Llevo más de un mes sin actualizar este blog, porque el actual estado de alarma, declarado el 14 de marzo con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus COVID-19, me tiene completamente noqueado. Durante este mes sin actualizar he cumplido mi primer año en destino, ha llegado la primavera, se ha impuesto en mis ayuntamientos el teletrabajo a mamporrazos y han ocurrido mil cosas más.
No he actualizado este blog, pero eso no quiere decir que en este último mes no haya estado observando atento, analizando y reflexionando sobre la situación actual y sobre cómo el Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales están actuando frente a la pandemia global. Y lo que veo y observo no deja de ser ciertamente sorprendente.
Las primeras reacciones, a remolque
Si todas las administraciones, incluso el Estado (que era la administración que con más información contaba sobre la incidencia del virus en otros países), han reaccionado mal y tarde en la gestión de la crisis sanitaria, en el caso de los ayuntamientos la cosa no pudo ser distinta.
Ya tardó mucho el gobierno en avisar de la seriedad de la que se nos venía encima. El mensaje de alarma se empezó a difundir a partir del día 9 de marzo, porque antes lo que se difundió era que el virus era como una gripe estacional y aún menos letal que la misma (ahora sabemos lo desafortunado de dichas consideraciones: La epidemia de coronavirus ha provocado ya cinco veces más muertes que la de gripe de 2019).
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| Gobierno de España y COVID-19: dilema entre prevención y alarmismo |
A partir del 9 de marzo, el Estado y las comunidades autónomas se pusieron las pilas, y a base de decretos, resoluciones, circulares, instrucciones y recomendaciones bombardearon los correos electrónicos de todas las administraciones con competencias o con posibilidad de colaborar en la gestión de la crisis sanitaria, avisándoles de la urgencia y la necesidad de adoptar medidas. Y en cumplimiento de dichos decretos-resoluciones-instrucciones-circulares un día los ayuntamientos tuvimos que cancelar las actividades deportivas y festivas, el día siguiente cerrar todos los centros de mayores o de asistencia social a los ancianos (hogares del pensionista, centros de respiro para mayores...), el posterior los parques y bibliotecas y por último incluso cerrar las oficinas municipales.
Y a pesar de que algunas comunidades autónomas reaccionaron relativamente rápido (la Generalitat Valenciana canceló la festividad de las Fallas de Valencia el día 10 de marzo), el Gobierno no declaró el estado de alarma hasta el día 14 de marzo, medida que se anticipó un día antes a través de una rueda de prensa del presidente del Gobierno. Esta decisión llegó ya muy tarde, cuando la situación estaba completamente descontrolada y el virus se extendía sin restricciones entre la población.
Desde ese punto de partida, toda la actuación realizada por las distintas administraciones con posterioridad fue tardía, descoordinada y llena de improvisación. Se produjo lo que esos días se conoció como la carrera contra el virus, en la que la COVID-19 llevaba siempre la delantera.
Y los ayuntamientos, como norma general, sea por el mensaje equivocado de tranquilidad que se recibía desde los medios de comunicación durante los primeros días o sea por no generar alarmismo entre sus vecinos, no adoptaron la posición de líderes en la lucha frente al virus, adelantándose a las eventualidades futuras y dictando órdenes aún más restrictivas de lo que se les iba ordenando en cada momento. Su actuación consistió, en la mayoría de casos, en adoptar medidas de suspensión de actos, cierre de servicios, difusión de información de prevención, etc. al ritmo que marcaron las comunidades autónomas, con posterioridad a sus dictados y en ocasiones incluso a regañadientes.
Un aspecto que me sorprendió considerablemente de esos primeros días fue el medio de comunicación utilizado por la mayoría de las administraciones para contactar con nosotros. No fue el registro electrónico a través de SIR o de ORVE, ni la notificación en sede electrónica, ni el correo postal certificado, ni el fax, ni cualquier otro medio disponible. El sistema de comunicación estrella de esta crisis ha sido el correo electrónico: todos los días en los ayuntamientos recibimos fácilmente unos 12-20 correos electrónicos en las que se nos adjuntan los últimos decretos, resoluciones, instrucciones, circulares, recomendaciones a aplicar en nuestro ámbito de actuación. A pesar de que estamos a tan sólo 6 meses de que entren en vigor completamente las previsiones de las Leyes 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público (entre las cuales se encuentran la obligatoriedad de la tramitación electrónica de los expedientes y de la utilización de la vía electrónica en la comunicación entre administraciones), las grandes administraciones no han hecho uso de ORVE o de SIR para enviar la documentación, ni tampoco han optado por notificar los documentos a través de su sede electrónica, sino que han preferido hacerlo a través del correo electrónico, medio que garantiza la inmediatez pero que no deja constancia de la recepción por parte del destinatario ni de su fecha de lectura.
El teletrabajo en época de confinamiento
Y uno de los aspectos en los que los consistorios han tenido que ceder, no sin ciertas resistencias, ha sido a posibilitar el teletrabajo de parte de su personal.
Tal vez las resistencias de los políticos locales se deban, entre otros aspectos, a la inexistencia de una norma que obligue a adoptar dicha medida (el borrador de real decreto de declaración del estado de alarma que se difundió el día 14 de marzo de 2020 incluía la obligación de facilitar la prestación laboral o funcionarial por medios no presenciales en su artículo 8, pero dicho artículo desapareció en la redacción del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, dejando a muchos empleados en la estacada). Otros factores que propiciaban dicha resistencia fueron: la novedad, pues nunca se había probado el funcionamiento totalmente electrónico y a distancia de la administración municipal, y la imperfecta implantación de dicha forma de trabajo en muchos consistorios.
El hecho es que en muchos ayuntamientos, aún habiéndose declarado ya el estado de alarma y el confinamiento de la población, se siguió trabajando presencialmente, bien a puerta cerrada o incluso a puerta abierta (invitando así a la población a que acudiera al ayuntamiento a hacer trámites que no estaban en ninguno de los supuestos excepcionales previstos para incumplir el confinamiento). En el facebook de los habilitados nacionales e incluso en los grupos de whatsapp de compañeros se palpaba el nerviosismo, pues algunos se veían obligados a acudir a sus centros de trabajo, sin habérseles entregado ningún equipo de protección. Incluso se produjeron contagios en los centros de trabajo.
No sería hasta que se publicó el Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se reguló el permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales, cuando los empleados públicos municipales tuvieron únicamente dos opciones: comenzar a teletrabajar o acudir al centro de trabajo (en caso de considerarse dicho trabajo un servicio esencial). Por medio quedaron dos semanas de nervios, negativas a acudir al centro de trabajo (que no a trabajar), tensiones, solicitudes de vacaciones y permisos y virus.
A pesar de que algunos expertos en materia de administración electrónica han visto la actual crisis sanitaria como una oportunidad para el teletrabajo y para el impulso de la administración electrónica, mi opinión es que esta etapa de confinamiento y trabajo a distancia no tendrá un efecto positivo para la implantación futura del trabajo a distancia. Los alcaldes y concejales no verán con buenos ojos esta modalidad de trabajo cuando pasemos esta crisis, porque queramos o no el trabajo y resultados de las administraciones se han ralentizado notablemente durante este tiempo. Todo ello a pesar de que hay trabajadores que están trabajando tanto o más en sus domicilios que lo hacían en sus puestos de trabajo. Porque muchos otros, sea por no contar con los medios adecuados en sus domicilios para teletrabajar, por no haberse formado suficientemente para ello, o por pensar que este confinamiento son unas vacaciones pagadas, no están cumpliendo con sus cometidos mínimos.
En el aspecto del teletrabajo, las grandes empresas privadas de servicios se han adaptado mucho mejor a la situación: permitieron a sus trabajadores teletrabajar desde el mismo momento en que se cerraron los centros educativos, les dieron los medios necesarios para ello y están funcionando prácticamente con total normalidad.
Los EPIS de la discordia
Si existe un término que se ha popularizado tremendamente con motivo de esta crisis sanitaria es el de EPI (abreviatura de equipo de protección individual), referido a los guantes, mascarillas, gafas, batas, buzos, pantallas, etc. que se utilizan para evitar el contagio de la enfermedad.
Y es que ha habido descoordinación y falta de planificación en muchos aspectos, pero es sin duda en el asunto de los EPIs donde la gestión ha sido más deficiente. En primer lugar para el personal sanitario, que ha tenido que luchar contra la pandemia sin equipos adecuados ni suficientes (incluso con equipos confeccionados con bolsas de basura), pero también para el personal de otros sectores.
Porque estamos de acuerdo en que ante la escasez de EPIs la preferencia debe ser para el personal sanitario y para el personal de seguridad, pero también hay muchos otros sectores en los que por real decreto se ha establecido que la actividad debe continuar y en los que las normas de prevención de riesgos laborales obligan a facilitar unos medios mínimos de protección a las empresas (y en los que los ayuntamientos actúan como empresas).
Y entre las cientos de comunicaciones que hemos recibido los ayuntamientos estas últimas semanas en los correos electrónicos, había algunas en las que se ponían a disposición de los consistorios vías de petición de ayuda en varias materias, siendo la petición de EPIs uno de ellas.
A fin de poder mantener los servicios esenciales que se prestan por los propios ayuntamientos (ayuda a domicilio, otros servicios sociales, abastecimiento de agua potable, limpieza y desinfección de calles...) hemos sido muchos los ayuntamientos que hemos pedido equipos de protección para nuestros trabajadores haciendo uso de dichas vías. Pero la respuesta que hemos recibido hasta el momento (si es que hemos recibido alguna) ha sido del todo insuficiente. Y nos choca que ahora que ya parece que la urgencia inicial está cubierta en las ciudades e incluso se van a empezar a repartir mascarillas a los usuarios de los transportes públicos en los grandes centros de población (El Gobierno repartirá mascarillas en el transporte público desde el lunes), aquí en los pueblos de la España vaciada no se haya garantizado ni siquiera la cobertura de las necesidades mínimas de los trabajadores de los servicios esenciales. Eso es lo que se dice tener los mismos derechos en cualquier parte del territorio del Estado (como dice el artículo 139.1 de la Constitución Española).
Y habrá quien acuse a los ayuntamientos de su falta de previsión y planificación, por no haber hecho acopio de EPIs antes de que explotara la crisis sanitaria y de que se convirtieran en un producto escaso, pero con la cantidad de versiones que las autoridades sanitarias han dado sobre esta materia (el 6 de marzo el Ministerio de Sanidad no recomendaba el uso de mascarillas más que a personas contagiadas o con síntomas: ¿Debo utilizar mascarillas para protegerme?, el 27 de marzo el Ministerio de Sanidad aún mantenía la misma posición: ¿Debo utilizar mascarilla para protegerme del coronavirus?, el 4 de abril la cosa empezaba a cambiar: Sanidad defendió que "no tiene ningún sentido" usar mascarillas y ahora lo pedirá a toda la población) y teniendo en cuenta que desde el mes de enero no había existencia de mascarillas en España por la compra y envío masivos de este producto que los ciudadanos chinos hicieron cuando estalló en China la crisis, ¿qué responsabilidad por la falta de EPIs puede achacarse a los ayuntamientos?
Las residencias de ancianos y el efecto "Manolete"
Y uno de los aspectos en los que los consistorios han tenido que ceder, no sin ciertas resistencias, ha sido a posibilitar el teletrabajo de parte de su personal.
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| Sin visitas inesperadas y sin teléfonos: ¡hay que ver cómo me cunde el tiempo! |
Tal vez las resistencias de los políticos locales se deban, entre otros aspectos, a la inexistencia de una norma que obligue a adoptar dicha medida (el borrador de real decreto de declaración del estado de alarma que se difundió el día 14 de marzo de 2020 incluía la obligación de facilitar la prestación laboral o funcionarial por medios no presenciales en su artículo 8, pero dicho artículo desapareció en la redacción del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, dejando a muchos empleados en la estacada). Otros factores que propiciaban dicha resistencia fueron: la novedad, pues nunca se había probado el funcionamiento totalmente electrónico y a distancia de la administración municipal, y la imperfecta implantación de dicha forma de trabajo en muchos consistorios.
El hecho es que en muchos ayuntamientos, aún habiéndose declarado ya el estado de alarma y el confinamiento de la población, se siguió trabajando presencialmente, bien a puerta cerrada o incluso a puerta abierta (invitando así a la población a que acudiera al ayuntamiento a hacer trámites que no estaban en ninguno de los supuestos excepcionales previstos para incumplir el confinamiento). En el facebook de los habilitados nacionales e incluso en los grupos de whatsapp de compañeros se palpaba el nerviosismo, pues algunos se veían obligados a acudir a sus centros de trabajo, sin habérseles entregado ningún equipo de protección. Incluso se produjeron contagios en los centros de trabajo.
No sería hasta que se publicó el Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se reguló el permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales, cuando los empleados públicos municipales tuvieron únicamente dos opciones: comenzar a teletrabajar o acudir al centro de trabajo (en caso de considerarse dicho trabajo un servicio esencial). Por medio quedaron dos semanas de nervios, negativas a acudir al centro de trabajo (que no a trabajar), tensiones, solicitudes de vacaciones y permisos y virus.
A pesar de que algunos expertos en materia de administración electrónica han visto la actual crisis sanitaria como una oportunidad para el teletrabajo y para el impulso de la administración electrónica, mi opinión es que esta etapa de confinamiento y trabajo a distancia no tendrá un efecto positivo para la implantación futura del trabajo a distancia. Los alcaldes y concejales no verán con buenos ojos esta modalidad de trabajo cuando pasemos esta crisis, porque queramos o no el trabajo y resultados de las administraciones se han ralentizado notablemente durante este tiempo. Todo ello a pesar de que hay trabajadores que están trabajando tanto o más en sus domicilios que lo hacían en sus puestos de trabajo. Porque muchos otros, sea por no contar con los medios adecuados en sus domicilios para teletrabajar, por no haberse formado suficientemente para ello, o por pensar que este confinamiento son unas vacaciones pagadas, no están cumpliendo con sus cometidos mínimos.
En el aspecto del teletrabajo, las grandes empresas privadas de servicios se han adaptado mucho mejor a la situación: permitieron a sus trabajadores teletrabajar desde el mismo momento en que se cerraron los centros educativos, les dieron los medios necesarios para ello y están funcionando prácticamente con total normalidad.
Los EPIS de la discordia
Si existe un término que se ha popularizado tremendamente con motivo de esta crisis sanitaria es el de EPI (abreviatura de equipo de protección individual), referido a los guantes, mascarillas, gafas, batas, buzos, pantallas, etc. que se utilizan para evitar el contagio de la enfermedad.
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| Papel higiénico y EPIs: esos oscuros objetos del deseo |
Y es que ha habido descoordinación y falta de planificación en muchos aspectos, pero es sin duda en el asunto de los EPIs donde la gestión ha sido más deficiente. En primer lugar para el personal sanitario, que ha tenido que luchar contra la pandemia sin equipos adecuados ni suficientes (incluso con equipos confeccionados con bolsas de basura), pero también para el personal de otros sectores.
Porque estamos de acuerdo en que ante la escasez de EPIs la preferencia debe ser para el personal sanitario y para el personal de seguridad, pero también hay muchos otros sectores en los que por real decreto se ha establecido que la actividad debe continuar y en los que las normas de prevención de riesgos laborales obligan a facilitar unos medios mínimos de protección a las empresas (y en los que los ayuntamientos actúan como empresas).
Y entre las cientos de comunicaciones que hemos recibido los ayuntamientos estas últimas semanas en los correos electrónicos, había algunas en las que se ponían a disposición de los consistorios vías de petición de ayuda en varias materias, siendo la petición de EPIs uno de ellas.
A fin de poder mantener los servicios esenciales que se prestan por los propios ayuntamientos (ayuda a domicilio, otros servicios sociales, abastecimiento de agua potable, limpieza y desinfección de calles...) hemos sido muchos los ayuntamientos que hemos pedido equipos de protección para nuestros trabajadores haciendo uso de dichas vías. Pero la respuesta que hemos recibido hasta el momento (si es que hemos recibido alguna) ha sido del todo insuficiente. Y nos choca que ahora que ya parece que la urgencia inicial está cubierta en las ciudades e incluso se van a empezar a repartir mascarillas a los usuarios de los transportes públicos en los grandes centros de población (El Gobierno repartirá mascarillas en el transporte público desde el lunes), aquí en los pueblos de la España vaciada no se haya garantizado ni siquiera la cobertura de las necesidades mínimas de los trabajadores de los servicios esenciales. Eso es lo que se dice tener los mismos derechos en cualquier parte del territorio del Estado (como dice el artículo 139.1 de la Constitución Española).
Y habrá quien acuse a los ayuntamientos de su falta de previsión y planificación, por no haber hecho acopio de EPIs antes de que explotara la crisis sanitaria y de que se convirtieran en un producto escaso, pero con la cantidad de versiones que las autoridades sanitarias han dado sobre esta materia (el 6 de marzo el Ministerio de Sanidad no recomendaba el uso de mascarillas más que a personas contagiadas o con síntomas: ¿Debo utilizar mascarillas para protegerme?, el 27 de marzo el Ministerio de Sanidad aún mantenía la misma posición: ¿Debo utilizar mascarilla para protegerme del coronavirus?, el 4 de abril la cosa empezaba a cambiar: Sanidad defendió que "no tiene ningún sentido" usar mascarillas y ahora lo pedirá a toda la población) y teniendo en cuenta que desde el mes de enero no había existencia de mascarillas en España por la compra y envío masivos de este producto que los ciudadanos chinos hicieron cuando estalló en China la crisis, ¿qué responsabilidad por la falta de EPIs puede achacarse a los ayuntamientos?
Las residencias de ancianos y el efecto "Manolete"
Como todos sabemos ya, la COVID-19 afecta especialmente a las personas de edad avanzada con patologías previas, y los centros residenciales para mayores están siendo los principales focos de infección y donde la pandemia está alcanzando una mayor letalidad.
A pesar de no ser una competencia propia de los ayuntamientos, son muchos los ayuntamientos que cuentan con residencias que gestionan bien directamente o bien a través de concesiones de servicio. Es una competencia impropia muy popular en el mundo local, y hasta municipios de menos de mil habitantes tienen sus propias residencias de ancianos.
Los regidores contemplan las residencias de mayores como una inversión perfecta, por varios motivos:
1. La construcción del centro puede financiarse a través de subvenciones de las diputaciones o de las comunidades autónomas.
2. Entre sus vecinos, población envejecida, existe un deseo de poder pasar la vejez en el pueblo, en su entorno natural entre vecinos y sin necesidad de ir a vivir a las ciudades donde habitan sus descendientes.
3. La creación de una residencia permite generar puestos de trabajo en el municipio, como son los puestos del personal de limpieza, cocina, cuidadores, etc. para los que no es necesaria una gran formación y podrían ser desempeñados por personas del pueblo.
4. La visión de las residencias de ancianos es la de negocios rentables e incluso lucrativos.
5. La suma de las tres medidas anteriores beneficia a gran parte de la población, por lo que con la puesta en marcha de este proyecto se pueden conseguir muchos votos en el medio y largo plazo.
Pero esta inversión, que en la mente del político municipal parece ideal, presenta muchas fugas:
A pesar de no ser una competencia propia de los ayuntamientos, son muchos los ayuntamientos que cuentan con residencias que gestionan bien directamente o bien a través de concesiones de servicio. Es una competencia impropia muy popular en el mundo local, y hasta municipios de menos de mil habitantes tienen sus propias residencias de ancianos.
Los regidores contemplan las residencias de mayores como una inversión perfecta, por varios motivos:
1. La construcción del centro puede financiarse a través de subvenciones de las diputaciones o de las comunidades autónomas.
2. Entre sus vecinos, población envejecida, existe un deseo de poder pasar la vejez en el pueblo, en su entorno natural entre vecinos y sin necesidad de ir a vivir a las ciudades donde habitan sus descendientes.
3. La creación de una residencia permite generar puestos de trabajo en el municipio, como son los puestos del personal de limpieza, cocina, cuidadores, etc. para los que no es necesaria una gran formación y podrían ser desempeñados por personas del pueblo.
4. La visión de las residencias de ancianos es la de negocios rentables e incluso lucrativos.
5. La suma de las tres medidas anteriores beneficia a gran parte de la población, por lo que con la puesta en marcha de este proyecto se pueden conseguir muchos votos en el medio y largo plazo.
Pero esta inversión, que en la mente del político municipal parece ideal, presenta muchas fugas:
1. Se trata de un servicio complejo e intensivo en mano de obra. Aparte del personal de escasa cualificación en el que piensan los alcaldes cuando proyectan abrir una residencia, se requiere mucho más personal cualificado que difícilmente se puede encontrar en el municipio: médicos, enfermeros, fisioterapeutas, cocineros, psicólogos... Este personal, de elevada cualificación, será exigido por la comunidad autónoma antes de otorgar la autorización de funcionamiento del centro.
2. Las residencias de ancianos son negocios rentables... siempre que estén bien gestionados. El alcalde y sus concejales, a los que no se les exige ningún tipo de cualificación para desempeñar sus cargos, difícilmente tendrán la preparación necesaria para gestionar un servicio tan complejo como el de una residencia de ancianos.
3. Muchas veces las residencias de ancianos se ponen en marcha sin haber realizado un estudio serio y concienzudo de la demanda, de la actividad, con su estudio de costes y de viabilidad económico-financiera, de sus amenazas, oportunidades, debilidades y fortalezas.
4. Las aspiraciones electorales de los alcaldes con las residencias de ancianos hacen que no se escatime en la gestión de dichos servicios. Los costes se multiplican, mientras los precios deben mantenerse bajos para que toda la población pueda ser usuaria potencial, aunque la residencia resulte fuertemente deficitaria. Es un "caladero de votos" que es necesario comprar, aunque sea con dinero público.
El resultado, es que finalmente muchas residencias no resultan sostenibles financieramente. Algunos ejemplos:
- 122 ayuntamientos mantienen sus residencias municipales a pesar de la escasa rentabilidad
- Nueve ayuntamientos encallan en su proyecto de poner en marcha residencias de ancianos
Y si a todo lo anterior le añades una crisis sanitaria con un virus tan agresivo como el SARS-CoV-2, las consecuencias son ruinosas, además de dramáticas. Ejemplos de residencias municipales afectadas por coronavirus que han salido en los medios de comunicación en las últimas semanas:
- Confirmados cerca de sesenta positivos por coronavirus en la residencia de mayores de Alcalá del Valle
- Residencia municipal de Sestao: 10 fallecidos y 46 de sus 48 mayores han dado positivo
- La residencia de Sariñena refuerza su personal tras los cuatro positivos por coronavirus
- Una trabajadora de la residencia municipal de mayores de Barbastro da positivo en coronavirus
En ocasiones como la del municipio de Alcalá del Valle (Cádiz), el sueño dorado de un alcalde avispado, puede convertirse en pesadilla. Y si no, juzgad vosotros mismos:
2. Las residencias de ancianos son negocios rentables... siempre que estén bien gestionados. El alcalde y sus concejales, a los que no se les exige ningún tipo de cualificación para desempeñar sus cargos, difícilmente tendrán la preparación necesaria para gestionar un servicio tan complejo como el de una residencia de ancianos.
3. Muchas veces las residencias de ancianos se ponen en marcha sin haber realizado un estudio serio y concienzudo de la demanda, de la actividad, con su estudio de costes y de viabilidad económico-financiera, de sus amenazas, oportunidades, debilidades y fortalezas.
4. Las aspiraciones electorales de los alcaldes con las residencias de ancianos hacen que no se escatime en la gestión de dichos servicios. Los costes se multiplican, mientras los precios deben mantenerse bajos para que toda la población pueda ser usuaria potencial, aunque la residencia resulte fuertemente deficitaria. Es un "caladero de votos" que es necesario comprar, aunque sea con dinero público.
El resultado, es que finalmente muchas residencias no resultan sostenibles financieramente. Algunos ejemplos:
- 122 ayuntamientos mantienen sus residencias municipales a pesar de la escasa rentabilidad
- Nueve ayuntamientos encallan en su proyecto de poner en marcha residencias de ancianos
Y si a todo lo anterior le añades una crisis sanitaria con un virus tan agresivo como el SARS-CoV-2, las consecuencias son ruinosas, además de dramáticas. Ejemplos de residencias municipales afectadas por coronavirus que han salido en los medios de comunicación en las últimas semanas:
- Confirmados cerca de sesenta positivos por coronavirus en la residencia de mayores de Alcalá del Valle
- Residencia municipal de Sestao: 10 fallecidos y 46 de sus 48 mayores han dado positivo
- La residencia de Sariñena refuerza su personal tras los cuatro positivos por coronavirus
- Una trabajadora de la residencia municipal de mayores de Barbastro da positivo en coronavirus
En ocasiones como la del municipio de Alcalá del Valle (Cádiz), el sueño dorado de un alcalde avispado, puede convertirse en pesadilla. Y si no, juzgad vosotros mismos:
Ante una situación límite como esta, no queda más que devolver la competencia a la administración a la que siempre debería haberle correspondido el servicio, por tratarse de su competencia propia, por tener los medios y la capacidad suficiente para hacer frente al problema. Porque Manolete, si no sabes torear ¿pa' que te metes?
Alcaldes y alcaldesas, concejalas y concejales, los chicos y chicas de moda
En situaciones extremas como las que estamos viviendo, la normativa prevé que los alcaldes y alcaldesas adquieran atribuciones especiales, no ejercitables en otras circunstancias. Son las competencias previstas en el artículo 21.1. k de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local (que determina que los alcaldes ostentan las siguientes atribuciones: "El ejercicio de las acciones judiciales y administrativas y la defensa del ayuntamiento en las materias de su competencia, incluso cuando las hubiere delegado en otro órgano, y, en caso de urgencia, en materias de la competencia del Pleno, en este supuesto dando cuenta al mismo en la primera sesión que celebre para su ratificación") y sobre todo en el artículo 21.1. m de esa misma norma (los alcaldes ostentan las siguientes atribuciones: "Adoptar personalmente, y bajo su responsabilidad, en caso de catástrofe o de infortunios públicos o grave riesgo de los mismos, las medidas necesarias y adecuadas dando cuenta inmediata al Pleno").
Si bien de la primera de dichas capacidades puede ser utilizada en otros contextos diferentes al estado de alarma actual, la atribución de adoptar medidas necesarias en caso de catástrofe o de infortunios públicos o de grave riesgo parece que está pensada para la situación presente.
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| Ser alcalde/sa en tiempos de coronavirus: una oportunidad de hacer historia |
- Regidores con ínfulas de disc jockeys
- Alcaldes bailarines
- Alcaldes aspirantes a profesionales de la animación
- Alcaldes con inquietudes religiosas
- Alcaldes con ambiciones policiales
Hasta tal punto ha llegado el desfase, que las Delegaciones del Gobierno han tenido que intervenir y poner un poco de orden en esta situación, instando a los ayuntamientos a centrarse en sus competencias y en las actuaciones realmente importantes en esta situación (garantizar el abastecimiento de agua potable, la recogida de basuras, los servicios sociales, la limpieza viaria y de edificios municipales, etc.) y a dejar de realizar aquellas que no se consideran esenciales o que podrían conllevar diferencias de trato entre ciudadanos. Al mismo tiempo, han aprovechado la ocasión para denunciar la ineptitud de algunos ayuntamientos, cuya actuación consideran que han sobrepasado todos los límites (sobre este asunto ya tratamos en mi entrada Los ayuntamientos: esos tremendos ineptos).
Así mismo, las Delegaciones del Gobierno han recordado a los consistorios de múltiples comunidades autónomas que únicamente tienen potestades administrativas y que son meros ejecutores de las medidas contenidas en las normas dictadas por los órganos con potestad legislativa (el Estado y las comunidades autónomas).
Dejo a continuación algunos ejemplos de dichas intervenciones de las Delegaciones del Gobierno:
Los alcaldes de Mallorca se sienten ‘amenazados’ por una carta del Gobierno contra los actos lúdicos
El Gobierno pone fin a las ocurrencias de los alcaldes: ni juego del coronavirus ni sirenas festivas
Ya no habrá felicitaciones a menores que cumplan años en Cáceres en este estado de alarma
Sector público y sector privado
El problema ocasionado por este virus es de tal magnitud, que se está precisando la colaboración tanto pública como privada para hacerle frente y para limitar, en lo posible, sus efectos. Pero la actuación de ambos sectores a ojos de cualquier ciudadano ha sido del todo diferente, y el recuerdo que dejará la gestión pública de la crisis en las memorias de los españoles divergirá mucho del que dejará la gestión privada.
El sector público luchaba en casa, haciendo frente a un problema para el que estaba destinado (la salud pública, el bienestar social y la seguridad de los ciudadanos son prestaciones básicas del estado del bienestar) y su resultado ha sido bastante irregular: junto con actuaciones sorprendentes y admirables (montaje de hospitales de campaña por el ejército en tiempo récord, excelencia de la atención sanitaria, desinfecciones masivas de espacios públicos, etc.) y con grandes dosis de heroicidad e iniciativas personales, han existido otras actuaciones no tan memorables (retrasos en la declaración del estado de alarma, adquisición tardía de material sanitario que finalmente llegó defectuoso, descoordinación entre distintas administraciones, gobiernos autonómicos que aprovecharon la circunstancia para mezclar asuntos políticos y de salud pública, una Unión Europea insolidaria con los problemas de los ciudadanos del sur, administraciones paralizadas por su incapacidad de adaptarse al teletrabajo...).
Por su parte, la participación del sector privado en la crisis ha sido mucho más circunstancial (por el hecho de no estar predestinado a involucrarse en dichos problemas) y en muchos casos por pura voluntariedad. Aunque ha habido casos de empresarios que han utilizado esta crisis en su propio beneficio (exportación de productos sanitarios a terceros países, incrementos de precios de productos y servicios básicos, etc. ), en global la actuación del sector privado en la crisis ha sido admirable. Las grandes empresas se adaptaron sin problema al teletrabajo, en muchas ocasiones reconfiguraron sus líneas de producción para producir los bienes más necesarios en la situación actual (EPIs, respiradores, etc.), se realizaron aportaciones y donaciones millonarias para luchar contra la enfermedad y surgieron miles de iniciativas solidarias, incluso de manos de pequeñas empresas y autónomos (servicios culturales gratuitos, autoservicios de gasolineras para camioneros, conciertos online en directo, etc.).
Aún es pronto para pronosticar los efectos que esta crisis sanitaria tendrá sobre la sociedad española en su conjunto y los cambios a los que puede dar origen, pero es cierto que el equilibrio entre sector público y sector privado en la visión de los ciudadanos puede haberse visto afectado a favor del sector privado.
Y vosotros, ¿qué opináis sobre todo ello?
¡Nos leemos!
Sector público y sector privado
El problema ocasionado por este virus es de tal magnitud, que se está precisando la colaboración tanto pública como privada para hacerle frente y para limitar, en lo posible, sus efectos. Pero la actuación de ambos sectores a ojos de cualquier ciudadano ha sido del todo diferente, y el recuerdo que dejará la gestión pública de la crisis en las memorias de los españoles divergirá mucho del que dejará la gestión privada.
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| Publico y privado: dos formas radicalmente distintas de ver la vida |
El sector público luchaba en casa, haciendo frente a un problema para el que estaba destinado (la salud pública, el bienestar social y la seguridad de los ciudadanos son prestaciones básicas del estado del bienestar) y su resultado ha sido bastante irregular: junto con actuaciones sorprendentes y admirables (montaje de hospitales de campaña por el ejército en tiempo récord, excelencia de la atención sanitaria, desinfecciones masivas de espacios públicos, etc.) y con grandes dosis de heroicidad e iniciativas personales, han existido otras actuaciones no tan memorables (retrasos en la declaración del estado de alarma, adquisición tardía de material sanitario que finalmente llegó defectuoso, descoordinación entre distintas administraciones, gobiernos autonómicos que aprovecharon la circunstancia para mezclar asuntos políticos y de salud pública, una Unión Europea insolidaria con los problemas de los ciudadanos del sur, administraciones paralizadas por su incapacidad de adaptarse al teletrabajo...).
Por su parte, la participación del sector privado en la crisis ha sido mucho más circunstancial (por el hecho de no estar predestinado a involucrarse en dichos problemas) y en muchos casos por pura voluntariedad. Aunque ha habido casos de empresarios que han utilizado esta crisis en su propio beneficio (exportación de productos sanitarios a terceros países, incrementos de precios de productos y servicios básicos, etc. ), en global la actuación del sector privado en la crisis ha sido admirable. Las grandes empresas se adaptaron sin problema al teletrabajo, en muchas ocasiones reconfiguraron sus líneas de producción para producir los bienes más necesarios en la situación actual (EPIs, respiradores, etc.), se realizaron aportaciones y donaciones millonarias para luchar contra la enfermedad y surgieron miles de iniciativas solidarias, incluso de manos de pequeñas empresas y autónomos (servicios culturales gratuitos, autoservicios de gasolineras para camioneros, conciertos online en directo, etc.).
Aún es pronto para pronosticar los efectos que esta crisis sanitaria tendrá sobre la sociedad española en su conjunto y los cambios a los que puede dar origen, pero es cierto que el equilibrio entre sector público y sector privado en la visión de los ciudadanos puede haberse visto afectado a favor del sector privado.
Y vosotros, ¿qué opináis sobre todo ello?
¡Nos leemos!
