El tonto de pueblo: ¿realidad o mito?

En un país como España, que ha experimentado durante más de 50 años movimientos migratorios internos del campo a la ciudad (o lo que es lo mismo del pueblo a la urbe), las personas que habitan el mundo rural ajenas a las presiones migratorias son percibidas como singulares, fuera de la norma, diferentes o directamente como tontas.

Tan extendida es esta visión de los habitantes de la España rural, que son muchas las películas de nuestra filmografía que parodian a la gente de pueblo, retratándola como paleta, simple, inadaptada o idiota. Desde "La ciudad no es para mi" de Paco Martínez Soria hasta el anuncio "Fauna Fanta" de la empresa de refrescos, se cuentan por decenas las producciones audiovisuales que han utilizado la figura del pueblerino o el gañán como bufón o personaje risible.

Pero esta figura del tonto de pueblo... ¿tiene algo de cierto o es pura fantasía?

¿Buen hombre o gañán?

Ora et labora

La mayor parte de la gente que abandona el pueblo para irse a vivir a la ciudad lo hace por motivos de estudios durante la juventud o bien ya en la etapa adulta por motivos laborales, con el fin de encontrar un trabajo que permita mejorar las condiciones que ofrecen los empleos del mundo rural. 

Esto ocurre a pesar de que en los pueblos hay bastante trabajo: agricultura, ganadería, cuidado de personas, pequeñas industrias, pymes de servicios, empleo público, etc. No obstante, la gente no suele permanecer en el pueblo ocupando estos puestos, prefiriendo emigrar a las ciudades en busca de otros empleos menos esclavos, más sofisticados, con mayor proyección de futuro (ascensos), o más lucrativos.   

Simplificando mucho la cosa, incluso tal vez demasiado, he detectado la existencia de cinco grupos de habitantes de la España vaciada a nivel laboral: 

1. Los trabajadores del campo (agricultura, ganadería, sector forestal, etc.). Son empleos duros, con largas jornadas de trabajo y sometidos a las inclemencias del tiempo. La emigración masiva de la población hacia las ciudades ha facultado que estos trabajadores dispongan de más terrenos a explotar de forma gratuita o a un precio reducido y sus productos son cada vez más preciados por las masas urbanitas, por ser la antítesis de la producción industrial. Por todo ello, las retribuciones de estos trabajadores son elevadas, aunque van unidas a una vida de esfuerzo y sacrificio. 

2. Los profesionales y empresarios del sector servicios (bares, tiendas, peluquerías, panaderías, etc.). Al igual que el grupo anterior, son puestos de trabajo que requieren amplias jornadas de trabajo, esfuerzo continuo, elevadas capacidades de adaptación y trato con el público. Son puestos que permiten vivir dignamente, pero conllevan dosis altas de constancia, innovación y esfuerzo.

3. Los ocupantes de empleos residuales (bolsas de empleo temporal de ayuntamientos y mancomunidades, economía sumergida) y perceptores de ayudas o subsidios. A diferencia de las dos categorías anteriores, en este caso el esfuerzo no es un factor determinante. Se configuran como situaciones parche, temporales, en las que la falta de continuidad o expectativas de futuro desincentivan el sacrificio. No obstante, en ocasiones se suceden o simultanean varias de estas figuras (bolsa de trabajo temporal - prestación por desempleo - trabajo en negro - ayudas sociales) e incluso se cronifican formando ciclos. Las retribuciones son bajas, aunque permiten la supervivencia. Más aún si tenemos en cuenta que en los pueblos se gasta menos que en las ciudades y que existen muchas viviendas desocupadas, por lo que la gente suele vivir en viviendas heredadas o de familiares, evitando así el elevado gasto en vivienda que existe en las ciudades. 

4. Los empleados públicos (trabajadores fijos de ayuntamientos, mancomunidades, etc.). Son empleos muy excepcionales y preciados en el ámbito rural, ya que aunque escasos, son los únicos capaces de asegurar unas retribuciones estables y salarios dignos pase lo que pase. Con el transcurso de los años, estos empleados públicos tienen riesgo de convertirse en la vieja guardia que retraté en mi entrada Los FHCN y el personal de la vieja guardia.

5. Los jubilados. La población más numerosa en el ámbito rural, ya que la población de la España vaciada está fuertemente envejecida. Sus retribuciones son diversas en su cuantía, pero tan seguras como las de los empleados públicos. 

De estos cinco grupos de trabajadores, los números 2, 4 y 5 (profesionales y empresarios del sector servicios, empleados públicos y jubilados) son también comunes al ámbito urbano, compartiendo características muy similares en ambos entornos. Los del grupo 1 (trabajadores del campo) no están presentes en las ciudades por la peculiaridad de su lugar de trabajo, pero tienen características similares a otros puestos de trabajo típicamente urbanos (como los trabajadores de la industria, por ejemplo, que requieren igualmente jornadas amplias o a turnos y trabajo esforzado). 

Diferente es el caso de los ocupantes de empleos residuales y perceptores de subsidios (grupo 3). Este grupo de población, escasa en el ámbito urbano, es más numeroso y habitual en la España rural. En las ciudades, el coste de la vida es más elevado (hipotecas, alquileres, gastos de comunidad, transporte, etc.) y es muy difícil vivir con un empleo residual, lo cual si es factible en los pueblos por el menor coste de vida, la innecesariedad de adquirir una vivienda y por la mayor protección que constituye el ámbito familiar.

Son gente que prefiere ganar menos, pero llevar a cambio una vida más tranquila y apacible que la que ofrecen las empresas o las ofertas laborales propias de las ciudades.

Desde el punto de vista de la gente urbanita, obsesionada con la producción, la productividad y la maximización de beneficios, este perfil de trabajador es gente conformista, sin ambición, tonta. Son la personificación de los dichos españoles "ande yo caliente y ríase la gente" o "dame pan y dime tonto"; puede ser por ello que los urbanitas los identifican como los tontos de pueblo.   

Ande yo caliente y ríase la gente

La España vaciada como forma de vida

Todas las características anteriormente descritas como propias de los trabajadores de empleos residuales o perceptores de ayudas o subsidios, corresponden a un sector de la población rural que ha encontrado en la despoblación del mundo rural su forma de vida. 

No solamente saben aprovechar todos aquellos instrumentos que las instituciones han puesto en marcha para luchar contra el fantasma de la despoblación (bolsas de trabajo temporal, ayudas, subsidios, etc.), sino que sus reivindicaciones van más allá. 

Su aspiración máxima es percibir una retribución únicamente por el hecho de habitar la España vaciada. El deber de trabajar o de tener que cumplir algún objetivo para poder percibir su ingreso es lo de menos, lo importante es que el sistema les garantice un ingreso mensual simplemente por el hecho de vivir en el ámbito rural. 

Pero aparte de reclamar ingresos, también reclaman exenciones fiscales. Lo hacen cuando se les notifican liquidaciones del Impuesto sobre Bienes Inmuebles o del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras y, sorprendidos, exclaman: ¡pago demasiado por una vivienda que no vale nada y no tiene ninguna salida! o ¡el ayuntamiento me tendrían que pagar a mi por reformar la vivienda!   

Esta reivindicación de los habitantes de la España rural ha calado hondo, e incluso ya fue recogida por algunos partidos políticos en sus programa electorales para las elecciones generales de 2019, como por ejemplo por Ciudadanos: 

- Rivera: 'Una de las primeras medidas que tomaré si soy presidente del Gobierno será un Pacto de Estado contra la Despoblación'

- La rebaja fiscal de Cs contra la despoblación beneficiaría a 700 municipios de Aragón

Los neorrurales, una figura controvertida

Analizamos ahora a ese grupo de la población que, bien con anterioridad o durante la pandemia, decidieron abandonar el entorno urbano para instalarse y repoblar la España vaciada. 

Básicamente hay 3 grupos de neorrurales: los que vienen en busca de los empleos residuales, ayudas y subsidios de los que hablábamos anteriormente (España vaciada way of life), los que llegan con idea de emprender un negocio y los que se mudan al pueblo con un empleo propio susceptible de teletrabajo. 

Sean de un grupo u otro, los neorrurales son recibidos con suspicacia por los oriundos del lugar. Si vienen en busca de los empleos residuales, ayudas y subsidios, porque son competidores directos en la lucha por unos recursos escasos; si vienen con idea de emprender un negocio, porque "ahora van a venir estos a enseñarnos cómo hacer las cosas" y si vienen con empleo propio por teletrabajo, porque "vienen buscando una experiencia bucólica y se irán tan pronto como se les pase".

Neorrural con posibilidad de teletrabajo

El hecho es que los neorrurales suelen coincidir en el testimonio de que sus inicios en pueblos de la España vaciada no fueron para nada fáciles. 

Los neorrurales que vienen en busca de empleos residuales, ayudas y subsidios se encuentran con la oposición de aquellos vecinos establecidos que han encontrado en este ámbito su forma de vida. Estos habitantes, reclaman la preferencia del vecino originario del municipio frente al forastero (o nuevo vecino) para empleos o ayudas y denuncian que el ayuntamiento ayude o contrate a algún nuevo residente en el municipio en lugar de al oriundo.

Los neorrurales que vienen con idea de emprender confiesan que los vecinos del municipio critican salvajemente sus negocios, las ayudas que puedan obtener para la apertura y establecimiento de los mismos y les boicotean. Esta población originaria teme, al mismo tiempo que rechaza, que otras personas emprendan y triunfen en un lugar en el que ellos mismos no fueron capaces de percibir o aprovechar la oportunidad.

Los neorrurales que vienen al pueblo con idea de teletrabajar no lo tienen mucho más fácil. Suelen ser profesionales o personas con elevada formación y un perfil que choca bastante con el estilo y la forma de vida de los oriundos del municipio. La gente del pueblo piensa de ellos que no trabajan o que están de año sabático y que vienen al pueblo como quien va de safari. 

En resumen, los neorrurales declaran que es muy difícil sentirse y ser considerados por el resto de la población del municipio como vecinos "de toda la vida", con todos los derechos y deberes que ello conlleva. Y esto hace que a mucha gente se le quiten las ganas de seguir poblando la España vaciada una vez aterrizan y anida en ellos este sentimiento. 

Aunque parezca mentira, la gente de los pueblos que padecen en mayor medida el fantasma de la despoblación, muchas veces no son capaces de percibir en los neorrurales su oportunidad de echarle freno a este problema y revertir la situación. 

En conclusión: ¿existe o no existe el tonto de pueblo? 

Pues a ver, en mi opinión, una persona que decide vivir su vida de forma más apacible y calmada, sin grandes gastos o aspiraciones y trabajando lo imprescindible para poder ir tirando, que sabe aprovechar las herramientas institucionales para conseguirlo, que reclama rebajas fiscales para pagar menos impuestos y que defiende con uñas y dientes sus fuentes de ingresos frente a posibles adversarios... tonto no me parece que esté. ¿Que es una forma de vida muy reduccionista o sencilla? Puede ser, pero como cualquier otra forma de vida debe ser respetada como una decisión voluntaria, libre y personal.   

Huellas de "tonto de pueblo" cerca

Y vosotros/as... ¿también habíais percibido la España vaciada way of life en vuestros municipios? ¿algún neorrural os ha contado amargamente sus primeros días en un minicipio? ¿habéis vivido estas experiencias en vuestras propias carnes? ¿existe o no para vosotros el tonto de pueblo?

¡Nos leemos!

La parlamentarización del Pleno

Una vez acabadas las vacaciones de verano y el mayor o menor sabotaje telefónico de las mismas, abro estos días una nueva etapa conocida como mátame camión. La he bautizado de esta manera porque en estos días y en los próximos meses confluyen una serie de situaciones que dan ganas de salir por patas: se junta la cantidad de asuntos que se han ido acumulando durante las vacaciones (sobre todo si como en mi caso tus municipios reciben una fuerte afluencia de población estacional), las subvenciones concedidas por otras administraciones que requieren que las actuaciones subvencionadas sean ejecutadas y justificadas antes de final de año y el deseo de los alcaldes de hacer uso de sus remanentes de tesorería incorporados al presupuesto vigente. Esta etapa es tan dura, que el año pasado tras las vacaciones estuve sin actualizar el blog hasta el mes de octubre, ya que llegaba a casa después de trabajar completamente fundido. 

Pero este año voy a tomármelo con filosofía, voy a trabajar a full y a darlo todo durante la jornada laboral, pero sin dejar que eso me afecte a mi vida personal y a mis aficiones. Dado que la situación es tan dura para todos/as, os traigo hoy un tema que seguro que también habéis experimentado en vuestras propias carnes y que no deja de ser bastante cómico, o más bien tragicómico: el tratamiento en el Pleno de proposiciones/mociones sobre asuntos de competencia supramunicipal.

 

Un poco de historia

Aunque ya el ROF en 1986 preveía las proposiciones/mociones, se tratan de unas figuras que experimentaron un boom durante los primeros años de la segunda década de nuestro siglo (2010-2015), sin duda azuzadas por los grupos políticos autonómicos y estatales mayoritarios, que enviaban los modelos de proposición/moción a sus representantes en las entidades locales.

¿Parlamento o Pleno?

Tal era el volumen de proposiciones/mociones que se sometían el Pleno durante esos años, que las sesiones plenarias se convirtieron en auténticos maratones de declaraciones, acusaciones y manifestaciones grandilocuentes. Los Plenos se hacían interminables y se empezó a cuestionar si era o no pertinente poner fin de forma anticipada a dichas reuniones invocando el principio de unidad de acto. Este principio se establece en el artículo 87 del Real Decreto 2568/1986, Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales: “Toda sesión, sea ordinaria o extraordinaria, habrá de respetar el principio de unidad de acto y se procurará que termine en el mismo día de su comienzo. Si éste terminare sin que se hubiesen debatido y resuelto todos los asuntos incluidos en el orden del día, el Presidente podrá levantar la sesión. En este caso los asuntos no debatidos habrán de incluirse en el orden del día de la siguiente sesión”.

En ocasiones se aplicaba este principio y la Alcaldía levantaba la sesión por superarse las doce de la noche sin haber terminado la lectura y votación de todas las mociones, aunque se tachara esta decisión de dictatorial. La alternativa era aguantar chaparrón hasta que el diluvio de mociones amainara, sufriendo en silencio. Era una cuestión de susto o muerte, como veis.

En esta época dorada de las proposiciones/mociones los cargos electos se ganaban el importe de sus asistencias con el sudor de su frente, y no era raro verlos asistir a las sesiones plenarias con bocadillo envuelto en papel de plata en aquellos casos en que se convocaban a una hora posterior a las 19:00 horas.

Afortunadamente esa época dorada quedó atrás, ya que los miembros electos aprendieron que es posible ganarse las asistencias sin tanto esfuerzo, pero aún se somete periódicamente al Pleno alguna que otra proposición/moción propuesta por los grupos municipales.

 

“Animales de la política”

He titulado esta entrada la parlamentarización del Pleno porque en la mayoría de ocasiones estas proposiciones o mociones tratan asuntos que nada tienen que ver con las competencias municipales. La mayor parte de ellas versan sobre materias íntegramente de competencia autonómica o estatal.

Asumámoslo: los políticos locales tienen ínfulas de grandeza y quieren dedicar su tiempo a manifestarse sobre los grandes asuntos que afectan al país, los problemas con mayúsculas, los que salen en la tele y no limitar su talento político a aquellos asuntos primarios que se presentan en los municipios de la España rural.

Puede ser que no tengan la capacidad para redactar el texto de una moción clara y bien explicada (por lo que necesitan los modelos confeccionados por las centrales de los partidos políticos autonómicos o estatales), pero aún así quieren manifestar su posición sobre el tema de actualidad, acusar al grupo municipal de la oposición de los desmanes ocasionados por su partido político a nivel autonómico o nacional o dar lecciones de lo que se debería hacer o no hacer para resolver los grandes problemas que acucian a nuestro país. Y todo ello sin más preparación ni colchón que las noticias que hayan visto en el telediario y los debates televisivos; nada más les hace falta para lanzarse al barro y demostrar a la oposición que son auténticos “animales de la política”.

¿Es un tronco? ¿Es una piedra?
No, es un animal de la política.

A los políticos municipales no les interesan asuntos tales como la mejora de la calidad del agua potable, las campañas de desinfección, desinsectación y desratización, la limpieza viaria o la biblioteca municipal. Quieren pronunciarse sobre las políticas comerciales de la Unión Europea con terceros países sobre productos agrícolas que afectan a la producción nacional, sobre el precio de la energía, sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial, sobre el problema migratorio con Marruecos, sobre los indultos de los condenados por el procés… ¿a quién no le va a gustar pronunciarse sobre los indultos del procés? Y la mejora de la calidad de vida de la población del municipio puede esperar.

 

Comunicación de los acuerdos: de tú a tú

Y para rematar toda buena proposición/moción que se precie, la traca final: propuesta de notificar el acuerdo adoptado a la Presidencia del Gobierno, a todos los ministerios implicados, a los/las portavoces de los grupos parlamentarios del Congreso, a los grupos parlamentarios del Senado y a cualquier otro cargo notable que aparezca por el medio. Que se entere todo quisqui. 

Nuestros/as concejales/as quieren que se les oiga alto y fuerte en la cúspide del Estado, sentirse cual Adrianas Lastras, Yolandas Díazs, Espinosas de los Monteros o Garcías Egeas en potencia y dirigirse de tú a tú a las altas instituciones del Estado.

Queda muy bien y es muy rimbombante acabar el texto de la proposición/moción de esta manera, pidiendo notificaciones masivas; lo peor es que después de acordarlo hay que cumplirlo. ¿Nadie ha pensado jamás que adoptar este tipo de acuerdos supone que después un/a empleado/a público/a tiene que emplear su valioso tiempo en preparar y enviar todas estas notificaciones? Parece ser que nadie, por lo que seguimos matando moscas a cañonazos y ejercitando el noble arte de la burocracia más estéril.

Estéril, porque imaginad el efecto que puede suponer sobre el ánimo de un Pedro Sánchez, una Teresa Ribera o un Alberto Garzón saber que el Pleno de Villarejo de Retamar denuncia la campaña de desprestigio del consumo de carne de principios de verano. Eso en caso de que las notificaciones que se envían desde los ayuntamientos lleguen a su destinatario/a, pues antes de llegar a tan ilustres manos habrá un cribado de decenas de bedeles bien instruidos en cómo triturar la correspondencia inútil.

Bedel parlamentario tramitando una moción

Esto me hace acordarme del tema de nuestro temario relativo a los grupos de interés y a los grupos de presión (lobbies). Pues en este caso interés sí le ponen, pero presión presión no creo que ejerzan mucha. Hay que ver qué cosas hay que estudiar para convertirse en un simple secretariucho de tercera…

Y vosotros/as, ¿también vivís estas experiencias con las proposiciones/mociones en vuestros ayuntamientos? ¿cómo lográis abstraeros durante el tiempo de lectura de las proposiciones/mociones en las sesiones plenarias? ¿cuál es la moción más loca que se ha tratado en vuestros consistorios?

 

¡Nos leemos!

Vacaciones y acoso telefónico (si lo permites)

Estamos a mitad de julio y se acercan los días en que los habilitados nacionales, al igual que el resto de los empleados públicos, podemos disfrutar de unos días de descanso y desconexión de todo aquello que nos embota la mente, nos mantiene (pre)ocupados e incluso nos quita el sueño. Y digo que al igual que el resto de empleados públicos, porque parece que para esto de las vacaciones los secretariuchos de tercera somos menos o tenemos menos derechos que cualquier otro trabajador municipal. 

El verano es para disfrutar
de paisajes como este

Desconozco cual será vuestro caso, pero en el mío los alcaldes me reprochan que me coja el mes completo de vacaciones con expresiones tales como "te vas, y me dejas el ayuntamiento completamente paralizado" o "con todas las cosas que tenemos que hacer y tú te vas de vacaciones". Yo hago lo posible para dejar los asuntos pendientes del ayuntamiento solventados o tan avanzados como queda en mi mano, realizando jornadas maratonianas durante las últimas dos semanas previas a las vacaciones. Pero a partir de ahí, no doy mi brazo a torcer. A mis compañeros de trabajo les indico que no me llamen ni interrumpan mis vacaciones salvo por causas de fuerza mayor o imperiosa urgencia y lo mismo hago con los alcaldes, recalcándoles que me voy de vacaciones y no de otra cosa. 

No obstante, mi experiencia me dice que con el paso de los días mi teléfono empezará a sonar y comenzarán a molestarme con asuntos cada vez más triviales. Es la desgracia de no tener crédito presupuestario suficiente para poder delegar la firma en un secretario-interventor accidental y de tener ciertos subordinados que a pesar de contar con años de experiencia en el ayuntamiento no son capaces de hacer incluso los trámites más sencillos.

Si a vosotros también os pasa y sentís violentado vuestro descanso y vilipendiado vuestro derecho a la desconexión, os recomiendo la lectura de esta entrada que redacté en el año 2019, y que dos años después sigue teniendo plena vigencia: Las vacaciones de verano y el arte de decir que no. 

En fin, os deseo a todos/as unas buenas vacaciones, días de descanso, desconexión y de descubrir y disfrutar de lo bueno de los pueblos y ciudades que visitéis. ¡Feliz verano, secretariuchos/as!

¡Nos leemos!

Rivalidad en la agrupación: mi pueblo es mejor que el tuyo

Los hechos que cuento hoy en esta entrada no sé si son algo común en las agrupaciones de Secretaría en las que trabajamos los/las secretariuchos/as de tercera o es el mío un caso singular y aislado. Se trata de la rivalidad existente entre las Alcaldías de los municipios en que trabajo, que mantienen una relación tensa entre sí, complicando el ejercicio de mis funciones como secretario-interventor en ambos consistorios. 

Esta relación tirante se materializa principalmente en varios aspectos:

1. Lucha encarnizada porque se cumpla el porcentaje de jornada de la Secretaría-Intervención pactado entre ellos, sin intromisiones ni despistes.

2. Rechazo de cualquier comparación entre ayuntamientos, salvo excepciones que luego comentaré. 

3. Puja por ocupar la presidencia de la agrupación y/o variar el porcentaje de jornada a destinar a cada uno de ellos. 

Alcalde vigila a los ladrones del tiempo
de su secretario-interventor

Explico a continuación cada uno de los puntos anteriormente expuestos. 

1. Los titulares de las Alcaldías de mis ayuntamientos quieren que cumpla escrupulosamente el horario de atención de cada ayuntamiento, dedicando la totalidad del tiempo que paso en los mismos al consistorio en el cual me encuentro cada día. Si bien en el documento por el que se constituyó la agrupación hace años, al que he tenido acceso, se determina que la persona que ocupe la Secretaría-Intervención podrá organizar su trabajo según su criterio, debiendo priorizar el cumplimiento de plazos por parte de ambas entidades, la realidad es que mis alcaldes no toleran el hecho de que esté en su ayuntamiento hablando por teléfono o tratando asuntos relativos al otro consistorio. 

Sinceramente yo también lo prefiero, pues suficiente cacao es ya el hecho de tener que cambiar diariamente de sombrero para ir alternando cada día un municipio diferente, como para encima estar en un pueblo tramitando los asuntos del otro. No obstante, reconozco que en ocasiones esto es complicado de evitar. Me pasa muchas veces que cuando llego a un ayuntamiento empieza el whatsapp a sonar con preguntas de gente del otro municipio o recibo llamadas a mi móvil o al teléfono del despacho de trabajadores, técnicos o incluso ciudadanos o proveedores del otro municipio. Y esto es altamente desquiciante, pues de esta manera ni consigues poner toda tu atención en los asuntos de un municipio ni del otro, aparte de generar una carga mental bastante notable. Por no hablar de la tensión que se genera cuando estás atendiendo una de esas llamadas y entra el alcalde por la puerta, obligándote a comenzar a hablar con monosílabos o en clave para que no se note...

En mi caso, conociendo esta pugna entre las Alcaldías por el empleo de mi tiempo, cumplo al máximo la dedicación de jornada pactada entre ayuntamientos, aunque esto me suponga que en uno de los municipios lleve los asuntos mucho más avanzados que en el otro y me genere ciertos agobios para poder cumplir los plazos en ambos. 

2. Como segunda manifestación de la rivalidad dentro de la agrupación,  menciono la fobia comparativa con la forma de gestionar del otro municipio de la agrupación que mis alcaldes han desarrollado. 

Entiendo que las comparaciones son odiosas, pero no entiendo por qué yo no puedo hacer tales comparaciones y ellos sí. Me explico: cuando se presenta algún problema que requiere buscarle una solución o una forma de manejarlo y lo estamos debatiendo juntos, si expongo cómo se gestiona en el otro municipio desprecian la idea y me hacen ver que su municipio es particular o tiene su propia idiosincrasia. Sin embargo, cuando quienes están inquietos por alguna circunstancia son ellos y están buscando soluciones, no dudan en preguntarme cómo lo han solventado en el municipio vecino y en este caso la comparación la ven adecuada, incluso enriquecedora. En su modo de pensar, la primera situación sería una odiosa comparación, mientras la segunda sería puro benchmarking al estilo empresarial. Y la única diferencia es quién formula la comparación... 

No toleran la comparación realizada por un tercero porque es como si alguien de fuera les viniera a enseñar o mostrar cómo deben gobernar, y esa idea les resulta del todo inadmisible. En vez de reconocerse como personas inexpertas pero con interés por mejorar y aprender cada día, prefieren mostrarse como líderes políticos innatos y con respuestas propias para cualquier situación. En el campo político, como en cualquier otro, nadie nace aprendido y todos pueden aprender de otros y mejorar con el tiempo, pero la ignorancia es muy atrevida... Ya lo dice Carles Ramió, que en las administraciones públicas se da el caso de que el inexperto dirige al experto y esto no puede más que conllevar fricciones.

Sea como sea, las comparaciones entre los municipios de la agrupación,  o con otros limítrofes, es constante. La formulan los vecinos, los miembros de la oposición en los órganos de gobierno, los proveedores, etc. Para su desgracia, el dicho "busca, compara y quédate con lo mejor" ha calado muy hondo...

Pesadilla recurrente de cualquier
alcalde con fobia comparativa

3. La tercera manifestación de la rivalidad dentro de la agrupación es la pugna por hacerse con la presidencia de la agrupación y tratar de alterar el régimen de jornada del titular de la Secretaría-Intervención. La verdad es que no entiendo muy bien el por qué de este afán de presidir la agrupación.  Debe ser porque les guste añadir a sus títulos de alcalde-presidente, presidente de la Junta de Gobierno Local y de la Comisión Especial de Cuentas el título de presidente de la agrupación de Secretaría (titulitis que llamaríamos en el mundo académico y profesional).

Lo cierto es que luego, cuando los alcaldes se juntan en las reuniones que les montan las diputaciones para hablar de los planes de subvenciones (a modo de besamanos) o en los encuentros que les organizan las federaciones autonómicas o estatales de municipios y provincias, me consta que se quejan y lamentan del control y fiscalización al que les sometemos los habilitados nacionales y manifiestan que no les dejamos materializar sus brillantes ideas y se muestran lejanos al cuerpo de habilitados nacionales. Nos presentan como el enemigo a batir más que como los que sacamos el trabajo adelante en las secretarías rurales, pero al mismo tiempo tratan de conseguir para sí el puesto de presidencia de la agrupación de Secretaría o de incrementar el régimen de jornada que le dedicamos a su municipio para agilizar sus asuntos. En este aspecto creo que nos tratan a los habilitados nacionales con la misma desafección con la que toda la población española percibe a la clase política. Pero bueno... con alguien hay que pagar las frustraciones. 

Reunión de alcaldesas comadreando
sobre sus habilitados nacionales

También existen casos de alcaldes de agrupaciones que lo que quieren es alterar el régimen de jornada de la Secretaría-Intervención para que ésta le dedique menos tiempo a su municipios y poder seguir haciendo y deshaciendo los asuntos a su antojo y a la antigua usanza. Este comportamiento suele ser fruto de una rabieta y durarles poco, hasta que se dan cuenta que el personal de la vieja guardia que tienen en su ayuntamiento no va a menear un dedo por sacarle las castañas del fuego (por estar habituados a que lo hagan tradicionalmente los habilitados pardillos) y que si quieren garantizar un mínimo ritmo de salida de los asuntos deben contar con la asistencia del habilitado. 

Secretariuchos/as de tercera, funcionarios/as de agrupaciones y otros lectores, contadme vuestra experiencia: ¿existen en vuestras agrupaciones rivalidades como las que percibo en la mía? ¿vivís también vosotros con los alcaldes situaciones tan cómicas como la de la conversación telefónica encriptada o el rechazo comparativo? ¿tenéis alguna anécdota divertida que contarme? Ánimo a todos/las, las vacaciones están ya a la vuelta de la esquina. 

¡Nos leemos!

¿Cuándo acaba la jornada de un secretario-interventor?

Actualmente la jornada de trabajo de los empleados públicos está fijada en 37,5 horas semanales como mínimo, si bien se puede reducir dicha jornada semanal hasta las 35 horas semanales previa negociación colectiva. Para ilustrarlo recomiendo la lectura de esta consulta jurídica resuelta por Lefebvre: Posible establecimiento de la jornada semanal de 35 horas para todo el personal del ayuntamiento: ¿existen los derechos adquiridos en materia de jornada?

La jornada semanal mínima de 37,5 horas semanales se fijó en 2012, uno de los peores años de azote de la crisis financiera de 2010, mediante la Resolución de 28 de diciembre de 2012, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que se dictan instrucciones sobre jornada y horarios de trabajo del personal al servicio de la Administración General del Estado y sus organismos públicos. Dicha resolución resulta de aplicación directa a las entidades locales según lo previsto en el artículo 94 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local ("La jornada de trabajo de los funcionarios de la Administración local será en cómputo anual la misma que se fije para los funcionarios de la Administración Civil del Estado"), a pesar de que el artículo que regula el ámbito de aplicación de la resolución no incluya en el mismo a las entidades locales.

Con la fijación de esta jornada mínima semanal en 2012, se trataba por el gobierno de meter en vereda o disciplinar de alguna manera a los empleados públicos, vistos como privilegiados por gran parte de la sociedad por no resultar afectados de manera tan severa por los recortes y sacrificios de aquellos años críticos para la economía española.

 

A pesar de que la Resolución de 28 de diciembre de 2012 ya esté derogada, la resolución que la dejó fuera de vigor (Resolución de 28 de febrero de 2019, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se dictan instrucciones sobre jornada y horarios de trabajo del personal al servicio de la Administración General del Estado y sus organismos públicos) reiteró dicho jornada, respetando la previsión de 2012 de que dicha jornada no podía menoscabarse en su cómputo anual por causas tales como la jornada intensiva de verano o la jornada establecida con motivo de festividades.

Además, desde mayo de 2019 resulta necesario el registro de la jornada efectivamente realizada por el personal laboral a fin de evitar la precariedad laboral en la jornada de trabajo, según lo previsto actualmente en el artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores, tras la modificación de dicho precepto por el Real Decreto-ley 8/2019, de 8 de marzo, de medidas urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo. Esta previsión no resulta aplicable al personal funcionario, si bien muchos ayuntamientos la aplican igualmente a este personal mediante sistemas de control de jornada de carácter analógico o digital iguales para todos los empleados públicos. 

La jornada laboral de un/a secretariucho/a de tercera

Ahora que conocemos la teoría vamos al meollo de la cuestión... ¿pero cuál es la jornada de trabajo de un/a secretariucho/a de tercera? Sé que para muchos compañeros esta cuestión puede ser algo baladí o puede considerarse un asunto anacrónico y superado, ya que para ellos lo importante no es el fichaje de las horas, sino lo productivo que se es durante las mismas ya sea presencialmente o teletrabajando; pero para mí la jornada de trabajo sí que resulta un asunto relevante (a pesar de que yo no ficho en mi lugar de trabajo). Pues aunque sobre la ley la jornada que nos resulta de aplicación es la misma que para el resto de empleados públicos, he constatado que en la práctica la realidad suele diferir ligeramente. 

En mi vida laboral he conocido el caso de compañeras y compañeros que cumplen el horario mínimo legal establecido, otros que trabajan diariamente su jornada continuada y hasta bien entrada la tarde (las 17 o las 18 de la tarde), quienes hacen su jornada de oficina y después unas horas ya desde casa cuando resulta necesario y quienes no desconectan del trabajo casi en ningún momento. 

Personalmente, y tras pasar por varias de estas situaciones, he llegado a una situación intermedia que he adquirido como un compromiso conmigo mismo y con mi vida personal: trabajar la jornada mínima y media hora más diaria de margen para poder sacar adelante mis tareas (un total de 8 horas diarias). De esta manera, haciendo 40 horas semanales estoy presente durante todo el horario de apertura y atención del ayuntamiento y además puedo beneficiarme de la tranquilidad de poder trabajar aislado y sin interferencias cuando el resto de mis compañeros abandonan la oficina.      

Esto no quita que en ciertos momentos del año, o en periodos cumbre de trabajo, adelante alguna tarea por las tardes en casa, porque de otra forma me resultaría imposible cumplir con mis cometidos (pliegos, plataformas, expedientes novedosos o complejos, etc.). Esto de hacer puntualmente "horas extraordinarias" por las tardes es bastante habitual entre los habilitados nacionales. Quien más quien menos tiene montada en su casa una pequeña oficina a modo de rincón del pánico, y las Alcaldías lo promueven con la compra de ordenadores portátiles para que el trabajo nos siga allí donde vayamos. 

Y pongo las palabras "horas extraordinarias" así entre comillas porque no percibo ninguna gratificación por hacerlas, a pesar de que el artículo 6 del Real Decreto 861/1986, de retribuciones de los funcionarios de administración local habilite para ello. Nunca he planteado cobrar horas extraordinarias por este tiempo de más, ya que parece existir la idea de que por ocupar el puesto que ocupo y por percibir el sueldo que percibo el "sacrificio" me vaya en el cargo. 

Esto sería cierto en caso de que en mis ayuntamientos la Relación de Puestos de Trabajo asignara al puesto que ocupo una especial dedicación de 40 horas semanales en lugar de la jornada mínima legal (lo cual estaría compensado naturalmente con un incremento del complemento específico), y se me pagaran aparte las horas fuera de dicha jornada ampliada que destino a sacar ciertas tareas adelante con solvencia y cumpliendo mínimamente los plazos. Pero ni lo uno, ni lo otro: mis ayuntamientos ni tienen RPT que valoren los puestos ni pagan una hora de más.

Tiempo o dinero, la ley
no encuentra otra opción

En alguna RPT que he conocido de cerca durante mi vida laboral he comprobado como algunos puestos pertenecientes a cuerpos con fuerte conciencia sindical (léase jefaturas de policía local) tienen reconocidos complementos por especial dedicación, por disponibilidad y además cobran horas extraordinarias a precios exorbitantes. Y nosotros, perteneciendo al mismo grupo de clasificación que ellos... menuda diferencia. En alguna entrada de este blog he expresado mi opinión en torno a nuestro cuerpo, al que le sobra individualismo y le falta cohesión y fuerza para defender conjuntamente unas condiciones mínimas de trabajo. 

La tranquilidad tiene un precio

Viendo los blogs y los foros en los que participan otros habilitados nacionales, muchos se centran en dos reivindicaciones principales: 

1. Los habilitados nacionales no somos tramitación.

2. Nada fuera de las funciones reservadas. 

Pero en mi caso, ninguna de las dos reivindicaciones se cumple. Sea porque el personal con que cuentan mis ayuntamientos no tiene los conocimientos y capacidades necesarias para llevar por sí mismo toda la labor de tramitación o sea porque con el tiempo se ha implantado entre ellos la visión acomodada de que a ellos les corresponde atender al público y recoger sus problemas mientras que corresponde a la Alcaldía o a la Secretaría solucionarlos. El hecho es que muchas veces me encuentro a mi mismo realizando labores de mera tramitación o funciones no reservadas en mi puesto de trabajo, mientras el resto de mis compañeros ya hace rato que se fueron. Supongo que ninguna situación es tan descriptiva como esta de lo que se conoce como soledad del habilitado. 

En realidad el tiempo de más que le resto a mi vida personal para dedicársela al trabajo (algunos llaman a esto expropiación del tiempo) lo traslado de forma voluntaria, ya que nada ni nadie me obliga a ello. No obstante, es el sentido de la responsabilidad al ver como los asuntos surgen y se acumulan y sobre todo la garantía de poder firmar tranquilamente la documentación una vez supervisada y vivir sin sobresaltos, lo que me impulsa a esta traslación de mi tiempo.

No me siento un habilitado mártir, ni tampoco espero que nadie me reconozca el esfuerzo que hago por los ayuntamientos (por mi experiencia sé que los ayuntamientos no suelen agradecer nada, antes te culparán de algún desliz que hayas tenido que te felicitarán por un logro conseguido), pero sí que creo que esta dicotomía entre trabajadores cuya única obligación es cumplir un horario y trabajadores cuya obligación es cumplir objetivos, ya sea dentro o fuera de sus horarios, merece una reflexión. 

Con el tiempo se muda el gesto.

Y vosotras/os secretariuchas/os de tercera y otros/as funcionarios/as... ¿también os encontráis en esta misma situación? ¿qué jornada desempeñáis? ¿tenéis alguna clave para revertir esta situación de expropiación del tiempo personal? Espero vuestras aportaciones y comentarios. 

¡Nos leemos!   

Selección de personal: desigualdad, demérito y discapacidad

Hace ya tiempo que surgió la polémica sobre la proposición de ley en el Senado para la consolidación de los/las funcionarios/as interinos/as con habilitación de carácter nacional en cumplimiento de la normativa europea (puedes leer el texto en el Boletín Oficial de las Cortes aquí). Esta proposición de ley suponía la obtención de la condición de funcionario/a con habilitación de carácter nacional de carrera con la simple participación en un concurso de méritos para todas aquellas personas que contasen con una experiencia mínima de 5 años como funcionarios/as interinos/as ocupando dichos puestos.

El grupo parlamentario autor de dicha proposición de ley fue el Grupo Parlamentario de Izquierda Confederal (Adelante Andalucía, Més Per Mallorca, Más Madrid, Compromís, Geroa Bai, Catalunya en Comú Podem y Agrupación Socialista Gomera), quien tras lanzar la propuesta inicial aún echó más leña al fuego con la corrección de errores presentada en fecha 14 de abril, por la cual se reducía el tiempo mínimo de experiencia necesaria para participar en dicho concurso de méritos de 5 a 3 años. 

Dado que elegí no pronunciarme en el momento en que saltó la noticia y esperar un poco a ver cómo evolucionaba la cosa, lo hago ahora que la iniciativa ha sido desactivada por la disconformidad del propio Gobierno y que todo ha quedado en un globo sonda. El motivo esgrimido por el Gobierno para el rechazo no fueron los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, sino por incidir directamente en los presupuestos generales del Estado (puedes leer el texto de este acuerdo aquí). Increíble pero cierto. 

El mes transcurrido entre el lanzamiento del globo sonda y la desactivación de la iniciativa fue una vorágine de artículos en blogs sobre la proposición de ley (destacable el titulado Puestos vacantes, alternativas del compañero vicentemima en su blog Andanzas locales), de escritos de recogida de firmas tanto a favor como en contra y de comunicados de los colegios de secretarios, interventores y tesoreros. Ahora ya, de forma más sosegada, haré una reflexión sobre esta iniciativa y sobre la selección de personal al servicio de las administraciones locales. 

Habilitados y habilitados wannabe
on fire!

El diablo sabe más por viejo que por diablo 

Esta proposición de ley ha puesto de manifiesto la percepción que nuestra clase política tiene del cuerpo de secretarios, interventores y tesoreros de administración local y de sus funciones. Los miembros del Grupo Parlamentario de Izquierda Confederal, en representación sin duda de la opinión de los alcaldes y alcaldesas de muchos pueblos de España, han emitido su veredicto: cualquiera puede ser secretario, interventor o tesorero con un periodo mínimo de experiencia de 3 años en el cargo. No hacen falta estudios o conocimientos previos, todo se puede aprender sobre la marcha, con la experiencia que otorga el día a día de un ayuntamiento. 

¿Iría usted a la consulta de una médica sin titulación que ha aprendido su oficio sobre la marcha? ¿Montaría usted en un avión pilotado por un piloto sin título oficial? ¿Serían asumibles las negligencias médicas ocasionadas por un médico o por una dentista sin formación durante sus primeros 3 años de experiencia laboral? Y entonces... ¿por qué con los habilitados nacionales la cosa es completamente distinta? ¿Pueden nuestras administraciones locales y los recursos públicos permitirse el lujo de ser el campo de prácticas de profesionales inexpertos? Nos tratan como quien se dedica a hacer vasijas de barro en un torno o quien se gana la vida pintando abanicos, con todo mi respeto hacia dichas profesiones. 

Una cosa es que los servicios que prestan las entidades locales sean primarios y otra cosa es que el personal al servicio de esa administración seamos primates. Para esos políticos que tanto nos subestiman e infravaloran va esta reflexión: ¿no sabéis que sólo la preparación de las pruebas selectivas para convertirse en habilitado nacional ya pueden emplear entre 2 y 3 años fácilmente? ¿qué preparación es necesaria para ocupar vuestros puestos? ¿no creéis que es necesaria una cierta ilustración y formación para contrarrestar y frenar vuestras iniciativas políticas propias de bombero torero?

En fin... que un diablo viejo (formación + experiencia) será la ostia, pero un diablo (formación) siempre será un diablo.

Las labores de un secretariucho
desde la visión de un políticucho

A misa, no se va con prisa

Esta revolución en el empleo público que se está cuajando en los últimos meses, y que ha derivado entre otras en el documento "Orientaciones para el cambio en materia de selección en la Administración General del Estado" viene de la presión a la que la Unión Europea está sometiendo a España para que rebaje su nivel de temporalidad en el empleo público, pero también del problema de envejecimiento de las plantillas que padece nuestra administración desde hace años.

De hecho, esta circunstancia del envejecimiento de las plantillas y de la necesidad de un relevo generacional se aprecia ahora como urgente, a pesar de que llevamos décadas escuchando a los principales autores sobre la llegada de este momento y la necesidad de planificar bien el paso. Y como quiera que la escalera mecánica se nos acaba y no hay posibilidad de más prórrogas o aplazamientos, daremos el salto adelante a las bravas, con los ojos cerrados y con todos los dedos cruzados.

Se trata de reclutar a personal a diestro y siniestro, de rellenar las administraciones con personal nuevo y a ser posible joven. Para ello, el Ministerio de Política Territorial y Función Pública ha elaborado el documento "Orientaciones para el cambio en materia de selección en la Administración General del Estado", que recoge el resultado de las mesas de debate para repensar la selección en la AGE y las recomendaciones de expertos. Se trata de atraer al talento con medidas tales como la reducción del tiempo de duración de los procesos selectivos con la realización de varios ejercicios en el mismo día (aunque sean eliminatorios), la supresión de pruebas memorísticas y su sustitución por pruebas de resolución corrección automatizada (tipo test), casos prácticos y de análisis, la publicación de calendarios anuales de pruebas de selección con estimación de inicio y duración, la concesión de becas formativas para la preparación de oposiciones y la difusión de ejercicios y herramientas de aprendizaje. 

Se disfraza el problema de la selección de los empleados públicos del problema de que la administración no resulta atractiva para los jóvenes, facilitando hasta el extremo la entrada de nuevo personal. Se pretende incorporar personal de forma masiva y a toda costa, repitiendo una vez más el error cometido con la creación de la administración de las comunidades autónomas: la entrada indiscriminada de aquellos empleados públicos que años después serían el foco de todos los problemas que acuciaron a las administraciones autonómicas. 

Pueblo pequeño infierno grande

Volviendo al caso de las entidades locales, y en particular a los habilitados nacionales, la proposición de ley de la que hablábamos al principio de esta entrada parece que viene apoyada por la desesperación de muchas comunidades autónomas por encontrar secretarios, interventores, tesoreros y sobre todo secretarios-interventores para cubrir las demandas de sus municipios. Algunos ejemplos de ello:

- Los municipios de menos de 5.000 habitantes solo tienen cubierto el 55% de puestos de secretarios interventores (Castilla y León)

- Convocado un proceso selectivo extraordinario para ampliar la bolsa de secretarios-interventores de ayuntamientos de CLM

Es decir, hay muchos pueblos vacantes y pocos funcionarios de carrera o interinos para cubrir dichas vacantes. El foco de problema se fija en la dificultad del proceso selectivo para cubrir los puestos de forma definitiva (a pesar de que muchos puestos están cubiertos por integrantes de bolsas de trabajo conformadas a partir de un tipo test y un pequeño ejercicio práctico). Hay comunidades autónomas que todos los años convocan y constituyen bolsas de trabajo de Secretaría-Intervención y todos los años las agotan porque los integrantes se terminan saliendo. ¿Nadie se ha planteado que a lo mejor los problemas que ocasionan la falta de funcionarios para ocupar los puestos reservados a la habilitación de carácter nacional son otros? Se me ocurren los siguientes:

1. Las bajas retribuciones de muchos puestos. La autonomía local para determinar las retribuciones de estos puestos de trabajo hace que los emolumentos no resulten atractivos ni para aquellos que han superado el duro proceso selectivo para convertirse en funcionarios de carrera, ni para aquellos que han conseguido ocupar el puesto como integrantes de una bolsa de trabajo. 

2. La soledad del habilitado. El atractivo del puesto de trabajo dependerá también de las condiciones en que se desempeñen las funciones reservadas. Si al llegar al pueblo te encuentras con que la ayuda con que vas a contar en el ayuntamiento es nula, con que te vas a comer todas las responsabilidades trabajando todas las horas del reloj (en funciones tanto reservadas como no reservadas) y que te vas a pasar el día tragando sapos y culebras, a lo mejor ni siquiera una buena retribución lo compensa. 

3. Acoso laboral. No hace falta más que leer la sección de noticias de habilitados-nacionales.com para hacerse una idea de a qué me refiero.

4. La loca planta municipal. Llevar agrupaciones de municipios de tres o más pueblos debe ser una auténtica locura, pero en comunidades autónomas como Castilla y León parece ser lo más habitual. Por muy bien que te organices y muy disciplinado que seas, cambiar tanto de sombrero debe ser perjudicial para la salud mental. Anuncios como el siguiente erizan el vello con solo leerlos:  Vacante el puesto de Secretaría Intervención de la Agrupación de municipios San Millán de Lara, Jaramillo de la Fuente, Tinieblas, Barbadillo del Pez y Vizcaínos de la provincia de Burgos.

5. Ubicación de los municipios. Otro factor muy relevante para la cobertura de las vacantes es la ubicación de los municipios. La mayoría de funcionarios quieren trabajar en ciudades o en municipios bien conectados, quedando por tanto los municipios más remotos o peor conectados descubiertos. ¿Nadie ha pensado que factores como un incremento del específico por ruralidad o la posibilidad de teletrabajar algunos días de la semana pueden compensar esta desventaja comparativa?

Pueblo pequeño infierno grande

Una opción para lograr cubrir los puestos de secretaría de tercera con personal habilitado nacional residiría en facilitar la promoción interna hacia las categorías superiores, ya que si no hubiera puestos de dichas categorías superiores libres donde ir en comisión de servicios, seguro que los secretarios-interventores se verían obligados a ocupar una plaza de su categoría. No parece lógico que mientras decenas de plazas de Secretaría e Intervención-Tesorería de entrada quedan libres cada año por el turno de promoción interna (entre personas que tienen experiencia y han demostrado esfuerzo en algún momento de su vida - al menos cuando aprobaron la oposición de SIAL-), se quieran regalar cientos de plazas de Secretaría-Intervención a personas que ocupan los puestos de forma interina (acreditando por tanto solamente experiencia, que no esfuerzo) a causa de que dichos puestos de Secretaría-Intervención están libres porque sus titulares están en comisión de servicios en puestos de Secretaría, Intervención y Tesorería de categorías superiores. 

 

Ser o no ser, esa es la cuestión

Las dificultades que tienen los pequeños municipios para cubrir sus puestos de secretarías de tercera resulta aplicable también a la selección de otros perfiles de funcionarios de carrera de dichos consistorios (técnicos, administrativos, auxiliares): se realizan estrictos procedimientos selectivos para elegir al/a la candidato/a perfecto/a, que una vez se ha incorporado no tarda en marcharse a otro destino con mejor ubicación o sueldo (en comisión de servicios, excedencia por interés particular, etc.). Y así comienzan a sucederse interinos e interinos de la bolsa, hasta que le toca el turno a algún residente en el municipio que acepta permanecer (si tienes la suerte de que alguien del municipio haya aprobado la fase de oposición, claro). Los motivos en este caso son los mismos: ubicación, retribuciones, etc. 

Es decir, que los ayuntamientos también tenemos dificultades para atraer el talento y cubrir nuestras plazas con personal formado y capaz de forma estable, pero en ningún momento se nos pasa por la cabeza dejar de cumplir las normas o inventar nueva normativa para poder regalar los puestos de trabajo a personas que no garanticen los principios básicos de acceso al empleo público. Ser o no ser administración con potestad legislativa, esa es la cuestión. 

Situación distinta es cuando las entidades locales seleccionamos personal a través de bolsas de trabajo temporal. Entonces se abre las veda y se nos olvidan los principios de igualdad, mérito y capacidad y nos volvemos todos un poco locos. Y me refiero tanto a los procesos selectivos para la formación de bolsas de trabajo a iniciativa del propio ayuntamiento como aquellos que los ayuntamientos realizamos por delegación de las comunidades autónomas de su competencia de fomento del empleo bajo sus normas y baremos, que igualmente incitan estas actuaciones de dudosa legalidad. Se confunde empleo público y ayudas sociales y se monta un batiburrillo tal, que no hay quien se aclare.

Ayudas sociales o empleo público, 
esa es la cuestión

¿Cuántas veces habéis visto en las convocatorias de formación de bolsas de trabajo temporal requisitos de participación como estar desempleado/a, criterios de valoración como el empadronamiento, el tiempo de permanencia en el desempleo, el número de familiares a cargo, el ser mujer, víctima de violencia de género o persona en situación de exclusión social? 

¿Consideráis igualitario hacer un proceso de selección para el empleo público solamente entre personas que cumplan un determinado requisito, como puede ser estar desempleado/a?

¿Creéis que pueden ser méritos valorables la larga estancia en el desempleo o el hecho de ser víctima de violencia de género? 

¿Capacita más para un puesto el hecho de ser mujer o estar en situación de exclusión social? 

¿Estamos locos o qué?

En fin, considero que se debería reflexionar más seriamente sobre la selección de personal temporal por parte de los ayuntamientos, especialmente en el caso de los pequeños consistorios como en los que yo trabajo, donde la mayor parte de las contrataciones se realizan a partir de bolsas de trabajo temporal. ¿Estamos cumpliendo las normas o la finalidad social está derivando en condiciones de desigualdad, demérito y discapacidad?

¡Nos leemos!

Los pasatiempos de un/a secretariucho/a de tercera

Espero que el título de esta entrada no lleve a engaño a mis lectores. Cuando hablo de los pasatiempos de las secretarías rurales no me refiero a crucigramas, ni a sopas de letras, juegos de cartas o al trasnochado buscaminas. Me refiero a lo que los ingleses denominan time-eaters o chronophages, cuya traducción literal es devoradores de tiempo o cronófagos y se refiere a todo aquello que nos consume mucho tiempo y que reduce inmensamente nuestra productividad.

Algunos/as compañeros/as de otra generación me han contado el caso de secretarios-interventores de hace décadas que comenzaban su jornada leyendo el periódico mientras se fumaban un puro. No sé si será esto cierto o no, pero a veces sospecho que pudiera serlo cuando reviso expedientes antiguos y me parecen tan finitos, con tan poca hoja y además muchas veces ya preimpresos, limitándose el trabajo únicamente a rellenar los huecos con la máquina de escribir. 

Lo cierto es que, lejos de esa imagen tan apoltronada de los secretarios rurales, yo personalmente me veo más próximo al conejo blanco de "Alicia en el país de las maravillas": obsesionado por el tiempo y por el cumplimiento de plazos. No sé si a mis lectores también les pasará, pero yo personalmente me pongo muy nervioso cuando durante la jornada de trabajo una tarea me consume más tiempo del esperado, especialmente cuando algo me requiere más tiempo por motivos de carácter informático (como podéis imaginar no tengo personal informático en mis ayuntamientos de menos de 500 habitantes). 

Secretariucho de tercera ;-)

Expongo a continuación los que, según mi opinión, son los peores pasatiempos en la vida de un secretariucho de tercera: 

- El derecho de acceso a la información pública. Cuando los concejales de la oposición descubren el derecho casi ilimitado a acceder a la información pública que les reconoce la normativa vigente, se produce el efecto Pringles: cuando haces pop, ya no hay stop. Conocedores dichos concejales de que la labor de las secretarías rurales es fundamental para el buen discurrir de los pequeños consistorios, piden y piden información en un intento de bloquear el funcionamiento del ayuntamiento. Y es muy fácil que lo consigan, sobre todo teniendo en cuenta que la información debe facilitárseles en plazo de 5 días hábiles y que en las agrupaciones de secretaría los secretarios sólo estamos 2-3 días a la semana.

Lo peor es que los equivalentes autonómicos al Defensor del Pueblo y los consejos de transparencia suelen darles siempre la razón a los miembros de la oposición, aplicando la ley desde sus despachos sin descender ni conocer la precariedad de personal, medios y tiempo en que estamos sumidos los secretariuchos de tercera. Un ejemplo más en que las leyes se hacen pensando en las grandes administraciones y en un funcionamiento totalmente informatizado. 

- La Plataforma de Contratación del Sector Público. Si bien estoy totalmente de acuerdo con el objetivo y el fondo de la plataforma, que sin duda garantiza los principios de igualdad de trato, transparencia, publicidad y concurrencia de las licitaciones, pienso que su estructura y funcionamiento son especialmente dificultosos. 

No sé cómo lo harán mis compañeros en otros municipios, pero yo no me fío de delegar en alguno de mis trabajadores la publicación en la plataforma de contratación de las licitaciones (aparte de que ninguno de ellos tendría la motivación y el aguante suficiente para leerse los manuales y hacer los cursos que yo he tenido que hacer para manejar mínimamente la plataforma).

No puede ser que publicar una licitación en la plataforma consuma un tiempo de mínimo de entre 30 y 45 minutos (entre hora y hora y media si la licitación se divide en lotes) o que la realización de una Mesa de contratación para la apertura de un archivo electrónico único se alargue tantísimo por la necesidad de ir cumplimentando apartados rellenando casillas o cambiando estados. 

4 minutes to save de world

- Las plataformas del Ministerio de Hacienda. Entiendo que cuando se impusieron a los ayuntamientos las obligaciones de rendición de cuentas a través de las plataformas del ministerio allá por 2012 la situación económica era tan crítica que era necesario un control férreo de la situación. 

Aunque es cierto que los nubarrones negros de la economía no cesan y planean constantemente sobre nuestras cabezas, también es cierto que algunas plataformas del ministerio se han mostrado claramente inútiles y completamente cronófagas. Son ejemplos de ello la plataforma del Coste Efectivo de los Servicios de las Entidades Locales (CESEL), los Planes Presupuestarios a Medio Plazo (PPMP) y las líneas fundamentales del presupuesto.   

La plataforma del Coste Efectivo de los Servicios de las Entidades Locales (CESEL) se creó con la intención de dar cumplimiento a lo previsto en la nueva redacción del artículo 26.2 de la Ley 7/1985, de Bases del Régimen Local tras la modificación del mismo por la Ley 27/2013, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. Este apartado establece lo siguiente: "2. En los municipios con población inferior a 20.000 habitantes será la Diputación provincial o entidad equivalente la que coordinará la prestación de los siguientes servicios:

a) Recogida y tratamiento de residuos.

b) Abastecimiento de agua potable a domicilio y evacuación y tratamiento de aguas residuales.

c) Limpieza viaria.

d) Acceso a los núcleos de población.

e) Pavimentación de vías urbanas.

f) Alumbrado público.

Para coordinar la citada prestación de servicios la Diputación propondrá, con la conformidad de los municipios afectados, al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas la forma de prestación, consistente en la prestación directa por la Diputación o la implantación de fórmulas de gestión compartida a través de consorcios, mancomunidades u otras fórmulas. Para reducir los costes efectivos de los servicios el mencionado Ministerio decidirá sobre la propuesta formulada que deberá contar con el informe preceptivo de la Comunidad Autónoma si es la Administración que ejerce la tutela financiera.

Cuando el municipio justifique ante la Diputación que puede prestar estos servicios con un coste efectivo menor que el derivado de la forma de gestión propuesta por la Diputación provincial o entidad equivalente, el municipio podrá asumir la prestación y coordinación de estos servicios si la Diputación lo considera acreditado".

Esta modificación fue aprobada y se publicó oficialmente en 2013, pero 8 años después aquí seguimos, que ni se aplica ni se espera aplicar. Dura lex... ja, je, ji, jo, ju. Mira que disfrutaría yo viendo cómo la diputación provincial gestiona esos servicios primarios en mis municipios y pasándoles la pasta al final de cada mes, como la propia diputación o la comunidad autónoma hacen con mis ayuntamientos con sus líneas de subvención... pero no me caerá esa breva. Pero lo que sí que me caerá todos los años, aunque no tenga sentido ni utilidad alguna, es calcular el coste efectivo de los servicios municipales y enviarlo al Ministerio de Hacienda.  

Otra plataforma sin sentido: las líneas fundamentales del presupuesto. En un momento crítico del año (primera quincena de septiembre), cuando ya estás con la Cuenta General a todo trapo porque no te da tiempo para poder aprobarla y rendirla en plazo, cumple el plazo para esta imprescindible plataforma ministerial. Consiste en enviar una previsión resumida de lo que será el presupuesto del ejercicio siguiente. Las estimaciones no vinculan y mi experiencia es que, por falta de tiempo de las Secretarías, muchas veces los datos introducidos son un copia y pega de los créditos iniciales del ejercicio vigente. Porque aunque los presupuestos, como tantas cosas, deben ser formados por la Alcaldía-Presidencia (artículo 168.1 TRLRHL), si pruebas a decirle a tu alcalde en septiembre que tiene que decirte cuáles serán las líneas fundamentales del siguiente presupuesto, su respuesta será la siguiente: "ya después del almuerzo, si eso, lo vemos". En resumen, que utilidad y validez de esta plataforma poca, pero la pérdida de tu valioso tiempo está asegurada.

Y si la anterior era ya complicada, el más difícil todavía: el Plan Presupuestario a Medio Plazo (PPMP). Consiste básicamente en sacar la bola de cristal y hacer una estimación de lo que serán los créditos iniciales de los presupuestos de los próximos tres ejercicios. No importa que por medio haya elecciones, alternancias de gobierno derivadas de las coaliciones entre partidos para gobernar u otros factores, la previsión la tienes que hacer sí o sí. Y cuando ya la has hecho, con todo tu esfuerzo y tu buena predisposición va y te cae encima una pandemia para validar todos los datos. 

- Las Juntas de Gobierno "fantasma". No sé si a mis lectores les acuciará este pasatiempo, pero a para mi es un martirio habitual. 

Consiste en convocar sesiones de la Junta de Gobierno Local muy frecuentemente para que sus integrantes cobren las asistencias a dicho órgano de gobierno. No importa si hay o no asuntos de relevancia para tratar, la motivación y el quid de la convocatoria estriban en las retribuciones de los/las miembros de la junta. 

Todo esto, sin pensar en ningún momento en su coste para la entidad y en la pérdida de tiempo que ello conlleva para la Secretaría (tiempo invertido en realizar las convocatorias, las notificaciones, las actas y el tiempo de las propias sesiones). Lo hacemos por la pasta en toda regla.

Time is money

- La Base de Datos Nacional de Subvenciones. Es una base de datos en la que las entidades locales debemos publicar todas nuestras convocatorias de ayudas y subvenciones, así como sus personas beneficiarias, concesiones y pagos. El objetivo principal es garantizar la publicidad y concurrencia de las convocatorias. Pero no importa que se trate de subvenciones nominativas, directas o por concurrencia; todo debe ser publicado. En fin, una plataforma más en la que invertir nuestro valioso tiempo. 

- Lenguaja inclusiva. Si acaso consideras que tu jornada no está suficientemente completa, las miembras del Pleno y las aspirantas del proceso selectivo reclaman su fracción de jornada. La aprobación y aplicación de los planes de igualdad internos nos obligan a revisar todos los documentos que pasen por nuestras manos desde una perspectiva igualitaria y de género. Los escritos se llenan de barras o/a, os/as, pero también a/o y as/os, que si no te acusarán de priorizar siempre el mismo género y de ser un machista. En cualquier expediente sencillo no es complicado, pero cuando te enfrentas a licitaciones de contratos o a otros expedientes con decenas de páginas la cosa se complica y mantener la atención necesaria todo el tiempo es muy cargante mentalmente. Porque no olvidemos que las bases de datos jurídicas de las que nos servimos para nuestro trabajo no integran esta perspectiva de género, así que el trabajo artesanal ya si eso que lo haga la Secretaría.  

Se me ocurren muchos pasatiempos más que ya he mencionado en otras entradas de este blog (los pliegos de las licitaciones, el portal de transparencia, el Registro de Contratos del Sector Público, el teléfono...), pero tampoco es cuestión de extenderme demasiado. 

Y vosotros/as, ¿os enfrentáis a estos mismos pasatiempos? ¿sufrís algún otro cronófago relevante que no haya mencionado? ¿tenéis algún truco para hacer tiempo a estos time eaters? ¿cuáles de estas tareas habéis delegado y cómo conseguís motivar a vuestros/as trabajadores/as para que los hagan? Espero vuestros comentarios.

¡Nos leemos!