la preferencia debe ser para el personal sanitario y para el personal de seguridad, pero también hay muchos otros sectores en los que por real decreto se ha establecido que la actividad debe continuar y en los que las normas de prevención de riesgos laborales obligan a facilitar unos medios mínimos de protección a las empresas (y en los que los ayuntamientos actúan como empresas).  


Y entre las cientos de comunicaciones que hemos recibido los ayuntamientos estas últimas semanas en los correos electrónicos, había algunas en las que se ponían a disposición de los consistorios vías de petición de ayuda en varias materias, siendo la petición de EPIs uno de ellas. 


A fin de poder mantener los servicios esenciales que se prestan por los propios ayuntamientos (ayuda a domicilio, otros servicios sociales, abastecimiento de agua potable, limpieza y desinfección de calles...) hemos sido muchos los ayuntamientos que hemos pedido equipos de protección para nuestros trabajadores haciendo uso de dichas vías. Pero la respuesta que hemos recibido hasta el momento (si es que hemos recibido alguna) ha sido del todo insuficiente. Y nos choca que ahora que ya parece que la urgencia inicial está cubierta en las ciudades e incluso se van a empezar a repartir mascarillas a los usuarios de los transportes públicos en los grandes centros de población (El Gobierno repartirá mascarillas en el transporte público desde el lunes), aquí en los pueblos de la España vaciada no se haya garantizado ni siquiera la cobertura de las necesidades mínimas de los trabajadores de los servicios esenciales. Eso es lo que se dice tener los mismos derechos en cualquier parte del territorio del Estado (como dice el artículo 139.1 de la Constitución Española). 


Y habrá quien acuse a los ayuntamientos de su falta de previsión y planificación, por no haber hecho acopio de EPIs antes de que explotara la crisis sanitaria y de que se convirtieran en un producto escaso, pero con la cantidad de versiones que las autoridades sanitarias han dado sobre esta materia (el 6 de marzo el Ministerio de Sanidad no recomendaba el uso de mascarillas más que a personas contagiadas o con síntomas: ¿Debo utilizar mascarillas para protegerme?, el 27 de marzo el Ministerio de Sanidad aún mantenía la misma posición: ¿Debo utilizar mascarilla para protegerme del coronavirus?, el 4 de abril la cosa empezaba a cambiar: Sanidad defendió que "no tiene ningún sentido" usar mascarillas y ahora lo pedirá a toda la población) y teniendo en cuenta que desde el mes de enero no había existencia de mascarillas en España por la compra y envío masivos de este producto que los ciudadanos chinos hicieron cuando estalló en China la crisis, ¿qué responsabilidad por la falta de EPIs puede achacarse a los ayuntamientos? 



Las residencias de ancianos y el efecto "Manolete"

Como todos sabemos ya, la COVID-19 afecta especialmente a las personas de edad avanzada con patologías previas, y los centros residenciales para mayores están siendo los principales focos de infección y donde la pandemia está alcanzando una mayor letalidad. 

A pesar de no ser una competencia propia de los ayuntamientos, son muchos los ayuntamientos que cuentan con residencias que gestionan bien directamente o bien a través de concesiones de servicio. Es una competencia impropia muy popular en el mundo local, y hasta municipios de menos de mil habitantes tienen sus propias residencias de ancianos. 


Los regidores contemplan las residencias de mayores como una inversión perfecta, por varios motivos: 


1. La construcción del centro puede financiarse a través de subvenciones de las diputaciones o de las comunidades autónomas.


2. Entre sus vecinos, población envejecida, existe un deseo de poder pasar la vejez en el pueblo, en su entorno natural entre vecinos y sin necesidad de ir a vivir a las ciudades donde habitan sus descendientes.  


3. La creación de una residencia permite generar puestos de trabajo en el municipio, como son los puestos del personal de limpieza, cocina, cuidadores, etc. para los que no es necesaria una gran formación y podrían ser desempeñados por personas del pueblo. 


4. La visión de las residencias de ancianos es la de negocios rentables e incluso lucrativos.


5. La suma de las tres medidas anteriores beneficia a gran parte de la población, por lo que con la puesta en marcha de este proyecto se pueden conseguir muchos votos en el medio y largo plazo


Pero esta inversión, que en la mente del político municipal parece ideal, presenta muchas fugas:


1. Se trata de un servicio complejo e intensivo en mano de obra. Aparte del personal de escasa cualificación en el que piensan los alcaldes cuando proyectan abrir una residencia, se requiere mucho más personal cualificado que difícilmente se puede encontrar en el municipio: médicos, enfermeros, fisioterapeutas, cocineros, psicólogos... Este personal, de elevada cualificación, será exigido por la comunidad autónoma antes de otorgar la autorización de funcionamiento del centro. 

2. Las residencias de ancianos son negocios rentables... siempre que estén bien gestionados. El alcalde y sus concejales, a los que no se les exige ningún tipo de cualificación para desempeñar sus cargos, difícilmente tendrán la preparación necesaria para gestionar un servicio tan complejo como el de una residencia de ancianos. 


3. Muchas veces las residencias de ancianos se ponen en marcha sin haber realizado un estudio serio y concienzudo de la demanda, de la actividad, con su estudio de costes y de viabilidad económico-financiera, de sus amenazas, oportunidades, debilidades y fortalezas. 


4. Las aspiraciones electorales de los alcaldes con las residencias de ancianos hacen que no se escatime en la gestión de dichos servicios. Los costes se multiplican, mientras los precios deben mantenerse bajos para que toda la población pueda ser usuaria potencial, aunque la residencia resulte fuertemente deficitaria. Es un "caladero de votos" que es necesario comprar, aunque sea con dinero público. 


El resultado, es que finalmente muchas residencias no resultan sostenibles financieramente. Algunos ejemplos:


122 ayuntamientos mantienen sus residencias municipales a pesar de la escasa rentabilidad


Nueve ayuntamientos encallan en su proyecto de poner en marcha residencias de ancianos


Y si a todo lo anterior le añades una crisis sanitaria con un virus tan agresivo como el SARS-CoV-2, las consecuencias son ruinosas, además de dramáticas. Ejemplos de residencias municipales afectadas por coronavirus que han salido en los medios de comunicación en las últimas semanas:


Confirmados cerca de sesenta positivos por coronavirus en la residencia de mayores de Alcalá del Valle


Residencia municipal de Sestao: 10 fallecidos y 46 de sus 48 mayores han dado positivo


La residencia de Sariñena refuerza su personal tras los cuatro positivos por coronavirus


Una trabajadora de la residencia municipal de mayores de Barbastro da positivo en coronavirus


En ocasiones como la del municipio de Alcalá del Valle (Cádiz), el sueño dorado de un alcalde avispado, puede convertirse en pesadilla. Y si no, juzgad vosotros mismos:



Ante una situación límite como esta, no queda más que devolver la competencia a la administración a la que siempre debería haberle correspondido el servicio, por tratarse de su competencia propia, por tener los medios y la capacidad suficiente para hacer frente al problema. Porque Manolete, si no sabes torear ¿pa' que te metes?


Alcaldes y alcaldesas, concejalas y concejales, los chicos y chicas de moda

En situaciones extremas como las que estamos viviendo, la normativa prevé que los alcaldes y alcaldesas adquieran atribuciones especiales, no ejercitables en otras circunstancias. Son las competencias previstas en el artículo 21.1. k de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local (que determina que los alcaldes ostentan las siguientes atribuciones: "El ejercicio de las acciones judiciales y administrativas y la defensa del ayuntamiento en las materias de su competencia, incluso cuando las hubiere delegado en otro órgano, y, en caso de urgencia, en materias de la competencia del Pleno, en este supuesto dando cuenta al mismo en la primera sesión que celebre para su ratificación")  y sobre todo en el artículo 21.1. m de esa misma norma (los alcaldes ostentan las siguientes atribuciones: "Adoptar personalmente, y bajo su responsabilidad, en caso de catástrofe o de infortunios públicos o grave riesgo de los mismos, las medidas necesarias y adecuadas dando cuenta inmediata al Pleno"). 

Si bien de la primera de dichas capacidades puede ser utilizada en otros contextos diferentes al estado de alarma actual, la atribución de adoptar medidas necesarias en caso de catástrofe o de infortunios públicos o de grave riesgo parece que está pensada para la situación presente. 


Ser alcalde/sa en tiempos de coronavirus:
una oportunidad de hacer historia
En uso de dichas potestades especiales con que han resultado agraciados, y del resto que ya de por sí ostentaban en virtud de la normativa vigente, los alcaldes y alcaldesas de nuestros municipios han sacado sus habilidades a relucir a fin de satisfacer las necesidades y aspiraciones de sus comunidades vecinales, y en las últimas semanas hemos visto de todo:

- Regidores con ínfulas de disc jockeys 



- Alcaldes bailarines


- Alcaldes aspirantes a profesionales de la animación



- Alcaldes con inquietudes religiosas


- Alcaldes con ambiciones policiales




Hasta tal punto ha llegado el desfase, que las Delegaciones del Gobierno han tenido que intervenir y poner un poco de orden en esta situación, instando a los ayuntamientos a centrarse en sus competencias y en las actuaciones realmente importantes en esta situación (garantizar el abastecimiento de agua potable, la recogida de basuras, los servicios sociales, la limpieza viaria y de edificios municipales, etc.) y a dejar de realizar aquellas que no se consideran esenciales o que podrían conllevar diferencias de trato entre ciudadanos. Al mismo tiempo, han aprovechado la ocasión para denunciar la ineptitud de algunos ayuntamientos, cuya actuación consideran que han sobrepasado todos los límites (sobre este asunto ya tratamos en mi entrada Los ayuntamientos: esos tremendos ineptos). 

Así mismo, las Delegaciones del Gobierno han recordado a los consistorios de múltiples comunidades autónomas que únicamente tienen potestades administrativas y que son meros ejecutores de las medidas contenidas en las normas dictadas por los órganos con potestad legislativa (el Estado y las comunidades autónomas). 

Dejo a continuación algunos ejemplos de dichas intervenciones de las Delegaciones del Gobierno:





Ya no habrá felicitaciones a menores que cumplan años en Cáceres en este estado de alarma


Sector público y sector privado


El problema ocasionado por este virus es de tal magnitud, que se está precisando la colaboración tanto pública como privada para hacerle frente y para limitar, en lo posible, sus efectos. Pero la actuación de ambos sectores a ojos de cualquier ciudadano ha sido del todo diferente, y el recuerdo que dejará la gestión pública de la crisis en las memorias de los españoles divergirá mucho del que dejará la gestión privada. 



Publico y privado: dos formas radicalmente
distintas de ver la vida

El sector público luchaba en casa, haciendo frente a un problema para el que estaba destinado (la salud pública, el bienestar social y la seguridad de los ciudadanos son prestaciones básicas del estado del bienestar) y su resultado ha sido bastante irregular: junto con actuaciones sorprendentes y admirables (montaje de hospitales de campaña por el ejército en tiempo récord, excelencia de la atención sanitaria, desinfecciones masivas de espacios públicos, etc.) y con grandes dosis de heroicidad e iniciativas personales, han existido otras actuaciones no tan memorables (retrasos en la declaración del estado de alarma, adquisición tardía de material sanitario que finalmente llegó defectuoso, descoordinación entre distintas administraciones, gobiernos autonómicos que aprovecharon la circunstancia para mezclar asuntos políticos y de salud pública, una Unión Europea insolidaria con los problemas de los ciudadanos del sur, administraciones paralizadas por su incapacidad de adaptarse al teletrabajo...).


Por su parte, la participación del sector privado en la crisis ha sido mucho más circunstancial (por el hecho de no estar predestinado a involucrarse en dichos problemas) y en muchos casos por pura voluntariedad. Aunque ha habido casos de empresarios que han utilizado esta crisis en su propio beneficio (exportación de productos sanitarios a terceros países, incrementos de precios de productos y servicios básicos, etc. ), en global la actuación del sector privado en la crisis ha sido admirable. Las grandes empresas se adaptaron sin problema al teletrabajo, en muchas ocasiones reconfiguraron sus líneas de producción para producir los bienes más necesarios en la situación actual (EPIs, respiradores, etc.), se realizaron aportaciones y donaciones millonarias para luchar contra la enfermedad y surgieron miles de iniciativas solidarias, incluso de manos de pequeñas empresas y autónomos (servicios culturales gratuitos, autoservicios de gasolineras para camioneros, conciertos online en directo, etc.). 


Aún es pronto para pronosticar los efectos que esta crisis sanitaria tendrá sobre la sociedad española en su conjunto y los cambios a los que puede dar origen, pero es cierto que el equilibrio entre sector público y sector privado en la visión de los ciudadanos puede haberse visto afectado a favor del sector privado. 


Y vosotros, ¿qué opináis sobre todo ello?


¡Nos leemos!