Los ayuntamientos: esos tremendos ineptos

En los últimos días, existe un gran revuelo entorno a la actuación correcta o incorrecta del Ayuntamiento de Sevilla en la alerta sanitaria por listeria. Todos hemos leído y escuchado noticias sobre que la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Sevilla se echan las culpas mutuamente por el retraso en la declaración de la alerta sanitaria, como por ejemplo ésta: Junta y Ayuntamiento de Sevilla se echan las culpas del error que retrasó cuatro días la alerta sanitaria por listeria. 

A este respecto, cabe destacar que los ayuntamientos perdieron la competencia en materia de control de alimentos y bebidas (que además era un servicio mínimo para todos los municipios independientemente de su población, por encontrarse incluido en el artículo 26.1.a de la LRBRL) con las modificaciones que la Ley 27/2013, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local introdujo en la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 

Con dicha modificación, desapareció el control de alimentos y bebidas de los servicios mínimos municipales (artículo 26.1) y también desaparecieron las competencias propias municipales en materias relacionadas, como son la protección y defensa de los consumidores y usuarios y la participación de los municipios en la gestión de la atención primaria de la salud (artículo 25). También desapareció la posibilidad de que las entidades locales llevaran a cabo actuaciones complementarias a las de otras administraciones públicas en materias de su competencia, como por ejemplo en sanidad (artículo 28 LRBRL).

Este cambio, aparte de venir avalado por la búsqueda de la eficacia y de la eficiencia (a través del principio de una administración, una competencia) tiene mucha lógica, ya que en el artículo 148.1.21ª de la Constitución Española se atribuye a las comunidades autónomas la competencia en materia de sanidad e higiene y es muy difícil que unas entidades con tanta escasez de medios y recursos como las entidades locales garanticen la seguridad alimentaria de todos sus vecinos.

Curioso que algo tan pequeño haya conseguido
movilizar a dos gigantes administrativos, aunque
sólo sea para enfrentarse entre ellos

El caso particular de Sevilla y la seguridad alimentaria

Entonces, ¿qué responsabilidad puede tener el Ayuntamiento de Sevilla en la tardanza en la declaración de la alerta sanitaria por listeria? La respuesta la encontramos en los siguientes documentos que he encontrado alojados en la página de normativa sobre gestión de la seguridad alimentaria de la Junta de Andalucía: 

1. Plan de Inspección basado en el riesgo de los establecimientos alimentarios de Andalucía 2019, cuyo apartado 5 sobre autoridades competentes determina que: "Por otra parte, los agentes de la autoridad para el control sanitario de los establecimientos son los funcionarios farmacéuticos y veterinarios del Cuerpo Superior Facultativo de Instituciones Sanitarias (A4) en el ejercicio de sus funciones, y en su caso, los técnicos de salud. Por tanto, serán los responsables del control oficial de los establecimientos seleccionados los que ejecuten las actuaciones a desarrollar en el marco de este plan, sin menoscabo de aquellas inspecciones que pudieran ser realizadas dentro del marco de otros planes o situaciones especificas, tanto por las propias direcciones de las Unidades de protección de la Salud como por los técnicos adscritos al servicio de salud de las delegaciones territoriales. En tanto se mantiene el régimen de excepción de los municipios de Granada, Málaga y Sevilla, los agentes de la autoridad para el control sanitario de los establecimientos alimentarios de su ámbito geográfico, son los inspectores dependientes de la corporación local competente".

2. Plan para la supervisión de los sistemas de autocontrol en las empresas alimentarias de Andalucía 2019, cuyo apartado 7 sobre autoridades competentes establece que: "Por otra parte los agentes de la autoridad para el control sanitario de los establecimientos alimentarios son los funcionarios del cuerpo superior facultativo de instituciones sanitarias (A4), en el ejercicio de sus funciones y, en su caso, los técnicos de salud. Por tanto, serán los agentes de control sanitario oficial (ACSOs) que hayan sido capacitados en técnicas de auditoria, los que ejecuten las actividades de supervisión a desarrollar en el marco de este plan, sin menoscabo de aquellas supervisiones que pudieran ser realizadas, dentro del marco de otros Planes o situaciones específicas, tanto por los propios directores de Unidades de Protección de la Salud como por los técnicos adscritos al Servicio de Salud de las Delegaciones Territoriales, siempre que estos hayan alcanzado la capacitación. En tanto se mantiene el régimen de excepción de los municipios de Granada, Málaga y Sevilla, los agentes de la autoridad para el control sanitario de los establecimientos alimentarios de su ámbito geográfico, son los inspectores dependientes de la Corporación Local competente". 

¿Y qué significa lo anteriormente expuesto en esos documentos? Pues aunque no estoy completamente seguro, me tiro a la piscina aún arriesgándome a equivocarme, ya que me viene como anillo al dedo para argumentar mi opinión en esta entrada: 

Querrá decir que tras la aplicación de la Ley 27/2013, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, la competencia en materia de control de alimentos y bebidas correspondió exclusivamente a la Junta de Andalucía en la comunidad autónoma andaluza y así comenzó a ejercerla. Pero en el caso de las ciudades de Granada, Málaga y Sevilla (que ya venían prestando dicho servicio con solvencia y tenían sus propios laboratorios municipales), decidieron que las mismas continuaran realizando los análisis para la Junta de Andalucía, pagando ésta a cambio de la prestación de dicho servicio (según lo previsto en el artículo 27.1 de LRBRL, en busca de la eficiencia de la gestión pública). 

Esta forma de actuar se ha producido en muchas otras materias tras la entrada en vigor de LRSAL, como por ejemplo en materia de servicios sociales (que siguen prestándose en toda su extensión por personal de los propios ayuntamientos, siendo subvencionados, al menos en parte, por parte de la comunidad autónoma, a pesar de que la competencia actual de las entidades locales es únicamente la de "Evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social"). Es por ello, que pienso que algo parecido debió ocurrir en Andalucía en materia de seguridad alimentaria. 

Bueno, el hecho es que hasta ahora todo había salido rodado en Andalucía: los laboratorios municipales seguían analizando las muestras, la Junta de Andalucía pagaba (al menos parcialmente) por dicho servicio y los ciudadanos vivían felices comiendo perdices. Pero ahora que ha aparecido un problema de listeria, y la gente es infeliz por no poder comer su carne mechada, la Junta ha encontrado un culpable perfecto para dicho desastre: "Ha sido el estúpido cenicientamiento de Sevilla".

Y dicho mensaje ha calado a la perfección en los medios: 

El Ayuntamiento de Sevilla llevaba dos años sin inspeccionar la fábrica «La Mechá» 

Un error garrafal del Ayuntamiento de Sevilla demoró la alarma por listeria

Un presunto error del laboratorio sevillano retrasó cuatro días la alerta sobre la carne contaminada con listeria

Los ayuntamientos españoles: cabezas de turco

Este es sólo un ejemplo de cómo los ayuntamientos españoles están siendo utilizados a modo de moqueta bajo la cual esconder la incompetencia y el descontrol de otras administraciones más grandes, con muchos más recursos y supuestamente mucho más capacitadas. 

Otro ejemplo: el caso de Madrid y el problema existente en esa ciudad en materia de vivienda (con alquileres por las nubes y escasez de oferta). 

En el ámbito de la vivienda, el Ayuntamiento de Madrid, a pesar de tener un régimen especial de capitalidad, ejerce la misma competencia que cualquier otra ciudad: promoción y gestión de la vivienda de protección pública con criterios de sostenibilidad financiera; conservación y rehabilitación de la edificación (artículo 25.2.a LRBRL). La Ley 22/2006, de Capitalidad y Régimen Especial de Madrid, en su título III en el que se regulan las competencias, determina que las competencias propias del Ayuntamiento de Madrid son las generales que se asignan a cualquier otro ayuntamiento y las que se asignan a los municipios de gran población (sin perjuicio de las competencias que le puedan ser delegadas o encomendadas por otras administraciones).

Para que Madrid pudiera combatir efectivamente el problema de escasez de demanda y de subida de precios de los alquileres que padecen sus ciudadanos, tendría que destinar su crédito en inversiones a construir viviendas de protección pública sin descanso y aún así no creo que pudiera dar cobijo a tanta demanda de vivienda como existe en una ciudad con más de tres millones de habitantes. Porque luchar contra dicho problema supone además afrontar otros conflictos existentes a una escala superior a la municipal, como son dotar a la ciudad de un transporte interurbano de calidad que permitiera que la gente viviera fuera de Madrid y se desplazara allí solo para trabajar, luchar contra la despoblación de las áreas rurales y la concentración de la población en torno a la capital, gestionar adecuadamente los flujos migratorios procedentes de países terceros o la implantación efectiva del teletrabajo. Todos estos asuntos son de ámbito superior al municipal e influyen en el mercado de la vivienda en la capital, y poco o nada puede hacer el Ayuntamiento de Madrid para solucionarlos, pero es al consistorio madrileño al que se le achaca que no consiga unas viviendas dignas a precio razonable para sus vecinos, porque es inepto y torpe.

Alcalde y concejala: ¡culpables!

Y como estos ejemplos, mil más: la inseguridad en Barcelona, los manteros en todas las grandes ciudades, la contaminación atmosférica en Madrid, etc. Todos ellos son ejemplos de problemas con origen en un ámbito superior al municipal, cuyo único responsable a nivel popular es el/la sufrido/a alcalde/esa.


Los microayuntamientos: la parodia nacional

Y si eso les pasa a los ayuntamientos grandes como los de Sevilla, Madrid o Barcelona, ¿qué no les pasará a los microayuntamientos donde trabajamos los/as secretariuchos/as de tercera como yo?

Pero en el caso de los pequeños municipios, se añade una función adicional a la de ser chivos expiatorios de todos los problemas que vayan apareciendo: la de ser los bufones del reino.

Buenos días, mi nombre es Mostosilla

de la Sierra, y he venido a contentarles

Esta función viene ya de antiguo (ver películas La ciudad no es para mí, Bienvenido Mister Marshall, El turismo es un gran invento o De picos pardos por la ciudad, entre otras), pero ahora se sigue ejerciendo de forma más velada, y si no juzguen ustedes mismos viendo las siguientes noticias de prensa sobre pequeños municipios:

- Fuenteguinaldo, la Galia contra el topless en España: claves de una polémica regulación

- La controversia del nuevo bolo

- Piornal entra en calor castigando a Jarramplas

- Valdepiélagos: el pueblo de Madrid que ya sabe antes de votar quién es el alcalde

- Coripe quema y fusila un muñeco de Puigdemont entre insultos y jolgorio

- Nueva controvertida restauración "a lo eccehomo" en Asturias

- Casi 2.000 municipios españoles tienen más jubilados que trabajadores

Cada vez que los micromunicipios salen en alguna noticia de prensa es, o bien por algún suceso truculento acontecido en los mismos, o bien por algún hecho curioso, extravagante, salvaje o tractorista que en ellos ha tenido lugar.

Aceptémoslo, para la gente de las ciudades somos los frikis que viven aislados de la civilización anclados al pasado, que se comunican con corneta o toque de campana, se divierten con tradiciones salvajes como lanzar una cabra desde el campanario o quemar un espantapájaros y dedican su tiempo a labores del campo o a la ganadería, porque nunca se podrían ganar el sueldo por sí mismos en la ciudad. 


La situación real, avalada con datos

Ésa es la visión imperante, a pesar de que la realidad es muy distinta a dicha visión subjetiva.

1. Datos económicos: el Informe sobre el grado de cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, de deuda pública y de regla de gasto del ejercicio 2018 indica que, a pesar de tener el objetivo de estabilidad presupuestaria más estricto de las administraciones, por exigírsele a las entidades locales presentar equilibrio presupuestario, éstas no sólo lo cumplen, sino que lo mejoran presentando en su conjunto un superávit 6.292 millones de euros, cifra que representa el 0,52 por ciento del PIB. Las comunidades autónomas también cumplen agrupadamente su objetivo de estabilidad presupuestaria para 2018 (aunque de forma separada existen comunidades incumplidoras como la Comunidad Valenciana o Murcia), mientras que la administración del Estado y la Seguridad Social incumplen notoriamente sus objetivos. Es decir, que el resultado de las entidades locales y las comunidades sirve para reducir el déficit conjunto de las administraciones públicas, que incumplen así en menor medida el objetivo de estabilidad presupuestaria para 2018.

Respecto  a la regla de gasto, las entidades locales cumplen sobradamente el objetivo en su conjunto (aumento del gasto computable del 1,5%, frente al objetivo del 2,4% para 2018), al igual que las comunidades autónomas en su conjunto (aumento del gasto computable del 2% frente al objetivo del 2,4%), mientras que la administración central lo incumple sobradamente (10,2% de incremento del gasto computable frente a un objetivo del 2,4%). 

En cuanto al objetivo de deuda pública, las entidades locales en su conjunto cumplen el objetivo de deuda (2,1% del PIB frente al 2,7% permitido), al igual que cumple la administración central (mejora en un 0,1% del PIB el objetivo planteado), pero incumplen las comunidades autónomas por un 0,2% del PIB. El resultado global de las administraciones públicas es que se cumple el objetivo de deuda pública logrando una mejora del objetivo del 0,5% del PIB. 

En los tres indicadores anteriores los mejores datos los presentan las entidades locales, colaborando con su esfuerzo y su capacidad a reducir el incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria del conjunto de las administraciones públicas y a incrementar el cumplimiento del objetivo de deuda pública de las mismas. 

2. Volumen de personal: en cuanto al volumen de los recursos humanos existente en la administración local, según los datos del Registro Central de Personal del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, las entidades locales cuentan con el 20,68% del total del personal existente en las administraciones públicas, seguido del Estado con un 22,10% del personal y ambos muy lejos del personal con que cuentan las comunidades autónomas, que es el 52,53% del total del personal de las administración públicas españolas (completa la tabla el personal de las universidades, que representa el 4,70% del total). Es decir, que de las tres administraciones territoriales, la que cuenta con menos recursos humanos es la administración local, funcionando sus más de 8.000 municipios con el mismo personal que lo hace únicamente la administración del Estado.

Si a este dato le añadimos que en la administración del Estado y de las comunidades autónomas es donde más se aplica la selección del personal a través de procesos de libre designación... saquen sus conclusiones. 

3. Valoración ciudadana: la administración local es la administración española mejor valorada por los ciudadanos. Al menos, ese resultado se obtuvo en un estudio realizado por el CIS en mayo de 2012, cuyos resultados se exponen abreviados en la siguiente noticia: La mitad de los españoles cree que la Administración Pública funciona mal. También así lo consideraba el profesor de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad Pompeu Fabra Carles Ramió (que cuenta con toda mi atención y admiración) en su ponencia del congreso internacional sobre recursos humanos realizado en Vitoria-Gasteiz en 2007. 

Calcula y recalcula que el resultado será el mismo:
¡los datos nos avalan!

Y este resultado a pesar de ser la administración española con una peor financiación (lleva décadas reclamando un sistema de financiación más justo), con una planta que es un absoluto desastre, con un personal escasamente formado y con unas circunstancias (ubicación, comunicaciones, etc.) que no facilitan el abaratamiento del coste de sus servicios. 

Luego mucho cuidado con la administración local que es, sin lugar a dudas, un paradigma de éxito. Porque somos pueblerinos, catetos y salvajes, pero sin nosotros esto no funciona. 

¡Nos leemos!