14J: Por garantía de todos, habilitación por oposición

Rompo mi silencio para informar que el próximo martes 14 de junio estaré entre los habilitados que se manifestarán en Madrid contra la estabilización de interinos en puestos reservados a funcionarios con habilitación de carácter nacional, en aplicación de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público. 

Creo que es momento de movilizarnos, unir nuestras voces y darnos a conocer, explicando a todo el mundo la importancia de las funciones que desempeñamos y la catástrofe que supondrá regalar la habilitación a personas que no han demostrado los conocimientos y capacidades suficientes a través del proceso de oposición. 

Independientemente de la pertinencia de afrontar el problema en la vía judicial, que es fundamental, pienso que ninguna vía paralela debe ser descartada (incluso la huelga, si fuera necesaria) y en absoluto debe serlo la manifestación. Llevamos años aguantando empeoramientos progresivos de nuestro puestos de trabajo, viendo como el carácter nacional del cuerpo se desmembra como moneda de cambio de intereses puramente políticos y ahora presenciamos cómo a otras personas se les quiere regalar lo que a nosotros tanto sacrificio, tiempo y dinero nos ha costado. ¿Qué más necesitan algunos para despertar de su letargo y tomar las calles?

Si tienes dudas sobre qué hacer el próximo martes 14 de junio piensa en los años que viviste bajo la luz del flexo, las cervezas que no pudiste tomar, los baños en la piscina que ni pudiste disfrutar, los cumpleaños a los que no pudiste asistir, los besos que no pudiste dar, los amigos que perdiste por el camino, el dolor de espalda, los nervios de los días de preparador y de los días  de exámenes, el dinero que tuviste que invertir, el tiempo pasado que nunca volverá. No permitas que menosprecien tus conocimientos y tus esfuerzos y hazte valer. Levántate y grita: ¡Habilitación por oposición! ¡La plaza no se regala!

Nos vemos el 14 de junio en Madrid. 

¿#Dipupower o #Diputraicion?

En el ya lejano mes de junio de 2020, en medio de una inesperada e impactante pandemia, cuajó un movimiento en la administración local tendente a reivindicar la importancia y labor fundamental de las diputaciones provinciales, cabildos y consejos insulares para garantizar la viabilidad de las realidades locales y sobre todo rurales, supliendo la carencia de medios materiales y personales con que los municipios cuentan para el desarrollo de su gestión ordinaria.

Se elaboró entonces un manifiesto técnico a favor del liderazgo de las entidades intermedias para afrontar la crisis, planteando soluciones constructivas y de futuro, garantizando los servicios básicos y con ello el equilibrio territorial entre territorios y supliendo las carencias de medios materiales y personales que dificultaban la gestión ordinaria local. 

Diputación provincial o el núcleo duro
del movimiento #dipupower 

Muchos técnicos y técnicas de las diputaciones provinciales, cabildos y consejos insulares firmaron dicho manifiesto y en la página del movimiento se instaba a que otros profesionales también formaran parte de esta iniciativa reivindicativa de las entidades locales de nivel intermedio a través de este formulario.    

Era un momento duro, en el que muchos estábamos encerrados en casa o recién salidos del confinamiento, con miles de ERTES en marcha y mucha incertidumbre sobre qué depararía el futuro y en el que habíamos tenido más tiempo del habitual para pararnos a pensar, reflexionar e incluso ilusionarnos con las iniciativas y las utopías que vendrían después de ese "reseteo del sistema". Entonces las redes sociales ardían con la iniciativa de las administraciones intermedias: era chulo y muy molón contar que eras o apoyabas el movimiento #dipupower. 

En el fondo estoy a favor del objetivo de este movimiento. Mi opinión es que es necesario conseguir administraciones locales eficaces, que cuenten con unos recursos humanos y materiales mínimos que permitan gestionar los asuntos públicos con mayor solvencia intelectual y técnica, alejándonos de la precariedad con la que trabajamos actualmente en muchos municipios. Pero esto se puede conseguir de diversas maneras: una puede ser reformando la planta local para lograr municipios con mayor población aunque abarquen una mayor superficie geográfica y otra puede ser mediante unas administraciones intermedias (diputaciones, cabildos y consejos insulares) reforzadas que presten una asistencia técnica real y efectiva a los municipios de su ámbito. 

La transición hacia la "nueva normalidad"

El tiempo pasó, la mayoría de las cosas volvieron a su cauce habitual y muchas de las ilusiones y fantasías que habíamos construido en nuestras semanas de confinamiento comenzaron a desmoronarse. Se hablaba de que íbamos hacia una nueva normalidad mientras que en realidad muchas cosas volvieron a la antigua normalidad de siempre.  

Los secretarios y secretarias del mundo rural enseguida tuvimos que volver al trabajo presencial, cansados de que la falta de planificación y de medios informáticos sirvieran de excusa para que muchos compañeros de nuestros miniayuntamientos se tomaran el confinamiento como un periodo de vacaciones pagadas, mientras nosotros en nuestras casas y con nuestros ordenadores nos comíamos el marrón. Era la primera vez que se aplicaba el teletrabajo de forma generalizada en nuestros consistorios y el hecho de implantarlo de la noche a la mañana y sin un mínimo periodo de rodaje hizo que la experiencia resultara traumática, sobre todo para nuestras figuras como máximas responsables de que los servicios básicos se siguieran prestando en el municipio y de que lo mínimo e imprescindible siguiera saliendo adelante. 

Por mi experiencia con mi administración intermedia (diputación) sé que allí la situación se vivió de manera diferente. Mientras mi periodo de teletrabajo duró tan solo unos dos meses, el teletrabajo en mi diputación de referencia se alargó mucho más tiempo, incluso en algunos puestos hasta después de la tercera ola de diciembre-febrero de 2021. Y mientras tanto, desde los ayuntamiento llamábamos y llamábamos a los teléfonos de atención de las oficinas de la diputación o a los teléfonos móviles que habilitaron a sus empleados para que pudieran seguir atendiéndonos desde sus casas, y lo raro era conseguir que nos atendieran o que dieran solución a nuestras peticiones. Los ayuntamientos pequeños, con escasos medios pero apremiados por las demandas y necesidades de nuestros vecinos (con los que nos cruzamos por la calle y de los que sentimos la presión día a día) estuvimos al pie del cañón, mientras que las diputaciones con todo su #dipupower y alejadas de la presión de la calle, disolvían responsabilidades y se refugiaban entre teléfonos que comunican. 

Tics de la asistencia técnica provincial

Mi experiencia con la asistencia técnica de mi diputación de referencia durante los tres años que llevo ya trabajando en este destino de la España rural, me permiten apuntar una serie de tics en la competencia de asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica a los municipios que las diputaciones deben prestar a los municipios de menor capacidad económica y de gestión (artículo 36.1.b de la Ley 7/1985, reguladora de las Bases del Régimen Local). 

Son los siguientes:

1. El listado de funciones delegadas. Cuando la diputación acepta una delegación de funciones del ayuntamiento a su personal técnico, establece un listado de funciones o tareas delegadas y lo notifica al ayuntamiento. A partir de ese momento, el listado de funciones se convierte en las tablas de la ley que Dios entregó a Moisés en el Monte Sinaí. Nada que no aparezca estrictamente en dicho listado puede ser realizado ni considerado por los técnicos de la entidad local intermedia, ni formal ni informalmente. 

Mientras que si el ayuntamiento contara con sus propios/as técnicos/as todos los asuntos se irían solucionando de una u otra manera según fueran entrando, con la delegación quedamos limitados a resolver aquellos asuntos incluidos en el sagrado listado. El resto asuntos quedan postergados... o incluso relegados a ser solventados con un silencio administrativo.  

2. El tiempo pasa a segundo plano. El ayuntamiento sabe cuándo encarga una función a los técnicos o técnicas de la diputación que le asiste, lo que no sabe es cuándo va a recibirla ejecutada. Mientras tanto, el ayuntamiento atiende las quejas y reclamaciones del vecino que instó el expediente y debe preguntar frecuentemente a la diputación por el estado de tramitación a fin de dar una respuesta al interesado que espera y desespera. 

Lo mismo pasa con los plazos legales. El personal de los ayuntamientos nos vemos obligados a recordar periódicamente que el tiempo pasa y que el plazo normativo para resolver este o aquel asunto está a punto de cumplir o ya cumplió. 

La distancia entre el interesado o la necesidad que acucia al consistorio y la capital provincial hace que allí se tomen los asuntos con más calma. 

Mi visión de la asistencia remota de las
administraciones intermedias, llamadme malpensado

3. Burocracia. La sencillez y agilidad en los trámites que tanto las Alcaldías como los funcionarios que trabajamos cara a cara con el ciudadano buscamos, casa muy mal con la forma de trabajar de los técnicos provinciales. Ellos quieren todo documentado y grafiado. Este afán documentalista exaspera al personal de los ayuntamientos, que nos pasamos el tiempo haciendo requerimiento tras requerimiento y luchando con el ciudadano para que complete todos los campos y presente todos los documentos necesarios para conseguir el ansiado informe favorable de los técnicos provinciales.

La ansiedad burocrática del personal técnico de las administraciones intermedias se explica en parte por el tic que veremos en el siguiente punto.

4. La distancia, esa frontera inexpugnable. Los técnicos provinciales llevan muy mal eso de desplazarse al municipio desde la capital provincial. Prefieren el teletrabajo y las relaciones a cuanto más distancia mejor. Google Maps, Google Earth y otras herramientas similares son sus claves para no mover un pie de la oficina y el resto lo tenemos que hacer los empleados municipales. Es decir, que para que ellos no tengan que desplazarse y comprobar aspectos sobre el terreno hay que dárselo todo perfectamente documentado: planos, fotografías, descripciones completas, formularios con todos los campos bien cumplimentados... etc. 

Y si algo falta o no está completo, te piden que requieras subsanación y sólo les asignes el expediente cuando esté todo puesto en bandeja y con un lazo para que puedan emitir su informe sin complicaciones. 

Si algún día vienen al pueblo por causa de fuerza mayor, la distancia que han tenido que cubrir les faculta para todo: llegar tarde a la cita, irse antes de acabar el trabajo, quejarse de lo lejos que estamos, etc.

Mientras tanto, los secretariuchos y secretariuchas debemos desplazarnos día a día desde nuestros domicilios a nuestros lugares de trabajo, estén o no remotos, ser puntuales, cumplir plazos, pisar el barro día sí y día también y atender a los ciudadanos y sus cuestiones de tú a tú.

5. La superioridad moral. Otro comportamiento típico de los técnicos provinciales cuando vienen a asistirnos a los ayuntamientos o cuando hablamos con ellos por teléfonos es demostrar su superioridad organizativa e intelectual. Aprovechan cualquier conversación o ocasión para indicarnos que "deberíais tener...", "deberíais haber aprobado...", "eso lo tendríais que tener regulado en...", "para eso aquí en la diputación tenemos...", etc. Es decir, nos recuerdan que como trabajamos en la administración más precaria y cutre de las que conforman el entramado administrativo español, somos intelectualmente inferiores. 

Si las feministas inventaron el término "mansplaining" para referirse a situaciones en las que hombres intentan aleccionar a mujeres sobre temas que ellas dominan, creo que en este caso podemos hablar del "dipusplaining" para referirnos a cómo los técnicos provinciales se refieren a nosotros los secretarios rurales.

Dipusplaining: escucha y toma nota, gili******

 

A muchos de estos técnicos me gustaría verlos solamente una semana en nuestro puesto de trabajo para ver cómo se desenvolverían y demostrarían su supuesta "superioridad organizativa e intelectual". Porque desde los despachos a decenas de kilómetros de distancia es muy fácil dar lecciones (que por otro lado todos conocemos, que para eso estudiamos nuestra oposición), pero con los pies en la tierra y con los medios con que nos movemos en los ayuntamientos de la España rural, suficiente es con mantener un cierto orden en el caos imperante en muchos consistorios. 

En conclusión, que a pesar de que a las diputaciones provinciales, cabildos y consejos insulares se les llena la boca hablando de su función de asistencia y cooperación con los municipios, en realidad muchas veces lo único que recibimos en los municipios es una atención muy justa, lenta, burocratizada, distante y que nos trata como si fuésemos gilipollas. Y este movimiento, que parecía luchar contra el desprestigio y el entredicho en que se puso a las administraciones intermedias en la crisis financiera (criticadas por duplicidad y por falta de legitimación por elección indirecta de sus representantes), ha quedado muy en entredicho en la práctica por los tics que presenta la función que prestan a los municipios. Por ello, yo me posiciono a favor de nuevas vías de conseguir administraciones eficaces y con medios humanos y materiales suficientes como la fusión de municipios, aún inexplorada.

Y a vosotros/as secretariuchos/as, ¿os pasan las mismas cosas que a mi con la asistencia de vuestras administraciones intermedias? ¿habéis sentido el dipusplaining en vuestras propias carnes? ¿presentan vuestros administraciones intermedias los mismos tics que la mía? ¿optaríais por la opción de la fusión local o por el refuerzo de las administraciones intermedias para conseguir que los ayuntamientos actuaran con mayor solvencia intelectual y técnica? En resumen: ¿#dipupower o #diputraicion? Espero vuestras opiniones. 

¡Nos leemos!

Compliance y mundo rural

En el mes de enero rompí mi ritmo quincenal de actualización  del blog, debido a la situación de abatimiento y apatía en que me encuentro durante las últimas semanas. 

En mi anterior entrada comentaba que participo en el concurso unitario 2021, en el que con toda probabilidad me asignarán un nuevo destino, lo cual en principio es una experiencia ilusionante, renovadora y positiva. 

No obstante, al iniciar los preparativos hacia esa nueva vida han surgido imprevistos que han minado mi ánimo:

1. Al empezar a retirar todos aquellos bienes que he ido acumulando en la casa del pueblo donde vivo y trabajo (libros, ropa, etc.) se han removido muchos sentimientos dentro de mi. En cada uno de esos libros y materiales que poco a poco fui acumulando conmigo en la casa, he vislumbrado el secretario con ganas, motivación y emoción que llegó a la agrupación de Secretaría hace tres años. Y al compararlo con mi yo actual, que conoce medianamente los municipios y ya no es un forastero pero que ha perdido la ilusión y la esperanza en el camino, se me rompe el corazón. Parece mentira que en tan solo tres años (ni siquiera los he cumplido aún) se haya podido producir tal cambio en mi visión de las cosas y en mi estado de ánimo. Se me han pasado estos tres años como si en realidad fuera mucho más tiempo.  

2. Por otro lado, desde que escribí mi última entrada he tenido noticia de la presentación de hasta 9 recursos en vía contencioso-administrativa contra la resolución por la que se convoca el concurso unitario de provisión de puestos reservados a funcionarios con habilitación de carácter nacional. Parece ser que se trata de recursos interpuestos por habilitados/as interinos/as que ven peligrar sus expectativas de estabilización en sus puestos de trabajo (en aplicación de lo previsto en la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público) por haberse ofrecido los mismos en el concurso. 

Si bien este hecho no me resulta preocupante, pues ya vimos cómo se actuó ante los recursos interpuestos contra la asignación de los primeros destinos, viene a sumarse como un jarro de agua fría más a los continuos ataques a la habilitación nacional que se han venido produciendo durante los últimos meses: Real Decreto-ley 14/2021, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, recurso de interinos/as contra la asignación de los primeros destinos, Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, transferencia al País Vasco de las competencias en materia de habilitación nacional mediante Ley de Presupuestos Generales del Estado 2022, etc. Y además, ya asoman la patita las consecuencias funestas que la estabilización del personal temporal en las administraciones públicas tendrá para nuestro cuerpo en particular: no solamente por la injusticia que supone hacia las personas que superamos la oposición, sino también por las presiones que vamos a soportar en los próximos meses tanto para la determinación de los puestos de trabajo que se tendrán que incluir en la oferta de estabilización, como en la fijación del sistema de estabilización y sus posibles temarios. 

Una vez hecha esta pequeña introducción y justificación de mi ausencia en el blog durante una larga temporada, entro ya en el tema de la entrada: el compliance en el mundo rural. 

Compliance: no tan sencillo como
pulsar una tecla

Compli(c)ance rural

Si bien el mundo del compliance es una tendencia que los gurús de la administración y los ayuntamientos grandes vienen aplicando desde hace tiempo, para la mayor parte de los ayuntamientos de España el aterrizaje en dicho campo se producirá a través de la aprobación del Plan de medidas antifraude, necesario para beneficiarse de los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

La elaboración y aprobación de dicho plan es imprescindible si se quiere participar en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, ya que así lo establece el artículo 6.1 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión de dicho plan: "toda entidad, decisora o ejecutora, que participe en la ejecución de las medidas del PRTR deberá disponer de un «Plan de medidas antifraude» que le permita garantizar y declarar que, en su respectivo ámbito de actuación, los fondos correspondientes se han utilizado de conformidad con las normas aplicables, en particular, en lo que se refiere a la prevención, detección y corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de intereses". 

Actualmente me encuentro elaborando el plan y voy con retraso, pues la orden prevé que el plan debe aprobarse en plazo de 90 días desde la entrada en vigor de la orden o, en su caso, desde que se tenga conocimiento de la participación en la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Aunque el plazo de 90 días ya pasó, mis ayuntamientos aún no han solicitado ninguna ayuda del plan y tampoco los alcaldes me han instado a confeccionar o aprobar el plan. No obstante, yo me adelanto porque los pobres no conocen la norma y no tienen ninguna capacidad de planificación, por lo que solamente les surgirá la necesidad de tener el plan el día que se convoque alguna ayuda del PRTR que sea de vital importancia para los municipios. 

Este pequeño retraso me permite contar con mayor número de modelos en que fijarme, con manuales y hasta cursos sobre este nuevo instrumento. No obstante, cuando trato de adaptar los modelos y aprendizajes a las peculiaridades de mis municipios, no puedo evitar que me salga la sonrisa burlona. 

En primer lugar por la designación del Comité Antifraude. En mis ayuntamientos, de tan reducida dimensión, voy a tener que meter gente de todos los niveles y de todos los ámbitos de la plantilla para conseguir un número mínimo de miembros en el comité. Lo cual está bien, porque el fraude y la corrupción pueden producirse en cualquier fase de la cadena y es bueno tener ojos en todas ellas. Pero claro, voy a reunir gente de todos los niveles formativos y profesiones, cuyo conocimiento de las leyes y conceptos va a ser entre cero y ninguno. 

Además, se agrava la situación si consideramos que para trámites habituales como procedimientos de contratación, ya me cuesta encontrar personal para formar parte de las mesas de contratación y los que asisten siempre se están quejando (a pesar de que las hacemos dentro del horario de trabajo). Imaginaos con que ímpetu y predisposición vendrán a las sesiones de constitución del comité o de diagnóstico de la situación inicial del ayuntamiento. Por no decir ya a las sucesivas reuniones periódicas que el comité deba realizar...

Reunión del Comité Antifraude para
tratar... "eso del secretario"

Espero que se cumpla esa parte del plan que dice que deben realizarse sesiones formativas para todo el personal sobre la materia, de tal manera que se den cuenta de que el Plan de medidas antifraude implica a toda la administración y que todos/as deben participar activamente, porque de lo contrario... me parece que las sesiones del comité van a ser conocidas como las reuniones "de eso del secretario". 

Si bien el papel es muy sufrido y aguanta todo lo que los planes quieran incluir, la planificación está para cumplirla y no para forrar el interior de cajones, como pasa en muchos ayuntamiento y ya denuncié en esta entrada. Los alcaldes y alcaldesas perciben este asunto de la planificación y de la aprobación de planes como un obstáculo más para conseguir tal o cual subvención que ansían, más que como una herramienta útil de planificación y anticipación ante eventualidades futuras. Y así terminan los planes olvidados en cajones o en alguna oscura caja de archivo. 

Incluso me atrevo a afirmar que muchas veces los planes son debatidos y aprobados en los Plenos sin que ninguno de sus miembros lo haya siquiera leído completo. Parece que leer y revisar la documentación que se pasa a firma o a debate y votación fuera una responsabilidad de la Secretaría (the reader) en vez de corresponder a los políticos (the professional barista). Y todo ello a pesar de que las leyes determinan que la responsabilidad de los acuerdos de las corporaciones locales corresponde a aquellas personas que los votaran favorablemente (artículos 78.2 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local y 22 del ROF, entre otros) y no a los secretarios que los preparan o que los pasan a firma. No obstante, ante una eventual vista en sede judicial los políticos locales pueden esgrimir las excusas "yo firmo lo que me ponen" o "no conozco las leyes y el secretario no me informó", que siempre quedarán mejor que "soy muy perro/a" o "no me gusta leer". 

DACI, banderas rojas, canales de denuncia y mucha publicidad

Otro elemento del plan que va a traer cola son las declaraciones de ausencia de conflictos de interés (DACI), que son obligatorias y se deben cumplimentar por todas las personas que participen en la gestión de los fondos europeos (empleados/as públicos/as, políticos/as, y perceptores/as de fondos). Lo cual resulta en un maremágnum enorme de papeles de ida y vuelta que solamente servirán para perder nuestro valioso tiempo y cubrir el expediente. Porque como ya comenté en esta entrada declarar es muy fácil y en un país como el nuestro con una tradición picaresca de siglos exigir el papelito resulta hasta grotesco. Resulta válida la conclusión a la que llegué en mi entrada anterior sobre la irresponsabilidad de la declaración responsable: alfombra roja al fraude que lo encuentra todo sencillo con una declaración y sobrecarga de trabajo para la administración que deberá inspeccionar y vigilar que todo lo declarado sea lo cierto cual detective. Pero tranquilos/as chicos/as, que los Planes antifraude prevén que podamos comprobarlo mediante bases de datos de registros mercantiles, bases de datos de organismos nacionales y de la UE, herramientas de prospección de datos ("data mining") o de puntuación de riesgos (ARACHNE): ja, ja, ja.   

Por no decir ya el asunto de las banderas rojas o indicadores de alerta de que se haya producido un posible fraude o corrupción. En entornos rurales de tan reducidas dimensiones como en los que yo trabajo, en los que los políticos y los contratistas son vecinos o incluso colegas, si tenemos que detener nuestro día a día para examinar con mayor detenimiento cada alerta roja que se encienda, mal lo llevamos.  

Bandera roja: ¡paren las máquinas!

¿Y qué me decís sobre los canales de comunicación y los canales de denuncia? Afortunadamente en este aspecto los ayuntamientos pequeños no tenemos obligación de habilitarlos, pudiendo redirigir hacia los canales habilitados para ello por agencias antifraude autonómicas o de ámbito superior. 

Y por último un básico de los últimos tiempos: las publicaciones. Todo lo que hagamos en materia antifraude debe ser publicado y publicitado a bombo y platillo. La declaración institucional contra el fraude: publicada. El propio plan antifraude: publicado, el código de conducta para empleados/as públicos/as: publicado. Que quede bien claro que nuestras corporaciones están muy comprometidas contra la corrupción y el fraude. 

Lo mejor va a ser cuando en un futuro y creo que cercano empiecen a surgir los primeros casos de corrupción y fraude con los fondos europeos y los Planes de medidas antifraude se conviertan en armas arrojadizas en los Plenos y en los tribunales, además de aparecer en prensa las personas responsables que debieron actuar en su momento, ya que los planes las identifican con claridad.

¿Soy yo el único que ve en todo eso mucho pero que mucho postureo institucional? ¿Es también el Plan de medidas antifraude "eso del secretario" en vuestros ayuntamientos? ¿Compliance o complicance? ¿Ya tenéis vuestro Plan antifraude forrando cajón?

¡Nos leemos!

Aplica la regla de las 3 P:
publica, publicita y posturea 

Con las alas al viento...

El día 27 de diciembre de 2021 se publicó en el Boletín Oficial del Estado la Resolución de 21 de diciembre de la Dirección General de la Función Pública, por la que se convoca concurso unitario de provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional. 

Los puestos de trabajo reservados a funcionarios/as con habilitación de carácter nacional se proveen ordinariamente mediante concursos de méritos y excepcionalmente mediante libre designación (en una serie de supuestos tasados). Estas dos fórmulas, junto con la asignación de primer destino, la permuta de puestos o la vuelta al puesto reservado desde la situación de servicios especiales son los sistemas de provisión de carácter definitivo (artículo 27 del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional). 

A dichos sistemas de provisión de carácter definitivo, se unen también otros sistemas de provisión no definitivos, como son los nombramientos provisionales, las acumulaciones, las comisiones de servicio, los nombramientos accidentales o de interinos/as.

¿Por qué lo llaman suerte cuando
quieren decir mérito?

Pues bien, de entre los sistemas de provisión definitivos, que son aquellos en que se nos asigna un destino de forma permanente en el que podemos trabajar y quedarnos tanto tiempo como el cuerpo aguante, el concurso unitario es el rey. Y ello a pesar de que en nuestra normativa el concurso unitario no se configura como el principal concurso anual, sino que este concurso convocado por el Ministerio de Hacienda y Función Pública tiene carácter subsidiario del concurso ordinario a convocar anualmente por las presidencias de las Corporaciones Locales (art. 29 RD 128/2018, de 16 de marzo).

No obstante, en la práctica la falta de diligencia o de interés por parte de las Corporaciones Locales en ofertar sus puestos libres hace que los concursos ordinarios sean reducidos en cuanto a puestos ofertados y que el concurso unitario posterior sea mucho más cuantioso, ya que salen en el mismo todas las plazas vacantes o que no se hubieran adjudicado en el concurso ordinario. 

El concurso unitario es el momento en el que aquellos/as habilitados/as que llevan al menos dos años desde la asignación de su destino definitivo pueden optar a conseguir un destino mejor por ubicación geográfica, retribuciones, flexibilidad, tranquilidad en el día a día, etc. Los que están lejos buscan un destino más próximo a su domicilio, los que cobran menos de lo que esperaban aspiran a una mayor retribución, los que tienen familiares que necesitan de su atención buscan un lugar de trabajo con horario más flexible o más cercano a su casa, los que pasan nervios en su día a día optan por puestos más tranquilos, los que están en comisión de servicios en un puesto de su categoría aspiran a conseguirlo en propiedad... por lo que en este concurso confluyen muchos intereses y expectativas. La vida de muchos habilitados nacionales es una búsqueda constante del santo grial de concurso en concurso, como indiqué en esta entrada.  

El concurso unitario normalmente suele publicarse en el Boletín Oficial del Estado a principios del mes de noviembre y resolverse a principios del mes de marzo. No obstante, este año al haberse adjudicado por primera vez los primeros destinos a las personas recién ingresadas al cuerpo a mitad del mes de noviembre de 2021 y debido a los recursos y quejas por parte tanto de los/las aspirantes como de los/las interinos/as que ocupaban dichos puestos hasta el momento, la convocatoria del concurso unitario 2021 se ha retrasado más de lo esperado.

El malestar de los/las recién ingresados/as al cuerpo por el escaso y poco apetecible listado de destinos ofertados para su primer destino es comprensible, pero de un breve vistazo a las vacantes ofertadas en mi comunidad compruebo que al menos aquí sí se cumplió lo previsto en el artículo 22.a del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, que determina que se ofrecerán para asignación de primer destino los puestos que no resultaron adjudicados en el último concurso unitario. Siempre he pensado que adjudicar el primer destino en el momento del nombramiento como funcionarios de carrera como determina el RD 128/2018 y adjudicarlo como resultado del concurso unitario anual tiene unos efectos muy similares para los recién aprobados/as, ya que en la práctica y salvo contadas excepciones de personas con mucha experiencia previa a aprobar, estas personas parten en clara desventaja de puntuación respecto a las de promociones anteriores, y por tanto solamente pueden aspirar a los puestos restantes que no han sido seleccionados por las personas aspirantes con mayores méritos. 

Sobre el recurso presentado por los/las interinos/as que ocupaban los puestos ahora adjudicados como primer destino no me voy a pronunciar, ya que sobre ello han corrido ríos de tinta en blogs, foros y grupos de whatsapp y yo en repetidas ocasiones me he referido a la función que los/las interinos/as desempeñan en la administración local de nuestro país, con tan insostenible planta (entre otras entradas en esta).  

Mi yincana concursal

Como supongo habréis imaginado tras leer el título, participo en este concurso unitario. Mi experiencia recabando la información necesaria para preparar mi solicitud de participación creo que es digna de contar. 

Así me he sentido yo aspirando a
ciertos puestos del concurso

Empecé mi ronda de contactos telefónicos con los distintos ayuntamientos que me resultaban atractivos como posibles destinos durante los primeros días hábiles de 2022. Ya había pasado al menos una semana desde la publicación de la convocatoria del concurso en el BOE, por lo que pensé que los distintos ayuntamientos habrían recopilado la información suficiente para resolver todas las cuestiones que los concursantes preguntamos y que la confección de mi listado de preferencias sería coser y cantar.

Los aspectos de los puestos de trabajo que quería conocer no eran nada del otro mundo: personal con que cuenta el ayuntamiento, retribuciones del puesto de trabajo, horario de trabajo, organización del gobierno municipal... cuatro cosas para hacer mi petición con un mínimo fundamento y no lanzarme a la piscina tan a la ligera (so pena de pasarme los tres próximos años arrepintiéndome de ello). 

Pues bien, mis llamadas se encontraron con el siguiente panorama:

- Ayuntamientos que ni siquiera sabían que la cobertura de su puesto de trabajo de Secretaría-Intervención se había convocado.

- Consistorios en los que quien me atendió pensó que preguntaba por una oposición municipal y me contestó que estaba equivocado, que ese puesto no estaba convocado. O incluso peor, quien me dijo que ese puesto no podía haberse convocado, pues se había cubierto recientemente (¡con algo tan definitivo como una bolsa municipal de interinos/as!). 

- Entidades en las que nadie supo decirme cuáles eran exactamente las retribuciones del puesto. Confundían el nivel del complemento de destino con el complemento específico, me decían que el complemento específico era el mínimo posible (¿cuál es el mínimo de un complemento específico, cero?), decían que el puesto llevaba tanto tiempo sin cubrirse que no sabían decírmelas, etc.   

- Destinos en los que las únicas personas que pudieron responder a mis preguntas fueron los secretarios/as interinos/as, accidentales o acumulados/as o directamente sus alcaldes/esas. Esto supuso que para hablar con algunos de ellos tuve que llamar hasta 3 y 4 veces a ciertos ayuntamientos. 

- Ayuntamientos en los que el puesto de trabajo ofertado era con una jornada parcial y nada de ello se decía en la convocatoria del concurso.

Total, que para confeccionar mi listado con unos 7-8 destinos posibles tuve que llamar durante al menos 3 mañanas. Mi listado inicial era más amplio, pero algunos destinos se fueron cayendo del listado debido a las malas condiciones que ofrecían. 

Poca información encontré para confeccionar mi listado en los portales de transparencia, a pesar de la exigencia legal de publicar mucha de la información que buscaba. 

En mis consultas telefónicas, a mis interlocutores al otro lado de la línea había que sacarles la información con sacacorchos, aunque ellos no olvidaban preguntar por mi nombre y apellidos para poder buscarme en el listado de méritos y comparar mi puntuación con la de alguna otra persona interesada o incluso con la suya misma.

Hablé con alcaldes y alcaldesas interesadísimos en incorporar un secretario-interventor a la mayor brevedad posible, con secretarios/as acumulados/as a los/las que no les hacía mucha gracia perder su acumulación aunque fuera a favor de un/a compañero/a y con accidentales que muy gustosamente desempeñaban las funciones reservadas y recelaban de un habilitado aspirando al puesto. También supe de ayuntamientos en los que no había ningún interés por incorporar un/a habilitado/a en sus filas, pues aunque nadie me lo dijera expresamente, las condiciones del puesto lo clamaban a gritos.

Llamativo resulta que entre puestos de trabajo de la misma comunidad autónoma y subescala (Secretaría-Intervención) haya diferencias de nivel de complemento de destino de hasta 8 unidades (lo que supone una diferencia de 7.034,86 euros anuales solo en el complemento de destino) y que la retribución total de algunos puestos de trabajo sea más del doble que la de otros puestos similares. ¿Cómo es posible que esto siga pasando? ¿Cuánto tiempo más vamos a permitir que los ayuntamientos sigan fijando las retribuciones de sus puestos de habilitación nacional y privando a sus vecinos/as de una administración solvente de sus asuntos, amparándose en la manida autonomía local? 

En resumen, que mucho tiempo esperando el concurso pero espero que me toque uno de los primeros destinos de mi lista y así no tener que volver a concursar hasta dentro de muchos años. Decidir entre los destinos ofertados con información detallada supone un ejercicio de paciencia y mucha insistencia, aunque creo que merece la pena teniendo en cuenta las diferencias abismales que existen entre unos destinos y otros. 

Y tú, ¿participas en este concurso unitario? ¿qué esperas de tu próximo concurso? ¿qué experiencias has vivido durante tu ronda de llamadas? Estaré encantado de que me lo cuentes en los comentarios. 

Si todavía no has presentado tu solicitud, corre a presentarla antes de las 12 de la noche. No seas Cenicienta dejándolo para el último momento o el encantamiento desaparecerá; que para ser Cenicienta ya tenemos el resto del año en nuestros cenicentamientos.

¡Nos leemos!

Corre Cenicienta, corre más veloz que
la hora oficial de la sede electrónica