La financiación local y la compensación del subdesarrollo

Durante los últimos meses se han publicado en periódicos diversas noticias sobre la reforma del sistema de financiación autonómica, cuya tramitación está prevista que se inicie en noviembre de este mismo año. 

A consecuencia de ello, y a fin de buscar apoyos y fijar estrategias comunes, ya han sido varias las reuniones entre presidentes de distintas autonomías para tratar este asunto (Moreno y Feijóo orillan sus diferencias en financiación y reclaman un sistema negociado entre todos, Puig y Moreno exigen un sistema de financiación con más dinero y basado en la población ajustada, etc.) y se esperan que se produzcan más encuentros de este tipo en los próximos meses (La reunión de presidentes autonómicos promovida por Feijóo en Galicia será finalmente el 23 de noviembre). 

Rapaz autonómica en tiempos
de negociación

La posibilidad de llegar a un acuerdo que satisfaga a todos se presenta difícil, por no decir imposible. La reforma del sistema de financiación autonómica ya se intentó en el año 2017 sin éxito, quedando ese intento materializado en un informe de una Comisión de Expertos para la revisión del sistema de financiación autonómica, que ahora está previsto volver a realizar. En esta ocasión el panorama no pinta mejor, ya que antes de comenzar la negociación las distintas comunidades autónomas están defendiendo criterios de reparto muy diversos, incluso contradictorios. Mientras unas comunidades autónomas defienden el criterio población o población ajustada, otros optan por criterios diferentes como envejecimiento de la población, dispersión geográfica, coste efectivo de los servicios, paro, etc. Y de fondo está el rechazo que supondría el hecho de conceder privilegios o tratamientos diferenciados a Cataluña u otros territorios, lo cual convierte el acuerdo en todo un desafío. 

Mientras tanto, las entidades locales luchan porque la reforma de sistema de financiación local se negocie y apruebe de forma paralela a la reforma del sistema de financiación autonómica. Así lo ha pedido en diversas ocasiones el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, Abel Caballero, al Gobierno de España y así lo manifiesta en la carta de presidente que inicia cada número de la revista Carta Local de la FEMP desde hace varios meses. 

Las entidades locales pretenden conseguir un acuerdo en paralelo a las comunidades autónomas, de tal manera que se les trate con el mismo interés e importancia que a las autonomías y no se les relegue a un momento posterior o incluso al olvido por la falta de voluntad, como en tantas otras ocasiones. Tratan con ello de evitar olvidos imperdonables como el que supuso la falta de definición de las competencias locales en la Constitución Española de 1978 por parte de los padres de la carga magna, mientras que en ella se definen las competencias estatales y autonómicas al detalle. 

Otro aspecto en el que Abel Caballero está haciendo hincapié últimamente es en la necesidad de hacer efectiva la financiación de las entidades locales a través de la participación en los tributos de las comunidades autónomas, tal y como viene recogido en el artículo 142 de la Constitución Española. Se trata de conseguir que todas las entidades locales reciban financiación para el ejercicio de sus competencias y fines de las comunidades autónomas, pues por lo visto mientras algunas autonomías tienen esta participación muy desarrollada, en otras esta financiación es reciente y muy escasa. 

Si bien la negociación de un nuevo sistema de financiación autonómico parece ya demasiado complejo y dificultoso por sí mismo, el añadido de negociar conjuntamente un nuevo sistema de financiación local se presenta como el más difícil todavía. ¿Se logrará aprobar un nuevo sistema de financiación territorial con la fragmentación del sistema político actual? ¿Quedará relegada la reforma de la financiación local a la espera como en tantas otras ocasiones? En caso de que se logre un nuevo sistema de financiación local ¿contentará a la diversidad de entidades que conforman la planta local? Tendremos que esperar que el tiempo resuelva estos interrogantes. 

La compensación del subdesarrollo

Pero quiero aterrizar el tema de esta entrada en la realidad de los pequeños y muy pequeños municipios ubicados en entornos naturales. 

En su mayoría presentan un grave problema demográfico, con población envejecida, dificultades para fijar la población joven y, por tanto, tendencia más o menos acusada a la despoblación. La actividad de las administraciones públicas en estos municipios no es suficientemente intensa para retener población en el territorio y las iniciativas privadas potentes en muchas ocasiones se ven coartadas o impedidas por las protecciones naturales aplicables en dichos entornos (Red Natura 2000, Zona de Especial Protección para las Aves -ZEPA-, Zonas de Especial Conservación -ZEC-, Lugares de Interés Comunitario -LIC-, etc.). De hecho, han sido muchos los proyectos relevantes de inversión privada que podrían haber revitalizado esas zonas rurales y fueron paralizadas por motivos medioambientales: 

- La Junta de Andalucía paraliza un proyecto de instalación solar fotovoltaica en favor de la alondra ricotí

- Los ecologistas echan el freno al parque fotovoltaico de Solaria

- La Xunta paraliza las obras en el parque eólico de O Iribio

- El Gobierno paraliza el parque eólico de Aldealobos, pero autoriza otro del doble de tamaño en Jubera

Se produce así un fenómeno que podríamos calificar como de "especialización territorial", pues mientras las ciudades o los núcleos de población (ya sin recursos naturales que proteger) reúnen toda la industria y toda la actividad con mayor potencial de creación de puestos de trabajo, los pequeños municipios del área rural (con patrimonio natural casi virgen) son sujetos a una protección ambiental intensa, que impide cualquier tipo de actividad económica con potencial para crear el empleo que estos pueblos tanto necesitan. 

Esta especialización de territorios hace que mientras las ciudades y núcleos de población periféricos integrados en las áreas metropolitanas se convierten en las fábricas, los residenciales o los centros comerciales de las provincias, los núcleos de población rurales en entornos naturales se convierten en los parques, los jardines botánicos o los espacios multiaventuras provinciales. En los primeros la gente va a trabajar y a gastar su dinero entre semana y a los segundos acuden únicamente cuando llega el fin de semana o cuando ya no pueden más y necesitan desconectar y respirar aire puro en una escapada de turismo rural.

Municipio rural: ¿pasado, presente o futuro?
Imposible saber, todos son lo mismo 

 

Este fenómeno ya se traslució hace unos años en la fallida negociación de un nuevo sistema de financiación autonómica. Cada comunidad autónoma defendía los criterios que a su juicio (y a su interés particular) resultaban más justos para determinar el reparto. Entonces, la comunidad autónoma de Extremadura planteó su derecho a una aportación  mayor por ser el sumidero de carbono de España, entendido como una comunidad autónoma cuyas superficies forestales captaban más gases de efecto invernadero de los que emitía la región a la atmósfera. Aquí podemos ver algunas noticias sobre este hecho, y si buscas en internet los términos "sumidero de carbono" y "Extremadura" juntos, son muchos más los resultados: 

2010: Extremadura es la única comunidad cuya masa forestal capta más gases invernadero de los que se emiten en su territorio  

2020: Extremadura pretende ser en 2030 "climáticamente neutra" de la mano de un plan integrado que contempla 57 medidas

El argumento de Extremadura puede considerarse una idea peregrina para lograr sacar una mejor tajada con el nuevo sistema de financiación autonómica, pero es exactamente la misma situación que se da en los municipios de la España rural. Mientras a los pueblos les está vetado el desarrollo productivo o industrial que se facilita en las ciudades, se les asigna el objetivo de convertirse en los sumideros de carbono y en los centros de recuperación psicológica y espiritual de la población a través del disfrute de la paz, la tranquilidad o la adrenalina en plena naturaleza.  

Este mismo mensaje, si bien no con esta capacidad conceptual y expresiva la manifiestan los alcaldes de los municipios de la España vaciada cada vez que uno de sus proyectos estelares para el municipio o la comarca resultan frustrados por los informes ambientales de las comunidades autónomas: "si no me permiten hacer esto, me lo tendrán que compensar de alguna manera" o "si aquí no se puede hacer nada, dime tú de qué va a vivir la gente".  

Esta idea es lo que he titulado en esta entrada la compensación del subdesarrollo. Porque si nuestro destino como municipios rurales es convertirnos en los parques, los jardines botánicos o los espacios multiaventura de unos ecosistemas mayores (llamadlo provincias, regiones, comarcas o como queráis llamarlo), todos somos conscientes de que los parques o los jardines botánicos necesitan jardineros que poden periódicamente las plantas, pongan, quiten o ajusten el riego por goteo, mantengan periódicamente los caminos por los que pasearán los visitantes, arreglen las fuentes, etc. y que los espacios multiaventura precisan de operarios que mantengan las atracciones y garanticen la seguridad de las mismas durante todo el año, sea la estación que sea. Y estas personas o bien cobran un sueldo todos los meses o bien se les compensa en el momento en que se usan sus instalaciones mediante el pago de una entrada... ya me entendéis.  

Incluso los sumideros precisan un 
mantenimiento... de vez en cuando

Por eso mismo, recojo la reivindicación de muchos alcaldes y alcaldesas de la España rural que defienden que cuando la protección del medio ambiente veta cualquier tipo de actividad que permita el desarrollo del municipio, debe articularse una compensación para ellos. Una vez más la aplicación del dicho "dame pan y llámame tonto" o la idea de la España vaciada way of life que traté en esta otra entrada. 

Y vosotros/as, ¿se os ha presentado también alguna vez esta situación de veto al desarrollo por circunstancias ambientales? ¿son vuestros alcaldes y alcaldesas tan filosóficos como los míos? ¿qué opináis del fenómeno de la especialización territorial? ¿es vuestro municipio un sumidero de carbono en potencia? Me encantará conocer vuestra opinión.

¡Nos leemos!

El despacho de Secretaría: ¿el centro del poder municipal?

Supongo que algunos de mis lectores habrán oído alguna vez a los/las alcaldes/esas de sus municipios quejarse amargamente del escaso poder de decisión que les dejan los informes jurídicos y técnicos emitidos por los/las técnicos/as municipales. Sus lamentos utilizan expresiones como "en el ayuntamiento el que manda es el secretario" o "no lo mando yo, sino los técnicos municipales".

Alcalde: - En mi ayuntamiento el que
manda es el secretario.

El motivo habitual de tales quejas es que las leyes les obligan a adoptar medidas impopulares o contrarias a sus intereses electorales, familiares o personales (pero favorables al interés general) y los/las técnicos/as municipales están ahí para recordárselo.  

Este clamor es más acusado en caso de que en la plantilla municipal exista más de una persona con perfil técnico y que todas las opiniones técnicas coincidan en la misma visión del asunto, opuesta a la opinión del alcalde. 

Por mucho que la Alcaldía ponga el grito en el cielo y proteste por la supuesta tecnocracia o gobierno de los técnicos, nada más lejos de la realidad: mientras que los/las técnicos/as asesoran e informan sobre lo que dice la normativa y cómo debe actuarse en aplicación de la misma, la última palabra siempre la tiene la Alcaldía o el Pleno, pudiendo estos órganos adoptar decisiones o acuerdos a favor o en contra de lo informado y propuesto por los/las técnicos/as municipales. De hecho, los informes jurídicos suelen terminar con frases tales como "Este es mi leal saber y entender, que someto a cualquier otro mejor fundado en derecho" o el más claro "No obstante, la Alcaldía/el Pleno con su superior criterio decidirá lo que estime oportuno" y estas expresiones no son meros formalismos o fórmulas de cierre. 

Sea como sea, el hecho de que al expediente se incorporen informes con propuesta de resolución contraria a los deseos de los alcaldes o la emisión de informes voluntariamente por la Secretaría-Intervención para advertir de la improcedencia de una actuación o decisión que están fraguando, hace sentir a nuestros alcaldes presionados y heridos en su libre albedrío, acorralados por la técnica.

La función reservada de asesoramiento legal es lo que tiene, que además de ser preceptivo informar en una serie de casos tasados (los previstos en el artículo 3.3 del Real Decreto 128/2018, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional), supone que el titular de la Secretaría puede emitir informes cada vez que lo estime oportuno para garantizar la legalidad de la actuación municipal. De hecho, incluso en mitad del Pleno puede el titular de la Secretaría solicitar la palabra para asesorar a la Corporación cuando se plantee algún asunto nuevo sobre cuya legalidad pueda dudarse (artículos 3.3.e del Real Decreto 128/2018 y 94.3 del Real Decreto 2568/1986, Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales), pudiendo asesorar al Pleno si el alcalde-presidente le confiere la palabra. 

En el caso de la Intervención, esta necesidad de informar previamente a una actuación o decisión para evitar las posibles responsabilidades que se deriven de la misma es aún más acusada, ya que así se establece con claridad en preceptos legales como los artículos 188 del Real Decreto Legislativo 2/2004, Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales ("Los ordenadores de gastos y de pagos, en todo caso, y los interventores de las entidades locales, cuando no adviertan por escrito su improcedencia, serán personalmente responsables de todo gasto que autoricen y de toda obligación que reconozcan, liquiden o paguen sin crédito suficiente") y 215 de la misma norma ("Si en el ejercicio de la función interventora el órgano interventor se manifestara en desacuerdo con el fondo o con la forma de los actos, documentos o expedientes examinados, deberá formular sus reparos por escrito antes de la adopción del acuerdo o resolución"). 

Ante la duda, lo mejor es ser cauto e informar. De esta forma los alcaldes y alcaldesas no podrán alegar desconocimiento de la norma ni podrán utilizar al titular de la Secretaría-Intervención a modo de escudo humano ante posibles exigencias de responsabilidad.   

Organigrama real, a pesar de las
quejas del alcalde

En resumen, que a pesar de los lamentos de los alcaldes y alcaldesas de España, el único gobierno de tecnócratas que he conocido hasta el momento fue el segundo gobierno de Rajoy, en el que quien más quien menos era economista o abogado del Estado. Y ni siquiera en ese caso podría decirse que gobernaran los técnicos en lugar de los políticos, pues aunque casi todos los ministerios y la vicepresidencia del gobierno estuvieran capitaneados por perfiles técnicos, estos no adoptaban acuerdos o decisiones en su condición de técnicos/as, sino como ministros/as y vicepresidenta nombrados por el rey a propuesta del presidente del Gobierno. 

El despacho de Secretaría y las líneas ley

No sé si conocéis qué son las líneas ley, que a pesar de llamarse ley no tienen relación alguna con la primera fuente del derecho. Se trata de líneas energéticas o de magnetismo que unen lugares sagrados o centros de poder. Fueron descubiertas en 1921 por el arqueólogo aficionado Alfred Watkins y actualmente son utilizadas en el pensamiento pseudocientífico como la ufología, el esoterismo o el ocultismo. Si quieres saber más sobre ellas, puedes consultar la Wikipedia o este otro enlace. 

Pues yo tengo un teorema en relación con dichas líneas ley, basada en mi experiencia profesional en varios ayuntamientos de la España rural. ¿No tienen un teorema propio Pitágoras o Bayes? Pues este lo llamaremos teorema de secretariucho, dado que soy yo el primero que lo enuncia. 

Mi teorema es el siguiente: entre los despachos de Secretaría-Intervención de los consistorios de la España rural existen líneas ley energéticas muy fuertes, que hacen que los alcaldes y alcaldesas se reúnan con todo tipo de personas en estos despachos, obviando totalmente los despachos de Alcaldía. 

Las líneas ley de los despachos de Secretaría
confluyen en un enorme agujero de gusano

No sé si alguno/a de mis lectores/as habrá apreciado este fenómeno, pero yo lo he sufrido en multitud de ocasiones y en varios ayuntamientos. Y mira que en esos edificios había unos amplios despachos de Alcaldía con grandes mesas de reunión, pintorescos cuadros de paisajes locales, banderas oficiales y todo el boato propio de la presidencia de la Corporación. Pero todo ello no bastaba, aún así los alcaldes y alcaldesas preferían sentarse en el despacho de Secretaría a departir con sus concejales/as o directamente con el vecindario.

Esta conducta supone trasladar el bar del pueblo, que es donde los/las alcaldes/esas se sienten como peces en el agua, al despacho de Secretaría. Poco importa que estés rindiendo plataformas, justificando una subvención en el último día de plazo o haciendo un informe jurídico complejo, ellos están ahí a lo suyo, de cháchara. O lo que es aún peor, que te hagan preguntas a medida que les van surgiendo dudas en la conversación que se traen entre manos (¿tenemos crédito para comprar un bolardo para cortar el tráfico en la calle? ¿cuánto dinero nos queda para fiestas? ¿cómo llevamos la operación de permuta?, etc.). Y a ver quien los manda callar o echa del despacho al dueño del cortijo... Afortunadamente, cuando ven que estás ajeno a sus charlas y se aburren de verte teclear largo rato, suelen marcharse a picar algo o a seguir la conversación a otro lado más "animado". 

En fin, que la respuesta a la pregunta que titula esta entrada es que sí, que los despachos de Secretaría se convierten muchas veces el centro del poder municipal... para nuestra desgracia. 

En vuestro caso: ¿vuestras Alcaldías también se quejan de sentirse acorraladas por los técnicos? ¿Sufrís en vuestros despachos el perverso efecto de las líneas ley? ¿Creéis verídico el teorema de secretariucho o es sólo una divagación sin sentido? ¿El efecto de los despachos de Secretaría como centros neurálgicos de la vida municipal solamente se da en los municipios de muy pequeña dimensión? Me gustaría conocer vuestra opinión.

¡Nos leemos!