En estos días en que se ha celebrado el congreso Novagob 2019 en Sevilla y el I Congreso de Control Interno Local CCIL en Badajoz, entre otros muchos encuentros en los que se debate y se reflexiona sobre el futuro de la administración, sobre la necesaria innovación y modernización de la misma y sobre las decisiones estratégicas a adoptar para asegurar el futuro y la posición que ocupa en la sociedad, no puedo estar más que agradecido a los asistentes a dichas convocatorias por ello.
Y estoy agradecido porque están realizando una labor de reflexión, de valoración de alternativas, de proyección de futuro, de visión y de planificación que ni yo ni mi administración estamos en posición de realizar en estos momentos; pero gracias a ellos y a su trabajo, tendré en un futuro referentes a los que admirar, seguir y copiar para evolucionar y avanzar (benchmarking lo llaman en el mundo de la empresa).
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| ¡Qué agradable y placentera la vida a remolque! |
Habrá quien me recrimine mi comodidad y el hecho de no haber asistido a tan relevantes y determinantes citas de profesionales para garantizar la innovación en mis ayuntamientos, la modernización de su funcionamiento y actuaciones y la previsión y anticipación necesaria para una actuación estratégica. Y sí, soy culpable por no asistir a dicho evento, porque estoy seguro de que si hubiera puesto todo mi empeño y hubiera presionado a mis alcaldes para que me dejaran ir al congreso, lo habría conseguido (los secretarios podemos conseguir todo lo que nos propongamos). Pero claro, el congreso Novagob ha tenido lugar en tres días laborables y habría necesitado un día más para desplazarme hasta Sevilla y lo mismo habría ocurrido de ir a Badajoz, lo cual hubiera supuesto un buen taco de papeles encima de mi mesa el primer día de trabajo después de los congresos en cada uno de mis ayuntamientos.
Se puede pensar que mejor andar un día o incluso una semana apretado para poder sacar adelante ese trabajo acumulado que andar el resto del tiempo perdido y actuando cual pollo sin cabeza por el hecho de no haber ido a congresos y no saber hacia dónde va la administración, cómo actuar antes los retos que se nos presentan y no tener una planificación estratégica en la que estén definidos claramente la visión, la misión, las actuaciones a realizar y las metas a conseguir tanto en el corto como en el largo plazo.
No obstante, debo confesar en mi defensa que en este momento sí que tengo una meta establecida, una misión y un objetivo claro: conseguir que mis ayuntamientos cumplan la legislación existente en este momento.
Sorprendente puede resultar que un secretario-interventor, el funcionario de mayor rango en el ayuntamiento y responsable de los servicios administrativos, se contente únicamente con que su administración cumpla la legislación aplicable. Porque cualquiera sabe que el artículo 103 de la Constitución Española determina que la administración actúa con sometimiento pleno a la ley y al derecho, y por tanto que un ayuntamiento actúe de esta manera es una premisa básica.
Pero si tenemos en cuenta la forma de elaborar las leyes en nuestro sistema legislativo, la peculiar organización de la planta local y la fuerza que la costumbre tiene en los microayuntamientos como fuente del derecho, mi objetivo de que mis consistorios cumplan la legislación existente el este momento, se convierte en una meta ambiciosa y costosa de cumplir.
El sistema legislativo español: think big to achieve big
Como hemos visto en entradas anteriores, las entidades locales carecen de potestad legislativa, que corresponde al Estado y a las comunidades autónomas, los cuales dictan las normas con rango de ley que resultan de aplicación a los ayuntamientos y diputaciones. Mientras tanto, los municipios tienen únicamente potestad reglamentaria.
Las Cortes Generales y las cámaras legislativas de las comunidades autónomas han optado siempre por legislar a lo grande, pensando siempre en las ciudades y capitales, y solamente en raras ocasiones hacen adaptaciones o introducen especialidades para facilitar la aplicación y efectividad de las normas en las entidades de menor tamaño, como son los municipios de tercera.
Así, los secretariuchos rurales nos encontramos con la paradoja de tener que cumplir normativa que requiere grandes dosis de conocimientos y destrezas informáticas (ley de procedimiento administrativo, archivo electrónico, protección de datos...) en ayuntamientos que ni siquiera cuentan con un informático en la plantilla, tener que rendir cuenta de los contratos que se formalizan hasta por cuatro vías diferentes (Tribunal de Cuentas, Registro de Contratos del Sector Público, portal de transparencia y Portal de Contratación del Sector Público si está sujeto a licitación pública) en ayuntamientos en los que el titular de la Secretaría-Intervención sólo va uno o dos días a la semana, tener que licitar todo gasto de carácter periódico o repetitivo que se realice independientemente de su importe -ver mi entrada anterior El contrato menor: como el gorrión al pueblo-, publicar todas las convocatorias de subvenciones que se realicen (estén o no sujetas a concurrencia), así como sus concesiones y pagos en la Base Datos Nacional de Subvenciones, cumplir un sinfín de obligaciones en materia de transparencia, mantener actualizado el inventario, tener un registro de asociaciones, un registro de personal, tener un plan de igualdad, etc.
Y ya si descendemos al nivel de la normativa autonómica de carácter más específico (residuos, defensa animal, piscinas públicas, agua de consumo humano, etc.) la cosa se complica ridículamente hasta el infinito. ¿Sabías que en muchas comunidades autónomas es obligatorio contar con un censo de animales domésticos? ¿Conoces cuáles son las obligaciones de tu ayuntamiento en materia de control y prevención de legionelosis según la normativa autonómica? ¿Cuál es el plazo mínimo de espera antes de la apertura de un nicho para realizar en él un nuevo enterramiento?
¡Secretariuchos/as de tercera... sois la monda!
La planta local: el tamaño importa
En entradas anteriores (ver El desastre de la planta municipal española) he manifestado mi opinión respecto al desastre organizativo de la administración local en nuestro país y he puesto el acento como posible vía de solución en los procesos de fusión de carácter obligatorio, ya que los voluntarios han demostrado no surtir efecto alguno.
Y cuanto más lo pienso, más llego a esa conclusión, porque aunque pueda parecer que en este blog se tratan temas anecdóticos, dispersos y con escasa vinculación entre ellos (la tómbola electoralista del empleo público local, la sobrecarga de funciones de los secretarios-interventores, la ineficaz e ineficiente ejecución de obras por la administración, el aspersor de las subvenciones locales, la falacia de la autonomía local, la ineptitud de los ayuntamientos, la cruzada contra el contrato menor...) yo identifico un claro hilo conductor entre todos ellos en una relación casi directa de causa-efecto: el tamaño del municipio.
A mayor dispersión y minifundismo en la planta local -> mayor sobrecarga de funciones de los secretarios-interventores y menor capacidad de gestión por la escasez de medios y personal; a mayor sobrecarga de funciones de secretarios-interventores y menor capacidad de gestión y de medios -> mayor ineptitud en la actuación de los ayuntamientos (por ejemplo más electoralismo en el empleo público, más locas subvenciones públicas, más ineficaz e ineficiente ejecución directa de obras por la administración, peores servicios al ciudadano); a mayor ineptitud en la actuación de los ayuntamientos -> mayor necesidad de que existan otras administraciones de ámbito superior que pongan un poco de orden y les aprieten de vez en cuando a los municipios y mayor despoblación de los núcleos urbanos por la escasez y baja calidad de los servicios; y así vuelta a empezar al inicio de este párrafo.
Lo cierto es que si se implantara este sistema de fusiones municipales obligatorias, en primer lugar se conseguirían poblaciones más grandes, con menores costes de prestación de servicios y con mejor abanico de servicios, lo cual ayudaría a fijar más la población al territorio y puede ser incluso se consiguiera revertir el fenómeno de la despoblación local. Al ser administraciones más grandes, contarían con más personal, de un perfil más técnico y especializado y las labores administrativas estarían más repartidas (quizás así se acabaría con la escasez actual de habilitados nacionales para cubrir todos los puestos reservados y que incluso sobraran algunos secretarios-interventores, debiendo reubicarse a los de carrera como técnicos de estas nuevas organizaciones de mayor tamaño). El hecho de tener más personal y más perfiles técnicos y de control supondría que las actuaciones a llevar a cabo por los gobernantes locales tendrían que pasar más filtros y serían controladas por mayor número de personas, lo que seguramente repercutiría en actuaciones de los ayuntamientos más sensatas, no tan ineptas o tractoristas. Las actuaciones sensatas y controladas de estos nuevos ayuntamientos objeto de las fusiones, les permitirían rebelarse contra la tiranía de las diputaciones y las comunidades autónomas, ya que no tendría sentido su papel actual de garantistas del orden y la cordura. La pérdida parcial de poder de las diputaciones y comunidades autónomas, permitiría a los ayuntamientos luchar por un sistema de financiación justo, que vaya directamente a los mismos sin participación de estos entes intermedios, garantizando así la autonomía local.
Sé que este cambio es complicado, son muchas decisiones a adoptar, muchos ajustes a realizar, muchas resistencias que vencer y mucha gente potencialmente afectada e interesada en perpetuar el actual sistema, pero quien no arriesga no gana y el sistema actual presenta graves síntomas de agotamiento.
La costumbre, la Fontana de Trevi del derecho local
El artículo 1 del Código Civil determina que "1. Las fuentes del ordenamiento jurídico español son la ley, la costumbre y los principios generales del derecho. [...] 3. La costumbre sólo regirá en defecto de ley aplicable, siempre que no sea contraria a la moral o al orden público, y que resulte probada". Es decir, que la costumbre sólo rige la actuación administrativa en caso de que no exista ley aplicable.
Pero en los microayuntamientos, donde la luz de la ley rara vez ilumina, la costumbre es la norma inspiradora. Las frases "Esto siempre se ha hecho así" y "pues lo hacemos como el año pasado" son auténticos mantras. Cuando no se utiliza la técnica, también muy recurrente, de tramitar los asuntos como si de una empresa privada se tratara (contrataciones a base de telefonazo, firma de presupuesto y a correr, negociaciones de responsabilidad patrimonial de palabra, etc.).
En estos ayuntamientos, cuando comentas que el material de oficina debe licitarse, que es necesario contratar un servicio ajeno para la prevención de riesgos laborales del personal, que los nichos del cementerio no se venden o que una resolución y una notificación son documentos distintos, las cabezas les dan vueltas sobre su eje a los presentes.
Por eso mismo es tan duro trabajar en estos ambientes tan viciados, en los que hasta los propios trabajadores que deberían conocer la norma y velar por su cumplimiento están sumidos en dichas dinámicas ajenas al procedimiento, por el simple hecho de haber estado trabajando allí desde hace décadas y décadas. Debes estar concentrado en realizar tu trabajo con la mayor corrección posible, y atento a que no te la líen los concejales o los propios empleados.
Un remolque con vistas
Por todo lo anteriormente expuesto, mi objetivo en este momento consiste en conseguir que mis ayuntamientos cumplan la normativa aplicable al menor en aquellos aspectos más relevantes o cruciales y no perder la estabilidad mental en el intento.
Y dejo asuntos de gran enjundia y relevancia para el futuro de la administración local y del resto de administraciones (la inteligencia emocional, el big data, el gobierno abierto, las smart cities, la robotización, la macroestructuración de la planta local entorno a grandes ciudades, la dirección pública, etc.) a profesionales y estudiosos como Carles Ramió, Jiménez Asensio, Gorriti, Víctor Almonacid, Concepción Campos, etc. así como todos aquellos profesionales de administraciones de mayor tamaño que tengan ganas, esfuerzo y tiempo para abrir ese camino que, en un futuro, exploraré desde mi remolque, por la senda que marcaron en la tierra sus ruedas al pasar.
Como diría mi amigo David Povedano en su blog El nuevo funcionario con habilitación de carácter nacional, la gestión ordinaria devora al secretario-interventor en los municipios de hasta 1.000 habitantes, y el pensamiento estratégico, la planificación y los objetivos siempre quedan para mañana (recomiendo la lectura de su entrada Lo que la gestión ordinaria se llevó. Las secretarías-intervenciones en municipios de menos de 1.000 habitantes).
¡Nos leemos!
El sistema legislativo español: think big to achieve big
Como hemos visto en entradas anteriores, las entidades locales carecen de potestad legislativa, que corresponde al Estado y a las comunidades autónomas, los cuales dictan las normas con rango de ley que resultan de aplicación a los ayuntamientos y diputaciones. Mientras tanto, los municipios tienen únicamente potestad reglamentaria.
Las Cortes Generales y las cámaras legislativas de las comunidades autónomas han optado siempre por legislar a lo grande, pensando siempre en las ciudades y capitales, y solamente en raras ocasiones hacen adaptaciones o introducen especialidades para facilitar la aplicación y efectividad de las normas en las entidades de menor tamaño, como son los municipios de tercera.
Así, los secretariuchos rurales nos encontramos con la paradoja de tener que cumplir normativa que requiere grandes dosis de conocimientos y destrezas informáticas (ley de procedimiento administrativo, archivo electrónico, protección de datos...) en ayuntamientos que ni siquiera cuentan con un informático en la plantilla, tener que rendir cuenta de los contratos que se formalizan hasta por cuatro vías diferentes (Tribunal de Cuentas, Registro de Contratos del Sector Público, portal de transparencia y Portal de Contratación del Sector Público si está sujeto a licitación pública) en ayuntamientos en los que el titular de la Secretaría-Intervención sólo va uno o dos días a la semana, tener que licitar todo gasto de carácter periódico o repetitivo que se realice independientemente de su importe -ver mi entrada anterior El contrato menor: como el gorrión al pueblo-, publicar todas las convocatorias de subvenciones que se realicen (estén o no sujetas a concurrencia), así como sus concesiones y pagos en la Base Datos Nacional de Subvenciones, cumplir un sinfín de obligaciones en materia de transparencia, mantener actualizado el inventario, tener un registro de asociaciones, un registro de personal, tener un plan de igualdad, etc.
Y ya si descendemos al nivel de la normativa autonómica de carácter más específico (residuos, defensa animal, piscinas públicas, agua de consumo humano, etc.) la cosa se complica ridículamente hasta el infinito. ¿Sabías que en muchas comunidades autónomas es obligatorio contar con un censo de animales domésticos? ¿Conoces cuáles son las obligaciones de tu ayuntamiento en materia de control y prevención de legionelosis según la normativa autonómica? ¿Cuál es el plazo mínimo de espera antes de la apertura de un nicho para realizar en él un nuevo enterramiento?
¡Secretariuchos/as de tercera... sois la monda!
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| Otra vez el positivismo y las frases motivadoras. ¡cuánto daño han hecho al mundo, cuánto daño...! |
La planta local: el tamaño importa
En entradas anteriores (ver El desastre de la planta municipal española) he manifestado mi opinión respecto al desastre organizativo de la administración local en nuestro país y he puesto el acento como posible vía de solución en los procesos de fusión de carácter obligatorio, ya que los voluntarios han demostrado no surtir efecto alguno.
Y cuanto más lo pienso, más llego a esa conclusión, porque aunque pueda parecer que en este blog se tratan temas anecdóticos, dispersos y con escasa vinculación entre ellos (la tómbola electoralista del empleo público local, la sobrecarga de funciones de los secretarios-interventores, la ineficaz e ineficiente ejecución de obras por la administración, el aspersor de las subvenciones locales, la falacia de la autonomía local, la ineptitud de los ayuntamientos, la cruzada contra el contrato menor...) yo identifico un claro hilo conductor entre todos ellos en una relación casi directa de causa-efecto: el tamaño del municipio.
A mayor dispersión y minifundismo en la planta local -> mayor sobrecarga de funciones de los secretarios-interventores y menor capacidad de gestión por la escasez de medios y personal; a mayor sobrecarga de funciones de secretarios-interventores y menor capacidad de gestión y de medios -> mayor ineptitud en la actuación de los ayuntamientos (por ejemplo más electoralismo en el empleo público, más locas subvenciones públicas, más ineficaz e ineficiente ejecución directa de obras por la administración, peores servicios al ciudadano); a mayor ineptitud en la actuación de los ayuntamientos -> mayor necesidad de que existan otras administraciones de ámbito superior que pongan un poco de orden y les aprieten de vez en cuando a los municipios y mayor despoblación de los núcleos urbanos por la escasez y baja calidad de los servicios; y así vuelta a empezar al inicio de este párrafo.
Lo cierto es que si se implantara este sistema de fusiones municipales obligatorias, en primer lugar se conseguirían poblaciones más grandes, con menores costes de prestación de servicios y con mejor abanico de servicios, lo cual ayudaría a fijar más la población al territorio y puede ser incluso se consiguiera revertir el fenómeno de la despoblación local. Al ser administraciones más grandes, contarían con más personal, de un perfil más técnico y especializado y las labores administrativas estarían más repartidas (quizás así se acabaría con la escasez actual de habilitados nacionales para cubrir todos los puestos reservados y que incluso sobraran algunos secretarios-interventores, debiendo reubicarse a los de carrera como técnicos de estas nuevas organizaciones de mayor tamaño). El hecho de tener más personal y más perfiles técnicos y de control supondría que las actuaciones a llevar a cabo por los gobernantes locales tendrían que pasar más filtros y serían controladas por mayor número de personas, lo que seguramente repercutiría en actuaciones de los ayuntamientos más sensatas, no tan ineptas o tractoristas. Las actuaciones sensatas y controladas de estos nuevos ayuntamientos objeto de las fusiones, les permitirían rebelarse contra la tiranía de las diputaciones y las comunidades autónomas, ya que no tendría sentido su papel actual de garantistas del orden y la cordura. La pérdida parcial de poder de las diputaciones y comunidades autónomas, permitiría a los ayuntamientos luchar por un sistema de financiación justo, que vaya directamente a los mismos sin participación de estos entes intermedios, garantizando así la autonomía local.
Sé que este cambio es complicado, son muchas decisiones a adoptar, muchos ajustes a realizar, muchas resistencias que vencer y mucha gente potencialmente afectada e interesada en perpetuar el actual sistema, pero quien no arriesga no gana y el sistema actual presenta graves síntomas de agotamiento.
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| Quien no arriesga no gana así que... Todo al rojo ¡Mierda! :-( |
La costumbre, la Fontana de Trevi del derecho local
El artículo 1 del Código Civil determina que "1. Las fuentes del ordenamiento jurídico español son la ley, la costumbre y los principios generales del derecho. [...] 3. La costumbre sólo regirá en defecto de ley aplicable, siempre que no sea contraria a la moral o al orden público, y que resulte probada". Es decir, que la costumbre sólo rige la actuación administrativa en caso de que no exista ley aplicable.
Pero en los microayuntamientos, donde la luz de la ley rara vez ilumina, la costumbre es la norma inspiradora. Las frases "Esto siempre se ha hecho así" y "pues lo hacemos como el año pasado" son auténticos mantras. Cuando no se utiliza la técnica, también muy recurrente, de tramitar los asuntos como si de una empresa privada se tratara (contrataciones a base de telefonazo, firma de presupuesto y a correr, negociaciones de responsabilidad patrimonial de palabra, etc.).
En estos ayuntamientos, cuando comentas que el material de oficina debe licitarse, que es necesario contratar un servicio ajeno para la prevención de riesgos laborales del personal, que los nichos del cementerio no se venden o que una resolución y una notificación son documentos distintos, las cabezas les dan vueltas sobre su eje a los presentes.
Por eso mismo es tan duro trabajar en estos ambientes tan viciados, en los que hasta los propios trabajadores que deberían conocer la norma y velar por su cumplimiento están sumidos en dichas dinámicas ajenas al procedimiento, por el simple hecho de haber estado trabajando allí desde hace décadas y décadas. Debes estar concentrado en realizar tu trabajo con la mayor corrección posible, y atento a que no te la líen los concejales o los propios empleados.
Un remolque con vistas
Por todo lo anteriormente expuesto, mi objetivo en este momento consiste en conseguir que mis ayuntamientos cumplan la normativa aplicable al menor en aquellos aspectos más relevantes o cruciales y no perder la estabilidad mental en el intento.
Y dejo asuntos de gran enjundia y relevancia para el futuro de la administración local y del resto de administraciones (la inteligencia emocional, el big data, el gobierno abierto, las smart cities, la robotización, la macroestructuración de la planta local entorno a grandes ciudades, la dirección pública, etc.) a profesionales y estudiosos como Carles Ramió, Jiménez Asensio, Gorriti, Víctor Almonacid, Concepción Campos, etc. así como todos aquellos profesionales de administraciones de mayor tamaño que tengan ganas, esfuerzo y tiempo para abrir ese camino que, en un futuro, exploraré desde mi remolque, por la senda que marcaron en la tierra sus ruedas al pasar.
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| ¡Qué bonito sería poder volar! |
¡Nos leemos!
Imposible dejar de leer una entrada de este blog a la mitad, entre la honestidad y el humor con sentido, se hace irresistible. La verdad que se siente uno impotente al ver como está la administración a nivel local y como no se hace nada a un nivel mayor por los intereses de unos pocos. Valoro mucho a la gente que desde su posición se revela. Aunque no se pueda ir a congresos, ya escribir un blog y que la gente lo lea y se mentalice, ayuda a que poco a poco la gente se organice y se ponga en movimiento.
ResponderEliminarÁnimos con el blog y con la lucha por mejorar desde el sentido común!
Hola Paco, gracias por leerme y por tu comentario.
EliminarEl blog es el reducto que nos queda a la gente que trabajamos en las pequeñas administraciones locales perdidas y olvidadas para expresar nuestras inquietudes y nuestros deseos. Y el humor... sin él muchos momentos serían insoportables.
Me alegro que te guste el blog.