domingo, 25 de agosto de 2019

Los ayuntamientos: esos tremendos ineptos

En los últimos días, existe un gran revuelo entorno a la actuación correcta o incorrecta del Ayuntamiento de Sevilla en la alerta sanitaria por listeria. Todos hemos leído y escuchado noticias sobre que la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Sevilla se echan las culpas mutuamente por el retraso en la declaración de la alerta sanitaria, como por ejemplo ésta: Junta y Ayuntamiento de Sevilla se echan las culpas del error que retrasó cuatro días la alerta sanitaria por listeria

A este respecto, cabe destacar que los ayuntamientos perdieron la competencia en materia de control de alimentos y bebidas (que además era un servicio mínimo para todos los municipios independientemente de su población, por encontrarse incluido en el artículo 26.1.a de la LRBRL) con las modificaciones que la Ley 27/2013, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local introdujo en la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 

Con dicha modificación, desapareció el control de alimentos y bebidas de los servicios mínimos municipales (artículo 26.1) y también las competencias propias municipales en materias relacionadas, como son la protección y defensa de los consumidores y usuarios y la participación de los municipios en la gestión de la atención primaria de la salud (artículo 25). También desapareció la posibilidad de que las entidades locales llevaran a cabo actuaciones complementarias a las de otras administraciones públicas en materias de su competencia, como por ejemplo en sanidad (artículo 28 LRBRL).

Este cambio, aparte de venir avalado por la búsqueda de la eficacia y de la eficiencia (a través del principio de una administración, una competencia) tiene mucha lógica, ya que en el artículo 148.1.21ª de la Constitución Española se atribuye a las comunidades autónomas la competencia en materia de sanidad e higiene y es muy difícil que unas entidades con tanta escasez de medios y recursos como las entidades locales garanticen la seguridad alimentaria de todos sus vecinos.



Curioso que algo tan pequeño haya conseguido
movilizar a dos gigantes administrativos, aunque
sólo sea para enfrentarse entre ellos

El caso particular de Sevilla y la seguridad alimentaria

Entonces, ¿qué responsabilidad puede tener el Ayuntamiento de Sevilla en la tardanza en la declaración de la alerta sanitaria por listeria? La respuesta la encontramos en los siguientes documentos que he encontrado alojados en la página de normativa sobre gestión de la seguridad alimentaria de la Junta de Andalucía

1. Plan de Inspección basado en el riesgo de los establecimientos alimentarios de Andalucía 2019, cuyo apartado 5 sobre autoridades competentes determina que: "Por otra parte, los agentes de la autoridad para el control sanitario de los establecimientos son los funcionarios farmacéuticos y veterinarios del Cuerpo Superior Facultativo de Instituciones Sanitarias (A4) en el ejercicio de sus funciones, y en su caso, los técnicos de salud. Por tanto, serán los responsables del control oficial de los establecimientos seleccionados los que ejecuten las actuaciones a desarrollar en el marco de este plan, sin menoscabo de aquellas inspecciones que pudieran ser realizadas dentro del marco de otros planes o situaciones especificas, tanto por las propias direcciones de las Unidades de protección de la Salud como por los técnicos adscritos al servicio de salud de las delegaciones territoriales. En tanto se mantiene el régimen de excepción de los municipios de Granada, Málaga y Sevilla, los agentes de la autoridad para el control sanitario de los establecimientos alimentarios de su ámbito geográfico, son los inspectores dependientes de la corporación local competente".

2. Plan para la supervisión de los sistemas de autocontrol en las empresas alimentarias de Andalucía 2019, cuyo apartado 7 sobre autoridades competentes establece que: "Por otra parte los agentes de la autoridad para el control sanitario de los establecimientos alimentarios son los funcionarios del cuerpo superior facultativo de instituciones sanitarias (A4), en el ejercicio de sus funciones y, en su caso, los técnicos de salud. Por tanto, serán los agentes de control sanitario oficial (ACSOs) que hayan sido capacitados en técnicas de auditoria, los que ejecuten las actividades de supervisión a desarrollar en el marco de este plan, sin menoscabo de aquellas supervisiones que pudieran ser realizadas, dentro del marco de otros Planes o situaciones específicas, tanto por los propios directores de Unidades de Protección de la Salud como por los técnicos adscritos al Servicio de Salud de las Delegaciones Territoriales, siempre que estos hayan alcanzado la capacitación. En tanto se mantiene el régimen de excepción de los municipios de Granada, Málaga y Sevilla, los agentes de la autoridad para el control sanitario de los establecimientos alimentarios de su ámbito geográfico, son los inspectores dependientes de la Corporación Local competente"

¿Y qué significa lo anteriormente expuesto en esos documentos? Pues aunque no estoy completamente seguro, me tiro a la piscina aún arriesgándome a equivocarme, ya que me viene como anillo al dedo para argumentar mi opinión en esta entrada: 

Querrá decir que tras la aplicación de la Ley 27/2013, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, la competencia en materia de control de alimentos y bebidas correspondió exclusivamente a la Junta de Andalucía en la comunidad autónoma andaluza y así comenzó a ejercerla. Pero en el caso de las ciudades de Granada, Málaga y Sevilla (que ya venían prestando dicho servicio con solvencia y tenían sus propios laboratorios municipales), decidieron que las mismas continuaran realizando los análisis para la Junta de Andalucía, pagando ésta a cambio de la prestación de dicho servicio (según lo previsto en el artículo 27.1 de LRBRL, en busca de la eficiencia de la gestión pública). 

Esta forma de actuar se ha producido en muchas otras materias tras la entrada en vigor de LRSAL, como por ejemplo en materia de servicios sociales (que siguen prestándose en toda su extensión por personal de los propios ayuntamientos, siendo subvencionados, al menos en parte, por parte de la comunidad autónoma, a pesar de que la competencia actual de las entidades locales es únicamente la de "Evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social"). Es por ello, que pienso que algo parecido debió ocurrir en Andalucía en materia de seguridad alimentaria. 

Bueno, el hecho es que hasta ahora todo ha salido rodado en Andalucía: los laboratorios municipales seguían analizando las muestras, la Junta de Andalucía pagaba (al menos parcialmente) por dicho servicio y los ciudadanos vivían felices comiendo perdices. Pero ahora que ha aparecido un problema de listeria, y la gente es infeliz por no poder comer su carne mechada, la Junta ha encontrado un culpable perfecto para dicho desastre: "Ha sido el estúpido cenicientamiento de Sevilla".

Y dicho mensaje ha calado a la perfección en los medios: 





Los ayuntamientos españoles: cabezas de turco

Este es sólo un ejemplo de cómo los ayuntamientos españoles están siendo utilizados a modo de moqueta bajo la cual esconder la incompetencia y el descontrol de otras administraciones más grandes, con muchos más recursos y supuestamente mucho más capacitadas. 

Otro ejemplo: el caso de Madrid y el problema existente en esa ciudad en materia de vivienda (con alquileres por las nubes y escasez de oferta). 

En el ámbito de la vivienda, el Ayuntamiento de Madrid, a pesar de tener un régimen especial de capitalidad, ejerce la misma competencia que cualquier otra ciudad: promoción y gestión de la vivienda de protección pública con criterios de sostenibilidad financiera; conservación y rehabilitación de la edificación (artículo 25.2.a LRBRL). La Ley 22/2006, de Capitalidad y Régimen Especial de Madrid, en su título III en el que se regulan las competencias, determina que las competencias propias del Ayuntamiento de Madrid son las generales que se asignan a cualquier otro ayuntamiento y las que se asignan a los municipios de gran población (sin perjuicio de las competencias que le puedan ser delegadas o encomendadas por otras administraciones).

Para que Madrid pudiera combatir efectivamente el problema de escasez de demanda y de subida de precios de los alquileres que padecen sus ciudadanos, tendría que destinar su crédito en inversiones a construir viviendas de protección pública sin descanso y aún así no creo que pudiera dar cobijo a tanta demanda de vivienda como existe en una ciudad con más de tres millones de habitantes. Porque luchar contra dicho problema supone además afrontar otros conflictos existentes a una escala superior a la municipal, como son dotar a la ciudad de un transporte interurbano de calidad que permitiera que la gente viviera fuera de Madrid y se desplazara allí solo para trabajar, luchar contra la despoblación de las áreas rurales y la concentración de la población en torno a la capital, gestionar adecuadamente los flujos migratorios procedentes de países terceros o la implantación efectiva del teletrabajo. Todos estos asuntos son de ámbito superior al municipal e influyen en el mercado de la vivienda en la capital, y poco o nada puede hacer el Ayuntamiento de Madrid para solucionarlos, pero es al consistorio madrileño al que se le achaca que no consiga unas viviendas dignas a precio razonable para sus vecinos, porque es inepto y torpe.


Alcalde y concejala: ¡culpables!


Y como estos ejemplos, mil más: la inseguridad en Barcelona, los manteros en todas las grandes ciudades, la contaminación atmosférica en Madrid, etc. Todos ellos son ejemplos de problemas con origen en un ámbito superior al municipal, cuyo único responsable a nivel popular es el/la sufrido/a alcalde/esa.


Los microayuntamientos: la parodia nacional

Y si eso les pasa a los ayuntamientos grandes como los de Sevilla, Madrid o Barcelona, ¿qué no les pasará a los microayuntamientos donde trabajamos los/as secretariuchos/as de tercera como yo?

Pero en el caso de los pequeños municipios, se añade una función adicional a la de ser chivos expiatorios de todos los problemas que vayan apareciendo: la de ser los bufones del reino.



Buenos días, mi nombre es Mostosilla
de la Sierra, y he venido a contentarles


Esta función viene ya de antiguo (ver películas La ciudad no es para mí, Bienvenido Mister Marshall, El turismo es un gran invento o De picos pardos por la ciudad, entre otras), pero ahora se sigue ejerciendo de forma más velada, y si no juzguen ustedes mismos viendo las siguientes noticias de prensa sobre pequeños municipios:

- Fuenteguinaldo, la Galia contra el topless en España: claves de una polémica regulación

- La controversia del nuevo bolo

- Piornal entra en calor castigando a Jarramplas

- Valdepiélagos: el pueblo de Madrid que ya sabe antes de votar quién es el alcalde

- Coripe quema y fusila un muñeco de Puigdemont entre insultos y jolgorio

- Nueva controvertida restauración "a lo eccehomo" en Asturias

- Casi 2.000 municipios españoles tienen más jubilados que trabajadores

Cada vez que los micromunicipios salen en alguna noticia de prensa es, o bien por algún suceso truculento acontecido en los mismos, o bien por algún hecho curioso, extravagante, salvaje o tractorista que en ellos ha tenido lugar.

Aceptémoslo, para la gente de las ciudades somos los frikis que viven aislados de la civilización anclados al pasado, que se comunican con corneta o toque de campana, se divierten con tradiciones salvajes como lanzar una cabra desde el campanario o quemar un espantapájaros y dedican su tiempo a labores del campo o a la ganadería, porque nunca se podrían ganar el sueldo por sí mismos en la ciudad. 


La situación real, avalada con datos

Ésa es la visión imperante, a pesar de que la realidad es muy distinta a dicha visión subjetiva.

1. Datos económicos: el Informe sobre el grado de cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, de deuda pública y de regla de gasto del ejercicio 2018 indica que, a pesar de tener el objetivo de estabilidad presupuestaria más estricto de las administraciones, por exigírsele a las entidades locales presentar equilibrio presupuestario, éstas no sólo lo cumplen, sino que lo mejoran presentando en su conjunto un superávit 6.292 millones de euros, cifra que representa el 0,52 por ciento del PIB. Las comunidades autónomas también cumplen agrupadamente su objetivo de estabilidad presupuestaria para 2018 (aunque de forma separada existen comunidades incumplidoras como la Comunidad Valenciana o Murcia), mientras que la administración del Estado y la Seguridad Social incumplen notoriamente sus objetivos. Es decir, que el resultado de las entidades locales y las comunidades sirve para reducir el déficit conjunto de las administraciones públicas, que incumplen así en menor medida el objetivo de estabilidad presupuestaria para 2018.

Respecto  a la regla de gasto, las entidades locales cumplen sobradamente el objetivo en su conjunto (aumento del gasto computable del 1,5%, frente al objetivo del 2,4% para 2018), al igual que las comunidades autónomas en su conjunto (aumento del gasto computable del 2% frente al objetivo del 2,4%), mientras que la administración central lo incumple sobradamente (10,2% de incremento del gasto computable frente a un objetivo del 2,4%). 

En cuanto al objetivo de deuda pública, las entidades locales en su conjunto cumplen el objetivo de deuda (2,1% del PIB frente al 2,7% permitido), al igual que cumple la administración central (mejora en un 0,1% del PIB el objetivo planteado), pero incumplen las comunidades autónomas por un 0,2% del PIB. El resultado global de las administraciones públicas es que se cumple el objetivo de deuda pública logrando una mejora del objetivo del 0,5% del PIB. 

En los tres indicadores anteriores los mejores datos los presentan las entidades locales, colaborando con su esfuerzo y su capacidad a reducir el incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria del conjunto de las administraciones públicas y a incrementar el cumplimiento del objetivo de deuda pública de las mismas. 

2. Volumen de personal: en cuanto al volumen de los recursos humanos existente en la administración local, según los datos del Registro Central de Personal del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, las entidades locales cuentan con el 20,68% del total del personal existente en las administraciones públicas, seguido del Estado con un 22,10% del personal y ambos muy lejos del personal con que cuentan las comunidades autónomas, que es el 52,53% del total del personal de las administración públicas españolas (completa la tabla el personal de las universidades, que representa el 4,70% del total). Es decir, que de las tres administraciones territoriales, la que cuenta con menos recursos humanos es la administración local, funcionando sus más de 8.000 municipios con el mismo personal que lo hace únicamente la administración del Estado.

Si a este dato le añadimos que en la administración del Estado y de las comunidades autónomas es donde más se aplica la selección del personal a través de procesos de libre designación... saquen sus conclusiones. 

3. La administración local es la administración española mejor valorada por los ciudadanos. Al menos, ese resultado se obtuvo en un estudio realizado por el CIS en mayo de 2012, cuyos resultados se exponen abreviados en la siguiente noticia: La mitad de los españoles cree que la Administración Pública funciona mal. También así lo consideraba el profesor de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad Pompeu Fabra Carles Ramió (que cuenta con toda mi atención y admiración) en su ponencia del congreso internacional sobre recursos humanos realizado en Vitoria-Gasteiz en 2007


Calcula y recalcula que el resultado será el mismo:
¡los datos nos avalan!


Y este resultado a pesar de ser la administración española con una peor financiación (lleva décadas reclamando un sistema de financiación más justo), con una planta que es un absoluto desastre, con un personal escasamente formado y con unas circunstancias (ubicación, comunicaciones, etc.) que no facilitan el abaratamiento del coste de sus servicios. 

Luego mucho cuidado con la administración local que es, sin lugar a dudas, un paradigma de éxito. Porque somos pueblerinos, catetos y salvajes, pero sin nosotros esto no funciona. 

¡Nos leemos!  

sábado, 17 de agosto de 2019

Subvenciones locales: dinero por el sumidero

A lo largo de mi experiencia laboral en la administración local, he tramitado múltiples expedientes de concesión de subvenciones, he supervisado y fiscalizado cuentas justificativas y tengo una opinión formada sobre esta figura de la actuación administrativa de fomento, que a continuación expongo.



Naturaleza de la actividad subvencional

Según Jordana de Pozas, dentro de la actividad administrativa se distinguen tres modalidades: de policía, de fomento y de servicio público. Este autor definió la actuación administrativa de fomento como "la acción de la Administración encaminada a proteger o promover aquellas actividades, establecimientos o riquezas debidas a los particulares y que satisfacen necesidades públicas o se estiman de utilidad general, sin usar de la coacción ni crear servicios públicos".

Existen varias fórmulas para llevar a cabo dicha actuación de fomento, como pueden ser los títulos honoríficos, las exenciones o desgravaciones fiscales, el uso gratuito de bienes de dominio público o de servicios públicos, o el pago de cuantías económicas destinadas a una finalidad, etc. Nos centramos ahora en la figura de la subvención, como prestación económica de carácter financiero. 

La normativa aplicable en la materia (Ley 38/2003 General de Subvenciones, Reglamento de la Ley General de Subvenciones aprobado por Real Decreto 887/2006 y ordenanzas municipales y/o bases de ejecución del presupuesto, en su caso) prevé dos modalidades de subvenciones: las de concesión directa y las de concurrencia competitiva. 


Actividad subvencional:
generosa y vital


Las subvenciones en los pequeños municipios

En los municipios pequeños en los que desarrollamos nuestra función los/as secretarios/as rurales como yo, la fórmula predominante es la subvención de concesión directa o nominativa, es decir, aquella que se otorga de manera directa a un beneficiario por estar así previsto en el presupuesto de la entidad. Y los beneficiarios de las mismas suelen ser las asociaciones existentes en el municipio: la banda de música, la asociación de amas de casa, la asociación de jubilados, el club de fútbol, baloncesto u otros deportes (incluyendo aquí deportes como el canto de pájaro, el la colombicultura, o la caza), las asociaciones animalistas, etc. Rara vez existen aplicaciones para subvenciones de concurrencia competitiva en estos microayuntamientos, ya que las Alcaldías prefieren tener controlado el destino de los fondos y no estar expuestos a posibles sorpresas en el momento de la resolución de la adjudicación de las ayudas.

Pero el hecho de tener previstas las subvenciones en el presupuesto y asignarlas directamente como subvención nominativa, lejos de generar una mayor tranquilidad entre las asociaciones aspirantes por tener asegurada su aportación y una mayor colaboración y comunicación entre ayuntamiento y asociación para la gestión de la misma, lo que genera es una relajación total y absoluta por parte de las asociaciones, que quieren su dinero sin más trámite. 


Asociación tras conocer que tiene
subvención nominativa en el presupuesto


Y claro, en las subvenciones nominativas, aunque sean de asignación directa y sin procedimiento de concurrencia, deben cumplirse unos mínimos y normalmente están sujetos a la presentación de cierta documentación y a la adopción de una resolución o firma de un convenio que las regule (artículo 28 de la Ley General de Subvenciones y 65 de Reglamento de la LGS). Entre la documentación a aportar previamente a la concesión de la subvención suele estar los estatutos y CIF si la entidad es nueva, un plan de actuaciones y actividades a realizar durante el ejercicio, un presupuesto de ingresos y gastos para el ejercicio y las certificaciones de estar al corriente con la AEAT y la Seguridad Social, pudiéndose sustituir estas últimas por una declaración responsable en la que se autorice a la entidad local a obtenerlos por sí misma y que también suele incluir declaración de no estar incurso en ninguna de las circunstancias que impiden obtener la condición de beneficiario/a (artículo 13.2 LGS).

Como la documentación anterior a la asociación de jubilados o a la asociación de cazadores se les hace un mundo cuando se les requiere, comienza ahí el tira y afloja entre asociaciones y ayuntamiento: el ayuntamiento les requiere que presenten dicha documentación, las asociaciones pasan, algunas presentan algo y se les requiere que subsanen, otras no presentan nada pero el/la acalde/esa opina que no se les puede dejar sin subvención. Pasa el tiempo, y las asociaciones van realizando las actividades del ejercicio cubriéndolo con sus propios fondos. Se acerca final de año y entonces nos entran a todos las prisas e intentamos al menos salvar los muebles, es decir, que el crédito quede en fase de compromiso o disposición de gasto (fase D) y al menos pueda incorporarse al ejercicio siguiente mientras que se prepara y presenta la documentación que falta justificar la subvención o incluso para firmar el convenio, a estas alturas del año. 

Y en esta espiral de actuaciones y prisas de última hora, después de haber presenciado en muchas ocasiones cómo las asociaciones beneficiarias han pasado totalmente de cumplir sus obligaciones para obtener o justificar la subvención y de responder a los requerimientos del ayuntamiento, es donde yo a veces me pregunto: ¿por qué tiene el ayuntamiento prestarse a semejante proceder frente a las asociaciones del municipio? ¿por qué tratar de forma tan diferente a las asociaciones frente al resto de interesados en otros procedimientos administrativos? ¿quién es realmente el beneficiario de la subvención, el ayuntamiento o la asociación? La respuesta a estas preguntas debe buscarse casi siempre en clave política...


Secretaria-interventora en la hora
punta contable del 31 de diciembre


La cuenta justificativa

Pero si hay un momento en el trámite de las subvenciones en el que me quedo más desconcertado, ese es sin duda en el momento de fiscalizar las cuentas justificativas de la subvención. Es ponerme a repasar los gastos que se incluyen en la justificación y trasladarme en el espacio y el tiempo: veo las facturas de las meriendas, almuerzos, barbacoas y comilonas populares y entiendo que deben subvencionarse porque estamos en un país del África subsahariana; me encuentro con cantidad de gastos que se pretenden justificar mediante tiques, albaranes, notas de entrega y recibís sin ningún tipo de IVA ni formalismos y me traslado a los países del este 20 años atrás; presencio la inclusión en las cuentas justificativas de gastos por flores para ofrendas a la virgen y viajo a la España de la dictadura en la que se confundían los límites entre Iglesia y Estado; descubro la inclusión de facturas por coronas de difuntos y me doy cuenta que debe pagarlo el ayuntamiento, porque no es una actuación a título personal de los miembros de la asociación, sino que es a título de entidad... ¡Espeluznante!

Pero claro, es que es muy fácil hacer meriendas populares, paellas gigantes o ser espléndido en un entierro comprando una corona de flores al difunto si quien va a pagarlo finalmente es el ayuntamiento.

¿Satisfacen esas comilonas una necesidad pública o un interés general? ¿puede un ayuntamiento financiar actuaciones que se están llevando a cabo en negro, al margen de la ley y sin pagar impuestos?


Metáfora visual de la economía española:
¿qué hay más, blanco o negro?


Y eso existiendo las cuentas justificativas de las subvenciones, que en algunas administraciones ni siquiera se puede decir lo mismo: 




Otros aspectos a considerar


Y en esta entrada sólo estamos considerando la corrección o no de la tramitación de los procedimientos de concesión de subvenciones por parte de las entidades locales, pero cabría ir aún más allá en el ámbito de la actividad de fomento realizada por los ayuntamientos mediante subvenciones, porque ¿éstas subvenciones responden a alguna planificación estratégica por parte de nuestras entidades? ¿aparte del control de legalidad y contable que se hace de las subvenciones, no debería existir también un análisis de resultados, de eficacia y eficiencia? ¿no sería tal vez más adecuado cerrar el grifo de las subvenciones para poder reducir la presión fiscal que sufren nuestros vecinos?

Todo esto sin entrar en la oportunidad de la concesión de dinero público a entidades que pueden recibir tanta oposición de una parte de la población como son los grupos feministas, las asociaciones de cazadores, las asociaciones taurinas, las asociaciones religiosas, las ONGs, etc. y que en ocasiones han sido tildadas de chiringuitos. 

Demasiado que reflexionar en este ámbito...

¡Nos leemos!

viernes, 9 de agosto de 2019

Yo o yo mismo: la vida o la autoexplotación

En mi anterior entrada (Las vacaciones de verano y el arte de decir que no) hablamos sobre la importancia de desconectar durante los periodos vacacionales, durante los fines de semana y cada vez que saliéramos por la puerta del ayuntamiento y de los modos en que se podía luchar contra los acosadores de nuestro tiempo libre. 

El nuevo paradigma: la autoexplotación como actitud vital

Pero este escenario en el que los alcaldes y concejales abordan a los secretarios-interventores exigiéndoles resultados incluso más allá del horario laboral, no representa para muchos su principal problema. Es para ellos una situación superada, propia de profesionales vagos a los que hay que estar continuamente azuzando para que se muevan y consigan sacar adelante los proyectos de sus pobres y sufridos alcaldes. Quienes piensan así son personas sobradas de motivación, que son capaces por sí mismos de fijarse objetivos y esforzarse día a día por cumplirlos, durante la jornada laboral o cuando haga falta.

Y este comportamiento, aparentemente tan loable y digno de admiración, es la nueva enfermedad de nuestros tiempos. Porque, aunque parezca una forma de actuar aislada o anecdótica, es más común de lo que nos pensamos. 

De hecho, así se explica que el artículo publicado en El País en fecha 7 de febrero de 2018 con el titular  "Ahora uno de autoexplota a sí mismo y piensa que está realizándose"y que trata sobre el libro "La sociedad del cansancio" del autor surcoreano-alemán Byung-Chul Han, tuviera más de medio millón de visitas en los dos primeros días y fuera el contenido más visto en la web durante muchos días más, a pesar de ser un artículo sobre algo tan poco atractivo aparentemente como la filosofía


Portada de "La sociedad del cansancio",
 de Byung-Chul Han

En este libro, Byung-Chul Han habla sobre la sociedad actual, una sociedad marcada por el rendimiento, el estado activo y la imposibilidad de llevar a cabo una actuación contemplativa o creativa, que precisa de una mayor atención y calma. 

Una sociedad enmarcada en una época que él denomina neuronal, diferente a la anterior época inmunológica en la que existía una clara diferencia entre lo de dentro (el propio secretariucho de tercera o cualquier otro profesional) y lo de fuera (el alcalde/concejal dictador o cualquier jefe de similares características), siendo lo de fuera la bacteria que transmitía la negatividad. En la época neuronal actual no existe esa diferencia, sino que los males provienen del exceso de positividad procedente de uno mismo. 

El sujeto del rendimiento ya no está sometido al dominio externo que lo obligue a trabajar o lo explote, sino que está sometido únicamente a sí mismo. De esta forma, el hecho de no estar sometido al dominio externo hace identificar su comportamiento ante el exceso de trabajo como un acto de libertad y así es como la explotación se hace más efectiva, pues en la autoexplotación víctima y verdugo coinciden en la misma persona. 

Y dice Byung-Chul Han que los males provienen del exceso de positividad porque esta positividad es la que nos empuja a un trabajo sin fin, a un esfuerzo constante, a una lucha sin tregua para conseguir ser "yo mismo", o lo que es igual, a ser el individuo en el límite de sus potencialidades. Este positivismo es el que impregna frases motivadoras como "nada es imposible", "si puedes pensarlo, puedes lograrlo" u otras similares; es el motor que subyace en el concepto mismo del sueño americano. Es luchar por devenir tú mismo y conseguir que tu nombre se convierta en algo así como una marca personal. 



Exceso de positividad, destructiva y voraz

Y este trabajo continuo y esta lucha constante contra uno mismo nos llevan a la hiperactividad, a la hiperatención y al mismo tiempo a la violencia neuronal, pudiendo derivar en las enfermedades psíquicas propias de esta nueva época: depresión, trastorno con déficit de atención con hiperactividad, trastorno límite de la personalidad o síndrome del desgaste ocupacional (burnout).

De esta manera la autorrealización se convierte en autodestrucción. 

Y mientras todo esto ocurre, y nosotros vivimos centrados en nuestra autorrealización, luchando por devenir nosotros mismos al límite de nuestras potencialidades e implantar nuestra marca personal, nuestros mayores siguen muriendo solos en sus hogares en total soledad sin que nadie se de cuenta de ello, nuestros hijos pasan horas jugando a consolas sin supervisión de nadie o continúan aparcados en las mil y una actividades extraescolares, los vagabundos siguen durmiendo en nuestras calles sin que a nadie le importe lo suyo, nuestros vecinos siguen siendo esos desconocidos con los que no tenemos ninguna relación y además todos estamos terriblemente agotados y exhaustos. 

Traslación a la administración local: el secretariucho liberado, pero reventado

Y este problema común de nuestra sociedad del cansancio, se traslada a la perfección a la administración local, donde cientos o miles de secretarios rurales y otros habilitados de otras subescalas viven abrumados por la cantidad de responsabilidades que descansan sobre sus hombros, lo cual se ve agravado por el escaso personal con que cuentan para sacar los asuntos adelante y la escasa formación y capacidad del mismo. Este panorama les obliga, primero por necesidad y más tarde con la libertad idealizada inherente a la autoexplotación, a echar más horas que un reloj para conseguir que los asuntos salgan adelante con un cierto ritmo.


Y ahora voy a completar la plataforma del ministerio, 
después voy a redactar el pliego y por último voy a
hacer el informe de fiscalización de la subvención
a "Cantares de mi tierra" 

Es decir, que en las administraciones, en vez de diferenciarnos y reivindicar que necesitamos ayuda y la contratación de más personal o la mejora del rendimiento y capacitación del existente para conseguir sacar el trabajo en el horario de trabajo, o de aceptar que no hace falta tanta perfección y que se puede funcionar sin ella, nos empeñamos en copiar el modelo viciado y destructivo de la empresa privada, basado en la escasez, la precariedad y la explotación física y mental. Y así es como nos contagiamos de la espiral de agotamiento y destrucción que impera en el sector privado, en vez de crear un nuevo paradigma que sirviera también de referente para mejorar algo las cosas en el ámbito de la empresa. 

¡Con la cantidad de cosas que se pueden hacer tras salir del trabajo!: dedicar más tiempo a la familia, hacer deporte, cocinar platos deliciosos, tomar algo con amigos o compañeros de trabajo, meditar, disfrutar de un bello paisaje o del atardecer, colaborar con una ong, salir a pasear, echarse la siesta, leer un libro, apuntarse a un banco del tiempo e intercambiar momentos y conocimientos con otras personas de nuestro entorno, disfrutar de un concierto, ver la tele o ir al cine, hacer bricolaje o jardinería, ser creativo y experimentar en cualquier disciplina, no hacer nada e incluso aburrirse... ¿por qué no?

Yo ya me he dado cuenta, y soy consciente de que no todos podemos conseguir ser "yo mismo" y convertirnos en una marca personal como pueden ser Víctor Almonacid o Concepción Campos (con todo mi respeto y admiración hacia ellos, que están en el listado de favoritos de este blog desde el mismo día que se creó). Conozco que en el camino de intentarlo, aparte de un gran sofocón (debe ser agotador sumarle a mi jornada diaria de trabajo en la oficina el hecho de escribir con el saber, la brillantez y la claridad con la que estas estrellas de la administración local lo hacen al salir de ella), pueden esperarme agazapadas desagradables sorpresas como la depresión o el desgaste ocupacional. Así que como dicen los dichos: "en el equilibrio está la virtud" y "no te tomes la vida tan en serio, al fin y al cabo no saldrás vivo de ella".  

¡Nos leemos!


Equilibrio u opción:
es tu elección


sábado, 3 de agosto de 2019

Las vacaciones de verano y el arte de decir que no

En primer lugar debo disculparme con todos vosotros por el largo tiempo que llevo sin actualizar el blog, pero las vacaciones de verano son un momento ideal para desconectar de todo aquello relacionado con el trabajo y dedicar el escaso tiempo libre del que se dispone en el año laboral a otros asuntos más apetecibles o importantes, ¿o tal vez no?

El alcalde 24/7 y su tendencia explotadora: baila para mí

Que la anterior afirmación no es cierta es algo que piensan muchos ocupantes de Alcaldías que, por el hecho de verse depositarios de la confianza de todos sus vecinos y dedicarse a satisfacer sus expectativas y aspiraciones las 24 horas del día durante los 365 días del año, creen que los secretarios debemos someternos a la misma tortura y ser habitantes de su misma voluntaria prisión. 

Aquí un par de ejemplos de alcaldes voluntariosos que dedican a su notable función el 100% de su tiempo: Adn del alcalde: "24 horas abierto"Alcalde las 24 horas al día los 365 días del año. En algunos casos, incluso el tiempo a dedicarle a la Alcaldía es motivo de disputa y tensión: El alcalde de Aguilafuente (Segovia) no acepta ir «3 horas al día» al ayuntamiento como pide el Procurador del Común


Tobogán vital de la Alcaldía: 
¡fascinante, emocionante y adictivo!

Sea como sea, por exigencia vecinal o por vocación particular, son muchos los alcaldes que dedican orgullosos la totalidad de su tiempo a su función gubernativa. Y este hecho es aún más común en los pequeños municipios en los que los secretariuchos de tercera como yo desempeñamos nuestras funciones (dos de los tres primeros ejemplos que he encontrado haciendo una sencilla búsqueda en google son de municipios inferiores a mil habitantes). 

Tal vez por ello, y por ser los secretarios rurales imprescindibles para el logro de los objetivos y proyectos de sus alcaldes, hay muchos regidores que opinan que los secretarios-interventores debemos estar sometidos al mismo régimen de dedicación y disponibilidad que aplican ellos, y cuando llega el momento de coger las vacaciones o los días de asuntos propios exclaman: pero... ¡no puedes dejarnos así!, ¡con todo lo que tengo yo que hacer este mes! o ¡es que cobras mucho! Y esta reticencia a concederte lo que viene siendo el ejercicio de tus derechos básicos se repite cuando solicitas días por formación o incluso horas por compensación del tiempo dedicado a las sesiones plenarias.

Sorprendentemente, estos alcaldes son los mismos que ante el resto de trabajadores del ayuntamiento (y especialmente ante los trabajadores de las brigadas de construcción, limpieza o de los programas temporales de empleo) se muestran particularmente espléndidos, generosos, sindicalistas: les permiten disfrutar sus días de vacaciones sin reparo, promueven jornadas especiales reducidas durante la semana de fiestas locales y se comportan de forma laxa en lo referente a la supervisión del cumplimiento de los deberes por parte de los mismos (horarios, desempeño, resultados visibles, etc.). Pero claro, es que estos trabajadores "privilegiados" suelen ser sus mismos convecinos (sobre todo si para su selección se han aplicado las técnicas enumeradas en mi entrada El empleo público en los pequeños municipios: el oro de Moscú) y, por lo tanto, son sus votos los que andan en juego, mientras que tú no eres más que un/a forastero/a al que exprimir para sacarle todo su jugo.

En mi vida laboral he trabajado en municipios pequeños, en municipios minúsculos (agrupaciones de secretarías) y en municipios algo más grandes (secretarías de entrada y de categoría superior) y es en los municipios de menores dimensiones en donde más acusadamente he padecido este efecto de trabajador con derechos de segunda. 

Este hecho puede deberse a la mayor organización de los municipios de mayor tamaño, en los que suele establecerse un orden de sustitución de los secretarios, interventores y tesoreros a través de la delegación de firma (la socorrida figura del accidental), difícil de aplicar en los municipios más pequeños, en los que es difícil de encontrar un/a empleado/a público/a que quiera y esté capacitado/a para desempeñar las funciones accidentalmente. 

También puede deberse a que en los municipios pequeños y muy pequeños el resto de la plantilla tiene una peor formación, ha sido seleccionado de forma más irregular sin demostrar la necesaria capacidad o porque desempeñe un perfil más de tipo oficinista (coger teléfonos, atender al público, hacer fotocopias, hacer certificados de empadronamiento...), siendo por tanto más necesaria la figura de la Secretaría para poner un cierto orden en el caos y que las cosas fluyan adecuadamente. 

En lo único que no somos trabajadores de segunda, afortunadamente, es en el sueldo, y porque los mínimos los fija el Estado y no pueden ser modificados tan fácilmente, que si no...

El teléfono móvil, el correo electrónico y las redes sociales: atrapados en la red 

Si la vida del secretario rural ya no es lo suficientemente intensa durante el horario de trabajo y fuera de ella (¿alguien en su sano juicio cree que es posible desempeñar todas las funciones que nos encomienda la normativa, con tareas tan absorbentes como las plataformas del ministerio, la contabilidad o la redacción de los mil y un pliegos sin llevarse trabajo a casa?), la evolución de los tiempos cada vez pone más facilidades para que el tiempo de trabajo sea el que nuestros alcaldes desean para nosotros: 24 horas al día, 365 días al año. 



Duerme entre mis fauces, pequeño SIAL

Primero fue el teléfono fijo, que permitía plantear dudas y formular preguntas a una persona fuera de su lugar habitual de trabajo, aunque precisara que el interpelado se encontrara en casa para que la pregunta imperiosa pudiera ser resuelta. Después llegó el correo electrónico, que si bien permitía plantear cuestiones con  mayor extensión y detalle, incluso adjuntando documentos y enviando así materialmente el trabajo a distancia, seguía teniendo una capacidad invasiva pequeña, porque requería que el requerido abriera voluntariamente el correo electrónico, que se convertía así en una nueva caja de Pandora. Más adelante, el teléfono móvil fue aún más allá, haciéndonos localizables en todo momento a las acuciantes necesidades y dudas de nuestros compañeros y jefes de trabajo. Y ya, como combinación y perfeccionamiento de todas las anteriores apareció whatsapp, que permite interactividad inmediata rompiendo barreras espaciales, con gran nivel de detalle por ser escrito y con posibilidad de incorporar documentos y comprobar si la otra persona ha leído o no nuestras peticiones, teniendo por tanto un poder invasivo total. 

En esta transición, por el camino han quedado colgados nuestros derechos a la conciliación de la vida laboral, personal y familiar, nuestro derecho a la desconexión física y mental de nuestras rutinas laborales e incluso nuestro derecho a vaguear y no hacer nada (¡oh, pecado!). 

Porque ¿quién de nosotros no ha recibido mensajes de whatsapp de sus alcaldes en fin de semana, vacaciones, o incluso por las tardes/noches? ¿A quién no le han llamado por teléfono cuando estaba haciendo importantes tareas familiares como acompañar a su madre a una operación en el hospital, llevando a su hijo al dentista o asistiendo a una reunión con los maestros de sus hijos?

Imaginaos cual será el nivel que ha alcanzado este problema, que incluso el legislador ha puesto su atención en este tema, y ha recogido en la Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos y garantía de los derechos digitales el derecho a la desconexión digital en el ámbito laboral (artículo 88) en los siguientes términos: 

"1. Los trabajadores y los empleados públicos tendrán derecho a la desconexión digital a fin de garantizar, fuera del tiempo de trabajo legal o convencionalmente establecido, el respeto de su tiempo de descanso, permisos y vacaciones, así como de su intimidad personal y familiar.

2. Las modalidades de ejercicio de este derecho atenderán a la naturaleza y objeto de la relación laboral, potenciarán el derecho a la conciliación de la actividad laboral y la vida personal y familiar y se sujetarán a lo establecido en la negociación colectiva o, en su defecto, a lo acordado entre la empresa y los representantes de los trabajadores.

3. El empleador, previa audiencia de los representantes de los trabajadores, elaborará una política interna dirigida a trabajadores, incluidos los que ocupen puestos directivos, en la que definirán las modalidades de ejercicio del derecho a la desconexión y las acciones de formación y de sensibilización del personal sobre un uso razonable de las herramientas tecnológicas que evite el riesgo de fatiga informática. En particular, se preservará el derecho a la desconexión digital en los supuestos de realización total o parcial del trabajo a distancia así como en el domicilio del empleado vinculado al uso con fines laborales de herramientas tecnológicas".

Pero en nuestro caso, si el empleador mencionado en el punto tercero es el alcalde, el mismo que tiene una tendencia explotadora hacia nosotros deseando tenernos a su disposición 24/7, difícil aplicación va a tener este derecho...

El secretario rural se mantiene firme: papi chulo

Ante esta política de acoso y derribo por parte de los alcaldes y concejales, mi recomendación es clara: no leas, no contestes. Sí, la solución está en no abrir conversaciones de whatsapp y no en no coger los teléfonos a los acosadores de nuestro tiempo libre. 


DON'T READ, DON'T ANSWER, 
now you know

Es importante mostrarse inflexible si queremos que nuestro mensaje sea entendido. La primera vez que no mires un mensaje de whatsapp o que no cojas una llamada, pensarán que no tienes el móvil cerca o que estás ocupado, la segunda vez puede que también, pero a la tercera vez te aseguro que captarán el mensaje. Y si acumulan 6 o 7 llamadas perdidas en el móvil durante todo un día o dejas los mensajes de whatsapp sin leer mientras le apareces como activo dentro de la aplicación, el mensaje es clarísimo.

Confieso que en el pasado yo también he cometido el error de leer y contestar mensajes de whatsapp y de coger llamadas telefónicas de alcaldes y concejales, y por experiencia sé que es un gran error. Se produce entonces el efecto Pringle: "cuando haces pop, ya no hay stop" y te pasas las vacaciones respondiendo mensajes, haciendo informes y tramitando modificaciones de crédito y haciendo cualquier otra cosa distinta a descansar y disfrutar las cosas buenas que tiene la vida.

Hay que hacer pedagogía entre nuestros gobernantes sobre la importancia del derecho a la desconexión digital, del disfrute pleno del descanso y de la existencia de vida más allá de las puertas del consistorio.

Otra cosa diferente es cuando los compañeros de trabajo te escriben mensajes de whatsapp, correos electrónicos o mails durante las vacaciones. Como trabajadores que también son, normalmente sólo recurren al comodín del/de la secretario/a cuando es completamente imprescindible y están ya desesperados. Yo en este caso suelo contestar, aunque también les transmito la importancia de recurrir a mí lo mínimo posible y únicamente para asuntos imprescindibles e inaplazables. De todas formas, en este caso, siempre te queda la opción de vengarte llamándoles tú también durante sus vacaciones... jejeje. 

En fin, os deseo a todos unas buenas vacaciones de descanso, desconexión digital y llenas de todas aquellas cosas buenas que nos brinda la vida. 

¡Nos leemos!


Los únicos acosadores de nuestro tiempo
libre permitidos este verano son estos


miércoles, 3 de julio de 2019

El contrato menor: como el gorrión al pueblo

No sé si mis ilustres lectores conocerán o no la historia del castigo de Sísifo recogido en la Odisea pero, por si no la conocieran, reproduzco a continuación la sinopsis que de dicha pena hace la -siempre útil en momento de apuros- Wikipedia: “En el inframundo, Sísifo fue obligado a cumplir su castigo, que consistía en empujar una piedra enorme cuesta arriba por una ladera empinada, pero antes de que alcanzase la cima de la colina la piedra siempre rodaba hacia abajo, y Sísifo tenía que empezar de nuevo desde el principio, una y otra vez”.

Recojo este ilustre y cruel castigo porque lo estimo perfectamente aplicable a la relación de los secretariuchos de tercera como yo con el contrato menor según la legislación actual tras la aprobación de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público.

Holiiiii, soy secretaria-interventoriiiiii

Evolución del contrato menor del Real Decreto Legislativo 3/2011, TRLCSP a la LCSP

La Ley de Contratos del Sector Público vino a poner patas arriba la configuración anterior del contrato menor para cumplir con las exigencias de Europa, que veía en la figura de dicha fórmula contractual un coladero por el que se infringían los principios básicos de contratación pública de igualdad de acceso a las licitaciones, publicidad y concurrencia, lo cual en las mentalidades mediterráneas (con niveles medios de mercantilización, predominio de las redes clientelares y de la economía sumergida) es perfectamente entendible, pero en las mentalidades norteuropeas produce convulsiones, paradas cardiacas y giros completos de cabeza sobre su órbita.

La tramitación del contrato menor hasta la aprobación de la LCSP consistía básicamente en aprobar el gasto e incorporar la factura (con ciertas peculiaridades para los contratos de obras) y permitía la adjudicación directa del contrato sin necesidad de solicitar varias ofertas ni realizar procedimiento de licitación.

Tal era la simplicidad de dicha forma de contratación, que los alcaldes y concejales se hicieron expertos en utilizar la misma y se aprendieron a la perfección los límites económicos del contrato (50.000,00 euros para contratos de obras y 18.000,00 euros para otros contratos, IVA excluido) y en su mayoría interiorizaron la improcedencia de su fraccionamiento para evitar la aplicación de los principios de publicidad y concurrencia. No obstante, nada les impedía adjudicar año tras año las pequeñas obras, suministros y servicios a los mismos contratistas afines de forma directa (o al menos ninguna norma lo establecía de forma clara y cristalina) y en sus pensamientos tendenciosos dicha forma de actuar no presentaba fraccionamiento alguno.

Y ellos se contentaban con eso, ya que aunque en muchas ocasiones no cobraban dedicación ni asistencias y además se tenían que limitar a hacer las actuaciones que otras administraciones les imponían (ver entradas Autonomía local: utópica quimera), por lo menos podían dar trabajo a sus conocidos (ver entrada anterior El empleo público en los pequeños municipios: el oro de Moscú) y adjudicar los contratos a sus amiguetes de forma indiscriminada. Ese era su gran poder.

Pero la malvada LCSP vino a destrozar el mundo de felicidad en el que dichos miembros de las Corporaciones habitaban. Para ello, optó por una tramitación más laboriosa del contrato menor que la existente hasta el momento (regulada en el artículo 118 de la LCSP), por una reducción de los límites económicos para utilizar el contrato menor (40.000,00 euros para los contratos de obras y 15.000,00 euros para los contratos de suministros y servicios), y por establecer el requisito de responder a una necesidad urgente e imprevisible para poder utilizarlo (no pudiendo ser utilizado en caso de necesidades de carácter permanente, periódico o repetitivo).

La situación se agravó aún más si cabe con la Resolución de 6 de marzo de 2019 de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación, Instrucción 1/2009 de 28 de febrero sobre contratos menores, en la que al mismo tiempo que se aclaraban ciertos aspectos de la regulación legal de los contratos menores que habían generado una gran dispersión de interpretaciones (interpretación del ámbito temporal y objetivo de aplicación de los límites económicos de los contratos menores), se añadía la necesidad de incorporar al expediente al menos 3 presupuestos y justificar el procedimiento de adjudicación elegido.

Y a los alcaldes y concejales cuando conocieron las novedades que traía la LCSP y la posterior resolución de la OIReScon les cayó encima como un jarro de agua fría. Bueno, sobre todo a los que se dieron por enterados porque, ¿cuántos han decidido hacerse los suecos y seguir tramitando la contratación menor con las normas ya derogadas?






¡Gracias Wolters Kluwer por hacer la película para nuestros alcaldes!


Dios aprieta pero no ahoga: la alternativa legal

Pero el legislador buscó una salida a la drástica reducción de los casos de aplicación del contrato menor: el procedimiento abierto simplificado y su versión abreviada o sumaria (artículo 159 de la LCSP).

Se trata de procedimientos de rápida tramitación que permiten mantener la agilidad en la contratación pero sin prescindir de los principios de transparencia, publicidad y concurrencia.

No obstante, a pesar de lo reducido de sus plazos de tramitación (plazo mínimo de presentación de ofertas de 15-20 días en el procedimiento abierto simplificado y de 10 días en su versión abreviada), requiere igualmente elaborar y aprobar unos pliegos, aprobarlos y convocar la licitación, realizar mesa de contratación, etc.

Por lo tanto, puede ser relativamente rápido de tramitar, siempre que se dispongan de personal y medios necesarios para llevar a cabo todas esas actuaciones.


Situación actual en las entidades locales pequeñas respecto al contrato menor

Para disgusto del legislador, el contrato menor aún no ha desaparecido en las entidades locales pequeñas, y de hecho sigue gozando de bastante popularidad.

En el caso de los nuevos límites económicos del contrato menor, parece que la mayoría de miembros de las Corporaciones los han asumido y tratan de cumplirlos, pero el tema de la actual uso y tramitación de dichos contratos ya es harina de otro costal. ¿Cuánto les costará asumir que el contrato menor se prevé como algo residual, como una herramienta para casos de necesidad extrema urgente e imprevisible y no planificable? ¿Cuándo comenzarán a tramitar los expedientes de contrato menor con anterioridad a la realización del encargo, a diferencia de como se hacía hasta la aprobación de la LCSP?

Pero claro, existe una gran diferencia entre el legislador y el alcalde/concejal: mientras que el legislador considera que todo en esta vida es planificable y previsible, para el concejal o alcalde todo es urgente e imprevisible. Fruto del afán planificador compulsivo del legislador es la cantidad de planes que cualquier entidad local (independientemente de su tamaño y medios) debe realizar: plan anual de contratación, plan legislativo anual, presupuesto (que no deja de ser un plan), plan de tesorería, plan de prevención de riesgos laborales, plan de prevención de incendios forestales, plan de actuación ante caso de emergencia…

Y en realidad opino que el legislador tiene mucha razón, que a mi me encantaría que mi día a día fuera como él pretende que sea: hoy voy a hacer esto, mañana tengo previsto tratar este otro asunto y pasado mañana trabajaré en esta otra materia; y no como realmente es: hoy tengo que hacer esto porque se acaba el plazo, ostia, también tengo pendiente esto otro que es prioritario e inaplazable, joder ¿de dónde coño ha salido esto?, pufff me caen mierdas por todas partes, *@!+&%@$*?!…

Pero claro, también es cierto que en las secretarías rurales en las que desempeñamos nuestras funciones los secretarios de tercera la tramitación de los expedientes de contratación es una tarea que nos incumbe mayoritariamente a los secretarios-interventores y en muchas ocasiones nos toca confeccionar incluso los pliegos de prescripciones técnicas de cosas tan ajenas a nuestras áreas de conocimiento sobre suministro de combustibles, suministro de material de obra, seguros de responsabilidad civil, entre otros.

Y claro, mientras que te rompes la cabeza para realizar dichos pliegos (comparando muchos pliegos técnicos de ayuntamientos más grandes e incluso de capitales, copiando a saco párrafos enteros de los mismos), en el ayuntamiento siguen surgiendo necesidades y la Alcaldía te pide que le tramites con urgencia este o aquel contrato (que con la nueva legislación se consideran necesidades recurrentes y por lo tanto no pueden ser objeto de contrato menor), porque se lo quiere adjudicar a su amiguete de turno, o directamente te vienen con un presupuesto diciendo que acaban de hacer un pedido de productos que llegarán en los próximos días (haciendo uso de la tramitación del contrato menor ya derogada).

Secretario-interventor abatido por la inercia del antiguo contrato menor

Y en esos momentos es cuando, como Sísifo, ves la piedra rodar colina abajo y aún incorporando tus informes negativos le tramitas al alcalde el contrato urgente que te pide como contrato menor, avisándole de que antes de que finalice su duración lo vas a licitar (porque en tu cabeza tienes claro que antes o después, en un año o en dos vas a conseguir poner en orden la situación contractual de ese maldito ayuntamiento).

Y aunque en tu mente tienes ese objetivo claro y estás dispuesto a luchar por conseguirlo, en muchas ocasiones el devenir de los acontecimientos en tu microayuntamiento te hace dudar de si algún día podrás conseguirlo, porque la forma de trabajar es completamente desastrosa y el contrato menor en la actualidad es como el gorrión al pueblo, un elemento consustancial del mismo y con un gran arraigo.


Redacta pliegos, redacta, que mientras tanto
nosotros nos reproducimos
En fin… si alguien conoce algún ayuntamiento en el que no exista ni un contrato menor que incumpla lo previsto en la LCSP, que por favor me avise. Me animará en seguir luchando por conseguirlo yo también algún día y dejaré de pensar que ese ayuntamiento ideal es como la Atlántida, pura mitología.

¡Nos leemos!