sábado, 9 de noviembre de 2019

Los habilitados nacionales y su debilidad ante el acoso laboral

Soy lector habitual de www.habilitados-nacionales.com y también soy usuario del grupo privado de facebook de Funcionarios de Administración Local con Habilitación Nacional, con 2.379 miembros en el momento de escribir la presente entrada. 

La página de www.habilitados-nacionales.com me gusta leerla periódicamente para bajar a la realidad de nuestra profesión, conocer los peligros que nos acechan (múltiples noticias tratan sobre procesos judiciales que afectan a habilitados, irregularidades detectadas en ayuntamientos, altercados entre políticos y funcionarios, etc.) y la visión que desde los medios se tiene de ella (casi nunca bondadosa, la verdad). 

El grupo privado de Funcionarios de Administración Local con Habilitación Nacional me parece una herramienta genial para intercambiar opiniones entre compañeros, formular preguntas, conocer otros puntos de vista y mantenerse enterado de cosas interesantes. 

Pero una cosa que cada día me encuentro más en ambas páginas es publicaciones relativas al acoso laboral que sufren los habilitados nacionales.


La facilidad del habilitado nacional de ser objeto de acoso laboral

En mi opinión nuestro cuerpo es muy susceptible de ser objeto de acoso en el lugar de trabajo, y aún más en el caso de los/as secretarios/as-interventores/as. Y fundamento mi opinión en varias razones:

1. El hecho de ser un personal externo, que viene designado desde el ministerio de Función Pública para desempeñar las funciones reservadas en un municipio que nos es ajeno. 

El personal propio del ayuntamiento, habitualmente vecinos del municipio y que en muchas ocasiones llevan toda la vida trabajando en el consistorio, nos percibe como la figura del nuevo, el que se cree que lo sabe todo y que nos va a dar clases y el que viene a jodernos la vida. Y poco más o menos nos perciben los políticos.

2. El aislamiento del habilitado nacional. A diferencia de otras administraciones públicas en las que existen plantillas bien dotadas y con varios puestos de nivel técnico, en los pueblos las plantillas suelen ser pronunciadamente piramidales, con una cúspide muy apuntada en la que normalmente aparece únicamente el secretario-interventor. No existe otro personal que realice tareas de carácter técnico (si lo hay tiene una jornada muy reducida o está contratado mediante contrato de servicios). Las figuras equivalentes más cercanas se encuentran ubicadas a kilómetros de distancia, en los municipios colindantes, y en muchas ocasiones ni siquiera nos conocemos entre nosotros. 

Esto hace que muchas veces las actuaciones se realicen y las decisiones profesionales para encauzar la actividad se adopten de forma unipersonal. No existe la posibilidad de preguntar a otros profesionales cercanos u obtener otros puntos de vista reuniéndose en un despacho o durante el mismo almuerzo, como ocurre en otras administraciones, lo cual ayuda a dar pasos mejor fundados y más consistentes por el hecho de haber contrastado previamente varios puntos de vista. 

Es verdad que siempre existe la posibilidad de preguntar en los servicios de asesoramiento de las diputaciones, a las direcciones de administración local de las comunidades autónomas o a otros compañeros o preparadores, pero debes limitar dichas consultas únicamente a las actuaciones más importantes y las decisiones más cruciales o relevantes, porque todo el mundo está al menos tan liado como lo estás también tú.   

3. El fraccionamiento del cuerpo SITAL. Una razón de la debilidad del/de la habilitado/a nacional frente al acoso laboral, ligada a la anteriormente mencionada, es la falta de unión entre compañeros del cuerpo de funcionarios con habilitación de carácter nacional. 

Y a este hecho no le encuentro justificación alguna, porque si bien es cierto que aparte de compañeros nos convertimos en rivales en lucha por los mismos puestos una vez al año con cada concurso y que a veces existen conflictos de intereses entre nosotros, esta situación no es diferente a la que atraviesan otros cuerpos de funcionarios en nuestro país que sí que son capaces de unirse y aliarse para luchar por lo que creen que les corresponde por derecho.   

Varios ejemplos de estas luchas colectivas: 






Los inspectores de Hacienda piden una norma para actuar de incógnito

Las protestas por los recortes educativos se extienden por media España


Si todos estos cuerpos son capaces de unirse y luchar por lo que realmente importa, ¿por qué es diferente en nuestro caso? ¿Qué tiene que pasar para que nos demos cuenta de la capacidad que tenemos si actuamos unidos?

4. La convergencia de múltiples funciones en la misma persona: Secretaría, Intervención y Tesorería. El Real Decreto 128/2018, de régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional atribuye todas estas funciones a habilitados de carácter nacional y, en las secretarías de tercera, a la persona titular de la Secretaría-Intervención (como si de la sagrada trinidad se tratara). Esta convergencia de funciones, en la práctica, supone que tú tramitas todo el expediente: preparas el inicio para la Alcaldía o concejalía, emites los informes, fiscalizas si fuera necesario, incorporas la documentación, preparas la resolución o el acuerdo, contabilizas, envías el fichero al banco... todo. 

Por lo que si algo no sale bien, la posibilidad de que las culpas recaigan sobre ti están entre el 80 y el 100%. Y los alcaldes lo saben, y lo utilizan cuando lo ven oportuno. 



¿Qué significa este informe?
¿No te dije que miraras para otro lado en este asunto?


5. La sufridas labores de asesoramiento y fiscalización. Si algo hay que los políticos locales no asumen con facilidad es que el habilitado nacional les asesore en sentido distinto al de sus ideas preconcebidas o, sobre todo, que les fiscalice una actuación con disconformidad. 

En el caso de la fiscalización, el hecho de que posteriormente deba darse cuenta de los reparos en el Pleno y que además anualmente deba comunicarse al Tribunal de Cuentas la relación de actuaciones contrarias a reparos adoptadas por la administración local, pone a los políticos muy nerviosos. 

Es entonces cuando comienzan a percibir al habilitado nacional como al que siempre pone impedimentos y palos en la rueda y se convierte, de la noche a la mañana, en el enemigo a batir. 

No se dan cuenta de que ese conflicto puede derivar en una mejor satisfacción de los fines públicos, como puede ser la resultante de realizar la actuación pretendida por el político, pero de manera propuesta por el habilitado y diferente a la inicial, que además cumple la normativa aplicable. 

Mi admirado Carles Ramió habla en su artículo El directivo público como gestor del conflicto organizativo sobre el papel del conflicto en las organizaciones y su efectos favorables para conseguir una buena gestión: 

"El conflicto es un elemento natural de todas las organizaciones y no hay que tener el convencimiento superficial que el conflicto es negativo. Más bien al contrario, el conflicto es la esencia de la gestión pública y, más en concreto, de la buena gestión. Los distintos actores formales (y también informales) generan tendencias naturales que generan conflicto. Por ejemplo: ¿cómo es posible que no exista conflicto entre un responsable de un servicio público directo con el interventor (controlador)? Si ambos persiguen con solvencia y con profesionalidad sus propios objetivos el conflicto es inevitable".

6. La lucha entre la costumbre y la norma. Si hay una fuerza difícil de dominar y vencer por los habilitados cuando llegamos a un ayuntamiento por primera vez, o cuando se produce algún cambio legislativo que es necesario aplicar, esa es la fuerza de "aquí siempre se ha hecho así". 

Hablé de este asunto en mi anterior entrada La vida desde el remolque (agrícola) en la que calificaba a la costumbre como la Fontana di Trevi del derecho local, por la alteración del sistema de fuentes del derecho establecido en el Código Civil que se produce en los micromunicipios, en los que la costumbre prima sobre la ley y los principios generales del derecho. 

El pensamiento de los empleados y los políticos municipales tiene incluso cierta lógica: si siempre se ha hecho de esta forma y ha funcionado, ¿para qué cambiarlo? Con la única pega de que la legislación evoluciona, siempre existe margen de mejora y no podemos vivir instalados constantemente en el conformismo. 

Esta lucha entre costumbre y norma es más palpable en los municipios en los que existen grandes diferencias formativas entre el/la habilitado/a y el resto del personal, ya que en aquellos municipios en los que no existe tal diferencia, el resto de empleados apoya la posición de la Secretaría-Intervención y la Alcaldía es más permeable a las novedades que cuando se defienden únicamente y en solitario por la persona con habilitación de carácter nacional. 

Por todos los factores anteriormente mencionados, y por alguno que otro que seguramente que olvido, los habilitados nacionales (y en especial los secretariuchos de tercera) somos muy proclives a sufrir de acoso laboral. 


El acoso laboral en sus múltiples facetas

El acoso laboral al que muchos habilitados nacionales se han visto sometidos tiene múltiples caras: puede ir desde el cambio de despacho a otro edificio aislado, el puenteo al habilitado en el ejercicio de la actividad administrativa recurriendo a otros funcionarios más dóciles, la contratación de un servicio de asesoramiento jurídico para contrarrestar los informes de la Secretaría, la negativa a conceder las vacaciones, los días de asuntos propios o permisos para cursos que se solicitan, los menosprecios o humillaciones en público o en privado, la creación de un ambiente hostil hacia la Secretaría, Intervención o Tesorería, la reducción del personal a cargo del/de la empleado/a, la apertura de expedientes disciplinarios, la reducción de los complementos salariales, etc.

Todo ello puede derivar en un ambiente de tensión que sufren los habilitados nacionales en su día a día y que, si se mantiene en el tiempo, puede causar alteraciones físicas, daños psíquicos e incluso en situaciones de depresión.

Es triste que ningún trabajador tenga que aguantar este tipo de prácticas y de situaciones en su vida laboral por el simple hecho de realizar bien su trabajo, pero es más triste aún si para poder realizar ese trabajo con corrección se ha pasado una oposición tan costosa como es la nuestra.


Todos tenemos un límite y mejor no encontrarlo.
El trabajo no debe ser como un banco de tornillo


Vías de solución

En el grupo de facebook de Funcionarios de Administración Local con Habilitación Nacional se han tratado en varias ocasiones casos de acoso laboral, y la gente está muy sensibilizada y muestran un gran apoyo a las personas acosadas. Lo que hoy te pasa a ti, mañana podría pasarme a mi, y debe ser muy reconfortante y motivador sentirse apoyado y respaldado por otros profesionales del cuerpo, en esos duros momentos.

En ese grupo de facebook, incluso se ha barajado en alguna ocasión realizar aportaciones económicas voluntarias para la contratación de abogados de prestigio para defender al/a la  habilitado/a frente a la/s persona/s acosadora/s, aunque no tengo constancia de que finalmente dicha actuación se haya llevado a cabo.

No obstante, aunque dichas medidas parecen en principio útiles, creo que no son suficientes.

Por su parte. el Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros aprobó un protocolo de acoso para defender a los colegiados y colegiadas que puedan sufrirlo. Puedes obtener más información sobre dicho protocolo aquí. Me parece que es en este sentido en el que tenemos que trabajar para solventar este problema, porque si bien las palabras de ánimo de compañeros son siempre bienvenidas, no podemos dejar algo tan serio como la protección frente al acoso de un/a compañero/a a la suerte de la voluntad del resto de compañeros en cofinanciar una defensa solvente en vía judicial.

Tengo constancia de que ya son varios colegios autonómicos de secretarios, interventores y tesoreros los que se han adherido a dicho protocolo, pero no conozco ningún caso en el que se haya aplicado el mismo ni la satisfacción de los funcionarios acosados con la resolución de su reclamación. Si conoces algún caso en que se haya aplicado este protocolo, por favor indícamelo en los comentarios o en el correo electrónico que puedes encontrar en mi perfil.

Por último, deseo hacer un llamamiento al resto de compañeros a la unidad de todo el cuerpo para hacer frente a los problemas que nos acucian en el desempeño de nuestras funciones. Porque en los últimos años hemos visto incrementadas notoriamente nuestros cometidos (plataformas ministeriales, Base de Datos Nacional de Subvenciones, Portal de Contratos del Sector Público, Ley de Transparencia, etc.) sin un incremento simultáneo de medios para conseguirlo (más bien con un recorte de medios, por lo menos en recursos humanos), nos han empeorado nuestras condiciones laborales (incremento de jornada de trabajo, decremento de retribuciones, etc.) y no hemos sido capaces de manifestarnos o de movilizarnos para defendernos. Cuando hasta los alcaldes han sido capaces de movilizarse para luchar contra la despoblación o por un sistema de financiación local más justo, da que pensar que nosotros no seamos capaces de ponernos de acuerdo para reivindicar lo que nos corresponde en derecho.


Si trabajamos juntos el éxito está asegurado.
Somos muchos y poderosos.

En fin, si tienes alguna aportación sobre esta u otra materia, agradecería tu comentario.

¡Nos leemos!



lunes, 21 de octubre de 2019

La vida desde el remolque (agrícola)

En estos días en que se ha celebrado el congreso Novagob 2019 en Sevilla y el I Congreso de Control Interno Local CCIL en Badajoz, entre otros muchos encuentros en los que se debate y se reflexiona sobre el futuro de la administración, sobre la necesaria innovación y modernización de la misma y sobre las decisiones estratégicas a adoptar para asegurar el futuro y la posición que ocupa en la sociedad, no puedo estar más que agradecido a los asistentes a dichas convocatorias por ello. 

Y estoy agradecido porque están realizando una labor de reflexión, de valoración de alternativas, de proyección de futuro, de visión y de planificación que ni yo ni mi administración estamos en posición de realizar en estos momentos; pero gracias a ellos y a su trabajo, tendré en un futuro referentes a los que admirar, seguir y copiar  para evolucionar y avanzar (benchmarking lo llaman en el mundo de la empresa).



¡Qué agradable y placentera
la vida a remolque!

Habrá quien me recrimine mi comodidad y el hecho de no haber asistido a tan relevantes y determinantes citas de profesionales para garantizar la innovación en mis ayuntamientos, la modernización de su funcionamiento y actuaciones y la previsión y anticipación necesaria para una actuación estratégica. Y sí, soy culpable por no asistir a dicho evento, porque estoy seguro de que si hubiera puesto todo mi empeño y hubiera presionado a mis alcaldes para que me dejaran ir al congreso, lo habría conseguido (los secretarios podemos conseguir todo lo que nos propongamos). Pero claro, el congreso Novagob ha tenido lugar en tres días laborables y habría necesitado un día más para desplazarme hasta Sevilla y lo mismo habría ocurrido de ir a Badajoz, lo cual hubiera supuesto un buen taco de papeles encima de mi mesa el primer día de trabajo después de los congresos en cada uno de mis ayuntamientos. 

Se puede pensar que mejor andar un día o incluso una semana apretado para poder sacar adelante ese trabajo acumulado que andar el resto del tiempo perdido y actuando cual pollo sin cabeza por el hecho de no haber ido a congresos y no saber hacia dónde va la administración, cómo actuar antes los retos que se nos presentan y no tener una planificación estratégica en la que estén definidos claramente la visión, la misión, las actuaciones a realizar y las metas a conseguir tanto en el corto como en el largo plazo. 

No obstante, debo confesar en mi defensa que en este momento sí que tengo una meta establecida, una misión y un objetivo claro: conseguir que mis ayuntamientos cumplan la legislación existente en este momento. 

Sorprendente puede resultar que un secretario-interventor, el funcionario de mayor rango en el ayuntamiento y responsable de los servicios administrativos, se contente únicamente con que su administración cumpla la legislación aplicable. Porque cualquiera sabe que el artículo 103 de la Constitución Española determina que la administración actúa con sometimiento pleno a la ley y al derecho, y por tanto que un ayuntamiento actúe de esta manera es una premisa básica. 

Pero si tenemos en cuenta la forma de elaborar las leyes en nuestro sistema legislativo, la peculiar organización de la planta local y la fuerza que la costumbre tiene en los microayuntamientos como fuente del derecho, mi objetivo de que mis consistorios cumplan la legislación existente el este momento, se convierte en una meta ambiciosa y costosa de cumplir. 


El sistema legislativo español: think big to achieve big

Como hemos visto en entradas anteriores, las entidades locales carecen de potestad legislativa, que corresponde al Estado y a las comunidades autónomas, los cuales dictan las normas con rango de ley que resultan de aplicación a los ayuntamientos y diputaciones. Mientras tanto, los municipios tienen únicamente potestad reglamentaria. 

Las Cortes Generales y las cámaras legislativas de las comunidades autónomas han optado siempre por legislar a lo grande, pensando siempre en las ciudades y capitales, y solamente en raras ocasiones hacen adaptaciones o introducen especialidades para facilitar la aplicación y efectividad de las normas en las entidades de menor tamaño, como son los municipios de tercera

Así, los secretariuchos rurales nos encontramos con la paradoja de tener que cumplir normativa que requiere grandes dosis de conocimientos y destrezas informáticas (ley de procedimiento administrativo, archivo electrónico, protección de datos...) en ayuntamientos que ni siquiera cuentan con un informático en la plantilla, tener que rendir cuenta de los contratos que se formalizan hasta por cuatro vías diferentes (Tribunal de Cuentas, Registro de Contratos del Sector Público, portal de transparencia y Portal de Contratación del Sector Público si está sujeto a licitación pública) en ayuntamientos en los que el titular de la Secretaría-Intervención sólo va uno o dos días a la semana, tener que licitar todo gasto de carácter periódico o repetitivo que se realice independientemente de su importe -ver mi entrada anterior El contrato menor: como el gorrión al pueblo-, publicar todas las convocatorias de subvenciones que se realicen (estén o no sujetas a concurrencia), así como sus concesiones y pagos en la Base Datos Nacional de Subvenciones, cumplir un sinfín de obligaciones en materia de transparencia, mantener actualizado el inventario, tener un registro de asociaciones, un registro de personal, tener un plan de igualdad, etc. 

Y ya si descendemos al nivel de la normativa autonómica de carácter más específico (residuos, defensa animal, piscinas públicas, agua de consumo humano, etc.) la cosa se complica ridículamente hasta el infinito. ¿Sabías que en muchas comunidades autónomas es obligatorio contar con un censo de animales domésticos? ¿Conoces cuáles son las obligaciones de tu ayuntamiento en materia de control y prevención de legionelosis según la normativa autonómica? ¿Cuál es el plazo mínimo de espera antes de la apertura de un nicho para realizar en él un nuevo enterramiento?  

¡Secretariuchos/as de tercera... sois la monda!



Otra vez el positivismo y las frases motivadoras.
¡cuánto daño han hecho al mundo, cuánto daño...!


La planta local: el tamaño importa

En entradas anteriores (ver El desastre de la planta municipal española) he manifestado mi opinión respecto al desastre organizativo de la administración local en nuestro país y he puesto el acento como posible vía de solución en los procesos de fusión de carácter obligatorio, ya que los voluntarios han demostrado no surtir efecto alguno. 

Y cuanto más lo pienso, más llego a esa conclusión, porque aunque pueda parecer que en este blog se tratan temas anecdóticos, dispersos y con escasa vinculación entre ellos (la tómbola electoralista del empleo público local, la sobrecarga de funciones de los secretarios-interventores, la ineficaz e ineficiente ejecución de obras por la administración, el aspersor de las subvenciones locales, la falacia de la autonomía local, la ineptitud de los ayuntamientos, la cruzada contra el contrato menor...) yo identifico un claro hilo conductor entre todos ellos en una relación casi directa de causa-efecto: el tamaño del municipio.

 A mayor dispersión y minifundismo en la planta local -> mayor sobrecarga de funciones de los secretarios-interventores y menor capacidad de gestión por la escasez de medios y personal; a mayor sobrecarga de funciones de secretarios-interventores y menor capacidad de gestión y de medios -> mayor ineptitud en la actuación de los ayuntamientos (por ejemplo más electoralismo en el empleo público, más locas subvenciones públicas, más ineficaz e ineficiente ejecución directa de obras por la administración, peores servicios al ciudadano); a mayor ineptitud en la actuación de los ayuntamientos -> mayor necesidad de que existan otras administraciones de ámbito superior que pongan un poco de orden y les aprieten de vez en cuando a los municipios y mayor despoblación de los núcleos urbanos por la escasez y baja calidad de los servicios; y así vuelta a empezar al inicio de este párrafo. 

Lo cierto es que si se implantara este sistema de fusiones municipales obligatorias, en primer lugar se conseguirían poblaciones más grandes, con menores costes de prestación de servicios y con mejor abanico de servicios, lo cual ayudaría a fijar más la población al territorio y puede ser incluso se consiguiera revertir el fenómeno de la despoblación local. Al ser administraciones más grandes, contarían con más personal, de un perfil más técnico y especializado y las labores administrativas estarían más repartidas (quizás así se acabaría con la escasez actual de habilitados nacionales para cubrir todos los puestos reservados y que incluso sobraran algunos secretarios-interventores, debiendo reubicarse a los de carrera como técnicos de estas nuevas organizaciones de mayor tamaño). El hecho de tener más personal y más perfiles técnicos y de control supondría que las actuaciones a llevar a cabo por los gobernantes locales tendrían que pasar más filtros y serían controladas por mayor número de personas, lo que seguramente repercutiría en actuaciones de los ayuntamientos más sensatas, no tan ineptas o tractoristas. Las actuaciones sensatas y controladas de estos nuevos ayuntamientos objeto de las fusiones, les permitirían rebelarse contra la tiranía de las diputaciones y las comunidades autónomas, ya que no tendría sentido su papel actual de garantistas del orden y la cordura. La pérdida parcial de poder de las diputaciones y comunidades autónomas, permitiría a los ayuntamientos luchar por un sistema de financiación justo, que vaya directamente a los mismos sin participación de estos entes intermedios, garantizando así la autonomía local.

Sé que este cambio es complicado, son muchas decisiones a adoptar, muchos ajustes a realizar, muchas resistencias que vencer y mucha gente potencialmente afectada e interesada en perpetuar el actual sistema, pero quien no arriesga no gana y el sistema actual presenta graves síntomas de agotamiento.



Quien no arriesga no gana así que...
Todo al rojo
¡Mierda! :-(


La costumbre, la Fontana de Trevi del derecho local 

El artículo 1 del Código Civil determina que "1. Las fuentes del ordenamiento jurídico español son la ley, la costumbre y los principios generales del derecho. [...] 3. La costumbre sólo regirá en defecto de ley aplicable, siempre que no sea contraria a la moral o al orden público, y que resulte probada". Es decir, que la costumbre sólo rige la actuación administrativa en caso de que no exista ley aplicable. 

Pero en los microayuntamientos, donde la luz de la ley rara vez ilumina, la costumbre es la norma inspiradora. Las frases "Esto siempre se ha hecho así" y "pues lo hacemos como el año pasado" son auténticos mantras. Cuando no se utiliza la técnica, también muy recurrente, de tramitar los asuntos como si de una empresa privada se tratara (contrataciones a base de telefonazo, firma de presupuesto y a correr, negociaciones de responsabilidad patrimonial de palabra, etc.). 

En estos ayuntamientos, cuando comentas que el material de oficina debe licitarse, que es necesario contratar un servicio ajeno para la prevención de riesgos laborales del personal, que los nichos del cementerio no se venden o que una resolución y una notificación son documentos distintos, las cabezas les dan vueltas sobre su eje a los presentes. 

Por eso mismo es tan duro trabajar en estos ambientes tan viciados, en los que hasta los propios trabajadores que deberían conocer la norma y velar por su cumplimiento están sumidos en dichas dinámicas ajenas al procedimiento, por el simple hecho de haber estado trabajando allí desde hace décadas y décadas. Debes estar concentrado en realizar tu trabajo con la mayor corrección posible, y atento a que no te la líen los concejales o los propios empleados. 


Un remolque con vistas

Por todo lo anteriormente expuesto, mi objetivo en este momento consiste en conseguir que mis ayuntamientos cumplan la normativa aplicable al menor en aquellos aspectos más relevantes o cruciales y no perder la estabilidad mental en el intento. 

Y dejo asuntos de gran enjundia y relevancia para el futuro de la administración local y del resto de administraciones (la inteligencia emocional, el big data, el gobierno abierto, las smart cities, la robotización, la macroestructuración de la planta local entorno a grandes ciudades, la dirección pública, etc.) a profesionales y estudiosos como Carles Ramió, Jiménez Asensio, Gorriti, Víctor Almonacid, Concepción Campos, etc. así como todos aquellos profesionales de administraciones de mayor tamaño que tengan ganas, esfuerzo y tiempo para abrir ese camino que, en un futuro, exploraré desde mi remolque, por la senda que marcaron en la tierra sus ruedas al pasar. 



¡Qué bonito sería poder volar!

Como diría mi amigo David Povedano en su blog El nuevo funcionario con habilitación de carácter nacional, la gestión ordinaria devora al secretario-interventor en los municipios de hasta 1.000 habitantes, y el pensamiento estratégico, la planificación y los objetivos siempre quedan para mañana (recomiendo la lectura de su entrada  Lo que la gestión ordinaria se llevó. Las secretarías-intervenciones en municipios de menos de 1.000 habitantes). 

¡Nos leemos!

lunes, 7 de octubre de 2019

Habilitados nacionales y la búsqueda del santo grial

Los habilitados nacionales son profesionales que pasan gran parte de su vida laboral buscando un ideal inalcanzable, un imposible que parece cierto, una quimera, un espejismo: un destino hecho a su medida. 

Y le aplico el carácter de entelequia a ese destino ideal o hecho a la medida del habilitado, porque creo que todos los destinos tienen su pega: unos están lejos de casa, otros pagan fatal, algunos tienen organismos autónomos o sociedades mercantiles dependientes descontrolados, ciertos destinos están económicamente quebrados, en otros no ha habido un habilitado de carrera en décadas (con el consecuente descontrol y falta de costumbres), hay consistorios intervenidos, otros gobernados por Alcaldías insoportables... cada ayuntamiento es un mundo. 



La búsqueda del santo grial, un camino
difícil de acertar... al menos a la primera


Si bien es cierto que en la vida del habilitado los elementos a valorar a la hora de elegir un destino varían mucho en cada etapa vital (proximidad al hogar, salario, posibilidad de tener flexibilidad horaria, existencia de personal suficiente y bien formado para asistir en el ejercicio de las funciones, realización cierta parte de la jornada de forma no presencial mediante teletrabajo, etc.), en mi opinión lo más importante en nuestra profesión es que el destino permita mantener la estabilidad emocional y mental. Y lo tengo tan claro porque, a pesar de que llevo relativamente poco tiempo trabajando en puestos reservados, creo que es lo único que puede facilitarme llegar a la edad de retiro en mi sano juicio. Porque me he percatado de que nuestra profesión nos ofrece mil ocasiones en la que perder los estribos y acabar desquiciados, a pesar de que me considero una persona con bastante autocontrol. Y muchos días en la oficina, acabada la jornada conduciendo hacia casa o incluso ya en el hogar, me lo tengo que recordar a mi mismo. 



El primer destino: comienzo de la travesía por el desierto

Y en dicha búsqueda del santo grial, existe un momento crítico: la asignación del primer destino. 

El Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, de régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional ha variado el sistema de asignación del primer destino, determinando la asignación de un primer destino a los nuevos funcionarios habilitados nacionales con su nombramiento como funcionarios de carrera, independientemente a la realización de los concursos ordinarios y unitarios. 

Así lo regula su artículo 22: En la misma resolución en la que se efectúen los nombramientos como funcionarios de la subescala y categoría correspondiente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 19.3 de este real decreto, se asignará a los funcionarios nombrados un primer destino, de acuerdo con el siguiente procedimiento:

a) El Ministerio de Hacienda y Función Pública, determinará, previa consulta con las Comunidades Autónomas, los puestos vacantes reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional de la subescala y categoría correspondiente, que puedan ser ofertados a los funcionarios de nuevo ingreso para obtener un primer destino, de entre los que no hayan resultado adjudicados en el último concurso unitario.

b) El Ministerio de Hacienda y Función Pública facilitará a los funcionarios de nuevo ingreso, relación de los puestos vacantes de primer destino.

c) Los funcionarios remitirán al Ministerio de Hacienda y Función Pública solicitud de primer destino así como relación, por orden de preferencia, de las vacantes facilitadas.

En el caso de que soliciten puestos para cuyo desempeño se necesite el conocimiento de la lengua oficial propia, en los términos previstos en la respectiva legislación autonómica, se adjuntará junto a la solicitud y orden de preferencia de las vacantes, certificación acreditativa del conocimiento de la lengua, en los términos establecidos en la citada legislación.

d) El Ministerio de Hacienda y Función Pública, teniendo en cuenta el número de orden obtenido en el proceso selectivo, así como el orden de preferencia de los peticionarios, y siempre que reúnan los requisitos exigidos para el desempeño del puesto, asignará a los funcionarios de nuevo ingreso, un puesto de primer destino, en la resolución de su nombramiento como funcionarios de carrera. Los funcionarios que accedan por promoción interna tendrán, en todo caso, preferencia sobre los aspirantes que no procedan de este turno para la elección de los puestos vacantes de trabajo ofertados.

e) En la adjudicación del primer destino, las personas que hayan participado en la convocatoria por el turno de discapacidad podrán solicitar la alteración del orden de prelación para la elección de las plazas, por motivos de dependencia personal, dificultades de desplazamiento u otras análogas, que deberán ser debidamente acreditados. El órgano convocante decidirá dicha alteración cuando se encuentre debidamente justificado, y deberá limitarse a realizar la mínima modificación en el orden de prelación necesaria para posibilitar el acceso al puesto de la persona con discapacidad.

f) Este destino tendrá carácter definitivo, y en él se deberá permanecer un mínimo de dos años para volver a concursar o solicitar un nombramiento provisional, sin perjuicio de los supuestos excepcionales establecidos en el artículo 49.3 de este real decreto.

Este primer destino se asignará a los nuevos habilitados nacionales de entre los que quedasen libres como consecuencia del anterior concurso unitario. Es decir, de entre los sobrantes que nadie quiso en dicho concurso. 

Este cambio legislativo resultó ser una noticia terrible para los recién aprobados, que veían como después de haber superado la difícil prueba de oposición y curso selectivo, la nueva norma los obligaba a tener que obtener su primer puesto (y permanecer dos años en el mismo) en destinos a los que nadie había querido ir antes por un motivo u otro (malas retribuciones, largas distancias a ciudades, situaciones económicas penosas, etc). Era la medida estrella del Ministerio de Hacienda y Función Pública para repoblar las zonas rurales con gente más o menos joven y en edad más o menos fértil. 



Desde la España vaciada a tu corazón, con amor.

XOXOX, tu primer destino


Sea por el motivo que sea, ni en la promoción que fue nombrada funcionaria de carrera en 2018 ni en la promoción que va a ser nombrada este año se ha aplicado aún dicha medida, obteniendo los nuevos funcionarios un destino provisional tras el nombramiento y esperando al concurso unitario que se realice posteriormente para obtener un destino definitivo.

A pesar del miedo y el estupor infundidos a través de dicha modificación legislativa entre los nuevos habilitados, y el alivio por su falta de aplicación posteriormente, la situación en la que estos habilitados novatos se encuentran a la hora del primer concurso unitario es la misma que la derivada de dicha novedad legal. Porque en la práctica, en el primer concurso unitario en el que participan, se ven con menos puntos que ningún otro aspirante (salvo que se trate de interinos que han prestado servicios durante múltiples años antes de ser nombrados funcionarios de carrera) y en una clara situación de desventaja, lo que les obliga a tener que elegir los destinos menos apetecibles o descartados por el resto de aspirantes anteriormente. 

Es así, el primer destino (salvo excepciones en áreas de interior con menor demanda) es el destierro, el viaje, el choque con la realidad. 

A esto contribuye sin duda la escasa información con que cuentan los funcionarios para elegir los destinos en el concurso, ya que sólo se conoce el nombre del municipio y, si se quieren conocer detalles sobre retribuciones del puesto, situación económica del municipio, personal con que cuenta el ayuntamiento, organización interna u otros, debe llamarse por teléfono uno a uno a cada destino, completar dicho cuestionario con una revisión de las páginas web municipales y confiar en que toda la información que nos es facilitada es cierta y ajustada a la realidad.


El día después del concurso: el juego de las sillas

A pesar del mazazo que suele resultar la noticia del primer destino asignado al SIAL en el primer concurso, que ni siquiera hace falta esperar a que se publique ya que muchas direcciones autonómicas de administración local lo comunican por teléfono antes de la publicación en esos días previos de nervios y tensiones varias, la cosa cambia en cuestión de horas o incluso de días y semanas. Porque es conocerse los destinos asignados y comenzar la maquinaria de las comisiones de servicio o, a una muy mala en la que no se puede conseguir dicha figura por negativa de alguna Alcaldía, de los diferimientos de los ceses y las tomas de posesión para ganar un poco de tiempo de maniobra.

Y es que, en opinión de algunos miembros del cuerpo, obtener la deseada comisión de servicios es sólo una cuestión de tiempo: si el agraciado alcalde o alcaldesa del municipio al que le toca ir a trabajar al/a la habilitado/a se niega a aceptar que no quiere ir ni aunque lo/a maten y no le firma la comisión de servicio, el/la mismo/a funcionario/a habilitado/a puede hacerle cambiar muy pronto de opinión. Comienza un periodo de tira y afloja, de reparos, de ralentización de expedientes cruciales para el municipio, de informes desfavorables y actividad frenética de acoso y derribo. 

Yo disiento totalmente de dicha dinámica, pues si bien es verdad que algunos municipios tienen unas retribuciones fatales por las que no se puede pretender que un habilitado nacional ejercite de sus funciones (en cuyo caso justifico la huida del/de la  habilitado/a), no siempre la negativa a ocupar el puesto se debe a causas económicas; y así municipios más remotos o peor comunicados se ven privados de la figura del habilitado nacional concurso tras concurso, a pesar de que estiman y necesitan dicha figura y los alcaldes hacen todo lo posible por conseguirla. Veo en la forma de actuar de los funcionarios mala intención, sabotaje, chantaje, mala fe y primacía del interés particular frente al interés general, además de una falta de ética profesional. 

De esta forma, con malas artes o no, en unos pocos meses después de la publicación de la resolución del concurso, el panorama de los habilitados está tan cambiado que poco o nada tiene que ver con el listado resultante del concurso. Las poblaciones aledañas a las ciudades y núcleos de población grandes están ocupadas, muchos secretarios-interventores pasan a ocupar puestos vacantes de secretaría o intervención de entrada y los pequeños municipios de la España interior remotos o mal comunicados siguen esperando una nueva oportunidad para contar con un habilitado en sus filas, condenamos a la precariedad y al abandono.


Fomento de la estabilidad y la permanencia 

Todo esto ocurre a pesar de que la propia normativa del concurso contempla medidas que fomentan la ocupación de los puestos asignados en el concurso y la permanencia en los mismos. De hecho, la Orden de 10 de agosto de 1994 por la que se dictan normas sobre concursos de provisión de puestos reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional prevé en su artículo 1, entre los méritos de carácter general a valorar, una mayor puntuación por el servicio activo en puestos de trabajo de la misma subescala por la que se concursa que por el desempeño de puestos de otras subescalas que se incrementa aún más por la permanencia continuada en el mismo por un periodo superior a tres años. 

Porque no debemos olvidar que la búsqueda del santo grial es una misión que vamos a desempeñar a lo largo de toda nuestra carrera profesional, que las cosas grandes se consiguen poco a poco con esfuerzo y tiempo y que el sacrificio de hoy puede ser el beneficio de mañana. Así que a lo mejor el hecho de asumir el palo del primer destino resultante del concurso unitario y desempeñarlo fielmente puede ser considerado como ese "un añito en el infierno" que popularizó el Atlético de Madrid con su descenso a segunda división allá por el año 1999 (que finalmente se alargó hasta los dos años).

Todo es una cuestión de prioridades, hay quienes están dispuestos a asumir ese "sacrificio" y hay quienes prefieren vivir el presente y no pensar en el futuro. Pero también es verdad que a veces me pregunto: ¿qué lleva a un/a opositor/a que no soporta ni tolera la idea de trabajar en un pueblo a estudiar Secretaría-Intervención? Cuando estudiaban el tema del problema de la planta municipal española... ¿no creían que el minifundismo del que habla el tema era completamente cierto?


El difícil equilibrio de la estabilidad emocional y mental    

Como he dicho al principio de esta entrada, lo que más valoro yo en un destino es que me permita mantener la estabilidad emocional y mental. Este requisito cada uno puede identificarlo con múltiples factores diferentes: unos lo valorarán con el hecho de poder trabajar de forma autónoma y que le dejen hacer sin interrupciones ni impedimentos, otros con la existencia de un equipo de personas cualificadas que le apoyen y estén dispuestas a cambiar su forma de trabajo y a mejorar bajo sus indicaciones, otras con la presencia de una Alcaldía que no se oponga a las medidas propuestas por la Secretaría-Intervención, habrá quien lo identifique con una empresa contratada que le realice los expedientes y actuaciones en materia de Intervención, otros con un puesto de trabajo en el que no se tenga que atender al público ni coger llamadas externas, etc. 

Yo, en particular, me conformaría con tener un personal cualificado o al menos con ganas e interés por adquirir cualificación, voluntad por cambiar las formas de hacer y mejorar en lo posible y una Alcaldía con dedicación real a los asuntos municipales que escuche los consejos y el asesoramiento de la Secretaría-Intervención y que asuma sus cometidos adoptando decisiones, sin obligar al secretario a innovar o a imaginar lo que se quiere de él. 

Pienso que en el caso de los habilitados nacionales nuestra gran formación y conocimiento es, en ocasiones, nuestra gran condena, ya que contemplamos en nuestros ayuntamientos decenas de actuaciones que se llevan a cabo sin la más mínima sujeción a las leyes y a un mínimo procedimiento. Con la frase "esto siempre se ha hecho así" asistimos al cobro de tasas o precios públicos sin ordenanzas que los regulen, ventas de nichos en el cementerio (sí ventas, no concesiones), pago de subvenciones a asociaciones sin trámites alguno, contrataciones a base de telefonazo, pago de premios sin retenciones fiscales y otros mil y un despropósitos. 

Y donde cualquier trabajador municipal sin mucha formación o con una formación que no se ha reciclado en muchos años ve una forma natural de actuar, nosotros vemos un pecado mortal y nos escandalizamos por ello y por el escaso tiempo del que disponemos para cambiar y luchar contra esas dinámicas de trabajo y actuación. 

En esto casos: tranquilidad, calma y buenos alimentos. Hay que luchar por mejorar nuestras administraciones, pero sin olvidar que la vida es larga y que 35 o 40 años en esta profesión y sometidos a estas tensiones puede causar estragos en nuestro bienestar.

Mucho ánimo a todos. 

¡Nos leemos!  

Kit básico de supervivencia
del habilitado nacional

lunes, 30 de septiembre de 2019

Temporada de setas, justificación de subvenciones y apretón de tuercas

Con la llegada del segundo semestre del año, y especialmente del último trimestre, llega el momento de justificar las subvenciones recibidas por las entidades locales de otras administraciones de ámbito superior (principalmente diputaciones provinciales y comunidades autónomas) y de rendirles pleitesía ante tal benevolencia. 

Toca cumplir las exigencias establecidas por dichas administraciones en las bases reguladoras de cada subvención, certificar todo lo materialmente certificable (la adjudicación de la actuación, la aprobación de las factura, la recepción, los pagos, la no concurrencia de otras subvenciones o fuentes de ingresos, la publicidad de la actuación y de los entes financiadores...) y demostrar que somos inocentes y merecemos seguir viviendo, puesto que en este ámbito existe presunción de culpabilidad de los ayuntamientos mangantes e ineptos.

Tenemos que ponernos las pilas y cumplir los plazos señalados, independientemente que las administraciones que conceden las subvenciones hayan sacado la convocatoria para cubrir los gastos del ejercicio corriente a mitad de año y te resuelvan la concesión ya entrado el mes de julio, o incluso que en ocasiones que la convoquen en noviembre y la resuelvan en diciembre. El ayuntamiento debe haber ejecutado las actuaciones a lo largo de todo el ejercicio y haber consignado los fondos propios necesarios para cubrir los gastos subvencionables y además debe cumplir el plazo de justificación concedido, so pena de perder la subvención o de que ésta le sea minorada. No importa que exista un retraso evidente en la actuación de la administración convocante derivada de una mala planificación y de una pésima gestión negligente, los ayuntamientos como último eslabón de la cadena deben asumir dicho desastre organizativo y prestar el servicio puntual a su riesgo y ventura (sin saber si se convocará o si finalmente recibirán una subvención para ello), así como cumplir los plazos que se le conceden con diligencia. 

Sí amigos, somos los cenicientamientos, los esclavos de este sistema de capitalismo institucional que traslada al sistema institucional administrativo lo peor de nuestro sistema económico, donde "el dinero es lo primero" y "quien paga manda". 

No importa que en realidad dichas subvenciones se apliquen a ámbitos de competencia de otras administraciones públicas y que la actuación de los ayuntamientos sea en realidad la ejecución práctica de actuaciones que no les corresponden, sino que corresponden a la entidad concedente de la subvención. Los ayuntamientos, por el hecho de ser la administración más cercana al ciudadano, deben ejecutar las actuaciones aunque se traten de competencias ajenas y facilitar a otras administraciones de ámbito superior el cumplimiento de su misión y objetivos. 



Algún día llegará mi momento, y
bailaré y deslumbraré con mi vestido,
aunque tenga 70 años...


Ejemplo práctico de la sumisión local 


Un ejemplo: la competencia en materia de empleo (en aplicación de lo previsto en el artículo 40 de la Constitución Española: "Los poderes públicos promoverán las condiciones favorables para el progreso social y económico y para una distribución de la renta regional y personal más equitativa, en el marco de una política de estabilidad económica. De manera especial realizarán una política orientada al pleno empleo").

A pesar de que la Constitución Española asigna esta competencia a los poderes públicos de manera general, en la normativa de distribución de competencias en la materia las entidades locales únicamente tienen atribuciones en materia de empleo público, en ejercicio de su potestad de autoorganización. La competencia en el ámbito de empleo ha sido asumida por las comunidades autónomas en sus estatutos, que gestionan las oficinas del servicio público de empleo estatal, así como la formación para el empleo. No obstante, es muy habitual que para cumplir su misión, las comunidades autónomas "utilicen" a los ayuntamientos. 

Para ello, crean planes de subvención y encargan a los ayuntamientos la realización de los mismos para cumplir sus objetivos, a cambio de la obtención de la subvención que va destinada al pago de los salarios y seguridad social de los trabajadores temporales a contratar y en ningún caso a retribuir las labores y actuaciones que los ayuntamientos deben llevar a cabo para que dicho programa salga adelante. 

Así, las comunidades autónomas consignan en sus presupuestos un crédito para cumplir su cometido, aprueban unas bases reguladoras de las subvenciones, conceden las subvenciones a los consistorios para que éstos hagan el resto del trabajo sucio y posteriormente se limitan a verificar el cumplimiento de las bases por parte de los municipios. ¡Listo, competencia cumplida!

En las bases, muchas veces incluyen los criterios de baremación de los aspirantes a los empleos (criterios sociales, de igualdad de género, formativos, etc.) y definen los puestos de trabajo a crear. Así, al mismo tiempo que cumplen su objetivo de promover el empleo de la población, cumplen otras de sus competencias como luchar contra la marginación social, promover la integración de la mujer al ámbito laboral, cuidar el medio forestal u otros, sin tener en cuenta para nada las necesidades y aspiraciones de los ayuntamientos que finalmente deben tramitar todas las actuaciones. 

Y de este modo, los consistorios tentados con el caramelo del dinerito que permitirá dar empleo a sus vecinos, se adhieren voluntariamente al plan de subvención, asumiendo los trabajos de publicar las ofertas de empleo, recibir la documentación de los aspirantes, baremar y clasificar a los candidatos, realizar los contratos y tramitar las altas y bajas en la seguridad social, tramitar las nóminas, vacaciones y permisos, gestionar bajas laborales y finalmente realizar todos los trámites de justificación de la subvención. 

¿Y a cambio de qué? A cambio de nada... diferente a los posibles votos que pudieran conseguir los políticos municipales por el hecho de haber "dado" trabajo temporal a sus vecinos. ¿Y por qué digo que a cambio de nada? Porque los gastos en que incurre el ayuntamiento para realizar todos los trámites anteriores no son remunerados y subvencionados, sino que son obviados y asumidos por la entidad local. De esta manera, las diputaciones y las comunidades autónomas utilizan la capacidad gestora y el personal de los ayuntamientos en su propio beneficio. 

Eso en el mejor de los casos, ya que en ocasiones las subvenciones concedidas no cubren el 100% de los costes del personal a contratar y el ayuntamiento tiene que asumir la diferencia con fondos propios, o las personas seleccionadas con los criterios sociales fijados por la administración subvencionadora empiezan a cogerse bajas laborales cuyos costes no se consideran gastos subvencionables o a generar mil y un problemas por faltas de asistencia, mal comportamiento, deficiente calidad de sus trabajos, etc. en cuyo caso el programa de empleo subvencionado se convierte en una ruina para el consistorio.

Algunos lectores opinarán que bueno, si el ayuntamiento se adhiere al plan de subvención que se le ofrece es por voluntad propia, porque le interesa, y en realidad es así pero... ¿qué Alcaldía no quiere conseguir trabajo para sus vecinos, libros gratuitos para sus estudiantes, asistencia domiciliaria para sus mayores o colegios nuevos o renovados para sus niños/as? Aunque sólo sea por no salir perdiendo en la comparación con los municipios colindantes, nadie puede dejar pasar esos caramelitos envenenados. 


Cómete un caramelito,
verás que agradable para los dientes...


Vía de solución: reforma del sistema de financiación local

La única vía de solución de este problema que acucia a los ayuntamientos y que atropella de forma evidente su autonomía local es la reforma del sistema de financiación local.  Es necesario un nuevo modelo de financiación local que garantice a las entidades locales, y en particular a los ayuntamientos, los recursos suficientes para que puedan actuar según su propio criterio y no adaptándose a las convocatorias de las administraciones de ámbito superior para mendigar así recursos.

Algo se ha hecho ya en este sentido. De hecho, en la legislatura 2015-2019 la Federación Española de Municipios y Provincias se fijó como objetivo elaborar una propuesta de nueva ley de financiación local (ver la noticia: La FEMP comienza a elaborar la propuesta de una nueva ley de financiación local). 

Y consiguió que en 2017 se reuniera una Comisión de expertos de composición paritaria entre miembros designados por el gobierno de la nación y miembros designados por la FEMP, para analizar la situación del sistema de financiación local y que formulara, para mediados de ese mismo año, una propuesta de revisión del sistema de financiación local. 

En dicha propuesta se van analizando minuciosamente los distintos ingresos con que cuentan las haciendas locales y se van realizando propuestas de modificación de la regulación de dichas fuentes de financiación, pero nada se dice sobre las subvenciones y el uso interesado que realizan de las mismas otras administraciones de ámbito superior (respecto a los capítulos de transferencias corrientes y de capital solamente se menciona las transferencias del Estado de la Participación en los Tributos del Estado y las transferencias que realizan las comunidades autónomas de parte de la recaudación de sus tributos). Supongo que esta omisión se deberá a que en la FEMP tienen más influencia y representación alcaldes de ciudades y municipios grandes, en los que esta sumisión por la subvención se diluye entre sus múltiples trabajadores y no resulta tan evidente como cuando se concentra en la figura del/de la secretario/a rural y sus secuaces. 

No obstante, esta propuesta de modificación del modelo de financiación local tuvo poco recorrido. De hecho, una vez finalizado ese ejercicio 2017 en el que se había conseguido el logro de la reunión de la Comisión de expertos y la formulación del informe propuesta, la FEMP seguía reivindicando un nuevo modelo de financiación local y centrando sus reivindicaciones en la flexibilización de la regla de gasto, en la posibilidad de utilizar el superávit y en la necesidad de una nueva regulación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Bienes de Naturaleza Urbana (ver noticia: Objetivo prioritario para el año nuevo: la financiación local). Además, la federación reclamaba que se tramitaran conjuntamente la reforma del sistema de financiación autonómica y local, de tal manera que las corporaciones locales no tuvieran que conformarse con las migajas resultantes del reparto de fondos entre las voraces administraciones autonómicas. 



Comunidad autónoma en modo reforma
del sistema de financiación autonómico


Mucha lógica tiene esta reivindicación de la FEMP, ya que mientras que las comunidades autónomas ejercen mucha presión y tienen mucha capacidad de hacerse oír (sobre todo por ejercer competencias de tanta relevancia como son la sanidad, la educación o los servicios sociales, que consiguen movilizar a toda la población), parece que a las entidades locales sólo se les presta atención cuando se necesita algo de ellas o llegan periodos electorales. 

Pero claro, después de esta propuesta de modificación del sistema de financiación local llegó la moción de censura, las elecciones, el gobierno en funciones... y la financiación autonómica y local pasaron a otro plano. Pueden esperar. Total, ya llevan décadas esperando. 

En fin secretariuchos/as, que cojáis muchas setas y que no os aprieten mucho las tuercas, y si os las aprietan, ya sabéis que con un chorrito de aceite no duele tanto. 

¡Nos leemos!