Durante los últimos meses se han publicado en periódicos diversas noticias sobre la reforma del sistema de financiación autonómica, cuya tramitación está prevista que se inicie en noviembre de este mismo año.
A consecuencia de ello, y a fin de buscar apoyos y fijar estrategias comunes, ya han sido varias las reuniones entre presidentes de distintas autonomías para tratar este asunto (Moreno y Feijóo orillan sus diferencias en financiación y reclaman un sistema negociado entre todos, Puig y Moreno exigen un sistema de financiación con más dinero y basado en la población ajustada, etc.) y se esperan que se produzcan más encuentros de este tipo en los próximos meses (La reunión de presidentes autonómicos promovida por Feijóo en Galicia será finalmente el 23 de noviembre).
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| Rapaz autonómica en tiempos de negociación |
La posibilidad de llegar a un acuerdo que satisfaga a todos se presenta difícil, por no decir imposible. La reforma del sistema de financiación autonómica ya se intentó en el año 2017 sin éxito, quedando ese intento materializado en un informe de una Comisión de Expertos para la revisión del sistema de financiación autonómica, que ahora está previsto volver a realizar. En esta ocasión el panorama no pinta mejor, ya que antes de comenzar la negociación las distintas comunidades autónomas están defendiendo criterios de reparto muy diversos, incluso contradictorios. Mientras unas comunidades autónomas defienden el criterio población o población ajustada, otros optan por criterios diferentes como envejecimiento de la población, dispersión geográfica, coste efectivo de los servicios, paro, etc. Y de fondo está el rechazo que supondría el hecho de conceder privilegios o tratamientos diferenciados a Cataluña u otros territorios, lo cual convierte el acuerdo en todo un desafío.
Mientras tanto, las entidades locales luchan porque la reforma de sistema de financiación local se negocie y apruebe de forma paralela a la reforma del sistema de financiación autonómica. Así lo ha pedido en diversas ocasiones el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, Abel Caballero, al Gobierno de España y así lo manifiesta en la carta de presidente que inicia cada número de la revista Carta Local de la FEMP desde hace varios meses.
Las entidades locales pretenden conseguir un acuerdo en paralelo a las comunidades autónomas, de tal manera que se les trate con el mismo interés e importancia que a las autonomías y no se les relegue a un momento posterior o incluso al olvido por la falta de voluntad, como en tantas otras ocasiones. Tratan con ello de evitar olvidos imperdonables como el que supuso la falta de definición de las competencias locales en la Constitución Española de 1978 por parte de los padres de la carga magna, mientras que en ella se definen las competencias estatales y autonómicas al detalle.
Otro aspecto en el que Abel Caballero está haciendo hincapié últimamente es en la necesidad de hacer efectiva la financiación de las entidades locales a través de la participación en los tributos de las comunidades autónomas, tal y como viene recogido en el artículo 142 de la Constitución Española. Se trata de conseguir que todas las entidades locales reciban financiación para el ejercicio de sus competencias y fines de las comunidades autónomas, pues por lo visto mientras algunas autonomías tienen esta participación muy desarrollada, en otras esta financiación es reciente y muy escasa.
Si bien la negociación de un nuevo sistema de financiación autonómico parece ya demasiado complejo y dificultoso por sí mismo, el añadido de negociar conjuntamente un nuevo sistema de financiación local se presenta como el más difícil todavía. ¿Se logrará aprobar un nuevo sistema de financiación territorial con la fragmentación del sistema político actual? ¿Quedará relegada la reforma de la financiación local a la espera como en tantas otras ocasiones? En caso de que se logre un nuevo sistema de financiación local ¿contentará a la diversidad de entidades que conforman la planta local? Tendremos que esperar que el tiempo resuelva estos interrogantes.
La compensación del subdesarrollo
Pero quiero aterrizar el tema de esta entrada en la realidad de los pequeños y muy pequeños municipios ubicados en entornos naturales.
En su mayoría presentan un grave problema demográfico, con población envejecida, dificultades para fijar la población joven y, por tanto, tendencia más o menos acusada a la despoblación. La actividad de las administraciones públicas en estos municipios no es suficientemente intensa para retener población en el territorio y las iniciativas privadas potentes en muchas ocasiones se ven coartadas o impedidas por las protecciones naturales aplicables en dichos entornos (Red Natura 2000, Zona de Especial Protección para las Aves -ZEPA-, Zonas de Especial Conservación -ZEC-, Lugares de Interés Comunitario -LIC-, etc.). De hecho, han sido muchos los proyectos relevantes de inversión privada que podrían haber revitalizado esas zonas rurales y fueron paralizadas por motivos medioambientales:
- Los ecologistas echan el freno al parque fotovoltaico de Solaria
- La Xunta paraliza las obras en el parque eólico de O Iribio
Se produce así un fenómeno que podríamos calificar como de "especialización territorial", pues mientras las ciudades o los núcleos de población (ya sin recursos naturales que proteger) reúnen toda la industria y toda la actividad con mayor potencial de creación de puestos de trabajo, los pequeños municipios del área rural (con patrimonio natural casi virgen) son sujetos a una protección ambiental intensa, que impide cualquier tipo de actividad económica con potencial para crear el empleo que estos pueblos tanto necesitan.
Esta especialización de territorios hace que mientras las ciudades y núcleos de población periféricos integrados en las áreas metropolitanas se convierten en las fábricas, los residenciales o los centros comerciales de las provincias, los núcleos de población rurales en entornos naturales se convierten en los parques, los jardines botánicos o los espacios multiaventuras provinciales. En los primeros la gente va a trabajar y a gastar su dinero entre semana y a los segundos acuden únicamente cuando llega el fin de semana o cuando ya no pueden más y necesitan desconectar y respirar aire puro en una escapada de turismo rural.
Municipio rural: ¿pasado, presente o futuro?
Imposible saber, todos son lo mismo
Este fenómeno ya se traslució hace unos años en la fallida negociación de un nuevo sistema de financiación autonómica. Cada comunidad autónoma defendía los criterios que a su juicio (y a su interés particular) resultaban más justos para determinar el reparto. Entonces, la comunidad autónoma de Extremadura planteó su derecho a una aportación mayor por ser el sumidero de carbono de España, entendido como una comunidad autónoma cuyas superficies forestales captaban más gases de efecto invernadero de los que emitía la región a la atmósfera. Aquí podemos ver algunas noticias sobre este hecho, y si buscas en internet los términos "sumidero de carbono" y "Extremadura" juntos, son muchos más los resultados:
El argumento de Extremadura puede considerarse una idea peregrina para lograr sacar una mejor tajada con el nuevo sistema de financiación autonómica, pero es exactamente la misma situación que se da en los municipios de la España rural. Mientras a los pueblos les está vetado el desarrollo productivo o industrial que se facilita en las ciudades, se les asigna el objetivo de convertirse en los sumideros de carbono y en los centros de recuperación psicológica y espiritual de la población a través del disfrute de la paz, la tranquilidad o la adrenalina en plena naturaleza.
Este mismo mensaje, si bien no con esta capacidad conceptual y expresiva la manifiestan los alcaldes de los municipios de la España vaciada cada vez que uno de sus proyectos estelares para el municipio o la comarca resultan frustrados por los informes ambientales de las comunidades autónomas: "si no me permiten hacer esto, me lo tendrán que compensar de alguna manera" o "si aquí no se puede hacer nada, dime tú de qué va a vivir la gente".
Esta idea es lo que he titulado en esta entrada la compensación del subdesarrollo. Porque si nuestro destino como municipios rurales es convertirnos en los parques, los jardines botánicos o los espacios multiaventura de unos ecosistemas mayores (llamadlo provincias, regiones, comarcas o como queráis llamarlo), todos somos conscientes de que los parques o los jardines botánicos necesitan jardineros que poden periódicamente las plantas, pongan, quiten o ajusten el riego por goteo, mantengan periódicamente los caminos por los que pasearán los visitantes, arreglen las fuentes, etc. y que los espacios multiaventura precisan de operarios que mantengan las atracciones y garanticen la seguridad de las mismas durante todo el año, sea la estación que sea. Y estas personas o bien cobran un sueldo todos los meses o bien se les compensa en el momento en que se usan sus instalaciones mediante el pago de una entrada... ya me entendéis.
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| Incluso los sumideros precisan un mantenimiento... de vez en cuando |
Por eso mismo, recojo la reivindicación de muchos alcaldes y alcaldesas de la España rural que defienden que cuando la protección del medio ambiente veta cualquier tipo de actividad que permita el desarrollo del municipio, debe articularse una compensación para ellos. Una vez más la aplicación del dicho "dame pan y llámame tonto" o la idea de la España vaciada way of life que traté en esta otra entrada.
Y vosotros/as, ¿se os ha presentado también alguna vez esta situación de veto al desarrollo por circunstancias ambientales? ¿son vuestros alcaldes y alcaldesas tan filosóficos como los míos? ¿qué opináis del fenómeno de la especialización territorial? ¿es vuestro municipio un sumidero de carbono en potencia? Me encantará conocer vuestra opinión.
¡Nos leemos!
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