La habilitación como moneda de cambio

Unos días después de que saltara la liebre, supongo que todos o casi todos mis lectores estarán ya al corriente de que está en trámite la modificación parcial de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, vía aprobación de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2022 en un aspecto que nos toca de lleno a los funcionarios con habilitación de carácter nacional. 

Nos tratan como moneda de cambio...
y además de escaso valor

La modificación consiste en la alteración del apartado 7 de la disposición adicional segunda de la Ley de Bases de Régimen Local, para que quede con la siguiente redacción: "7. En el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco, la normativa reguladora de los funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional prevista en el artículo 92.bis y concordantes de esta Ley, se aplicará de conformidad con la disposición adicional primera de la Constitución, con el artículo 149.1.18ª de la misma y con la Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía para el País Vasco, teniendo en cuenta que todas las facultades previstas en el citado artículo 92.bis respecto a dicho personal serán asumidas en los términos que establezca la normativa autonómica, incluyendo entre las mismas la facultad de selección, la aprobación de la oferta pública de empleo para cubrir las vacantes existentes de las plazas correspondientes a las mismas en su ámbito territorial, convocar exclusivamente para su territorio los procesos de provisión para las plazas vacantes en el mismo, la facultad de nombramiento del personal funcionario en dichos procesos de provisión, la asignación del primer destino y las situaciones administrativas". He subrayado el texto novedoso, ya que hasta el momento este apartado de las disposición adicional segunda de la LRBRL otorga a las instituciones autonómicas vascas únicamente facultades similares a las de otras comunidades autónomas: convocar exclusivamente para su territorio los concursos para las plazas vacantes en el mismo, así como la facultad de nombramiento de los funcionarios en dichos concursos. 

Puedes leer el texto del dictamen emitido por la Comisión de Presupuestos del Congreso de los Diputados y publicado en el Boletín Oficial de la Cortes Generales en fecha 22 de noviembre aquí (para salvaguardar tu precioso tiempo te indico que la parte relativa a la modificación de la Ley 7/1985 se encuentra en la disposición final primera pre (nueva), páginas 213 - al final- y 214 - al inicio-). 

Unos días después de publicarse el dictamen emitido por la Comisión de Presupuestos del Congreso, en fecha 25 de noviembre, el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado obtuvo una amplia mayoría en votación del Congreso de los Diputados, como puede verse en las siguientes noticias: 

Los Presupuestos Generales del Estado para 2022 logran la aprobación del Congreso con una amplia mayoría

El Gobierno reedita en el Congreso el aval a los Presupuestos y encauza la legislatura

El Congreso da luz verde a los PGE de 2022 con 188 votos

Ahora, el paso siguiente es el debate y votación del proyecto de ley en el Senado, tal y como establece el artículo 90 de la Constitución Española: "1. Aprobado un proyecto de ley ordinaria u orgánica por el Congreso de los Diputados, su Presidente dará inmediata cuenta del mismo al Presidente del Senado, el cual lo someterá a la deliberación de éste.

2. El Senado en el plazo de dos meses, a partir del día de la recepción del texto, puede, mediante mensaje motivado, oponer su veto o introducir enmiendas al mismo. El veto deberá ser aprobado por mayoría absoluta". 

Por lo tanto, será cuestión de días saber si la iniciativa de modificar la Ley 7/1985, reguladora de las Bases del Régimen Local resulta exitosa y si con ello la mayor parte de las competencias en materia de habilitados en el País Vasco (en la práctica todas excepto el régimen sancionador) son asumidas por las instituciones autonómicas vascas. 

El por qué de la modificación

¿Qué lleva a las Cortes Generales a modificar de forma tan repentina e inesperada una norma de carácter básico para la administración local como es la Ley 7/1985? ¿Atiende esta modificación a una necesidad inaplazable, a una insistente demanda ciudadana? ¿Por qué utilizar una técnica legislativa tan discutible como la ley ómnibus para la modificación de una norma básica de tal relevancia para el mundo local?

La iniciativa para modificar esta norma surge de la enmienda al articulado del proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado 2022 presentada por Euzko Alderdi Jeltzalea-Partido Nacionalista Vasco (EAJ-PNV), con número 003189 que puedes leer aquí (página 215). 

Quedamos así. Estos gili*****
ni siquiera se enteran

Este partido, justifica su enmienda encaminada a modificar la disposición adicional segunda de la LRBRL con una breve motivación, que transcribo: "Mejora de la redacción y aclaración de las facultades asumidas en el ámbito de una materia de naturaleza foral". ¿Mejora de la redacción? ¿Aclaración de facultades? ¿Materia de naturaleza foral? Estos políticos nos toman por tontos. 

Según el artículo 3.1 del Código Civil "Las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos, y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquellas" y el actual texto de la disposición adicional 2ª.7 de la LRBRL nada tiene que ver con la modificación que ahora se propone. 

En cuanto a la posible naturaleza foral de la actividad de los habilitados nacionales, el Cuerpo Nacional de Secretarios de Administración Local (antecesores de los actuales habilitados nacionales) se creó en el Estatuto Municipal de 1924 (arts. 231, 232, 233) y provincial de 1925 (art. 139), normas de carácter estatal, por lo que permítanme dudar que esta función sea de naturaleza foral. Según tengo entendido las funciones reservadas a nuestro cuerpo se realizan de igual manera en Cádiz, en Segovia, en Bilbao, en Murcia, en Vigo o en Vitoria, luego su naturaleza foral es del todo inverosímil. 

Por tanto, a todas luces es evidente que el objetivo no es mejorar la redacción, aclarar las facultades o restaurar derechos forales, sino que el fin ahora es incrementar las facultades del País Vasco respecto a su administración local, permitiéndole intervenir en ámbitos que están vedados para el resto de comunidades autónomas (excepto Navarra), a cambio de obtener los votos de los parlamentarios nacionalistas vascos para aprobar la Ley de Presupuestos Generales del Estado y poder así sacar adelante la legislatura. 

Hemos fijado nuestra atención en este punto concreto del proyecto de LPGE 2022 por la relación directa con nuestro cuerpo y nuestra profesión, pero teniendo en cuenta que la votación de la Ley de Presupuestos Generales del Estado 2022 superó el trámite parlamentario en el Congreso con los votos favorables de PSOE, Unidas Podemos, ERC, PNV, Bildu, PDeCAT, Más País, Nueva Canarias, Compromís, Teruel Existe y PRC, suponemos que su contenido estará plagado de concesiones del Gobierno a los movimientos nacionalistas/regionalistas. El objetivo: mantenerse en el poder; el medio de pago: el que sea, cueste lo que cueste. 

El precedente navarro

La posible cesión de competencias que se podría materializar ahora en al País Vasco tiene su precedente en el caso de Navarra, que dispone de sus propios habilitados forales. De hecho, la misma Ley 7/1985 cuando se aprobó contenía una disposición adicional (la tercera) que preveía una regulación especial del régimen local navarro.   

Su régimen foral conforma a Navarra 
como una plaza inexpugnable

Mi objetivo antes de escribir esta entrada era buscar por internet información sobre este cuerpo foral, sobre sus sistemas selectivos, los beneficios y perjuicios derivados de esta gestión autonómica de sus profesionales, a fin de compararlos con el cuerpo de habilitados nacionales, pero la verdad es que no he encontrado demasiada información. 

Respecto a este cuerpo foral, he comprobado que las convocatorias para la cobertura definitiva de plazas de este cuerpo han resultado muy escasas en los últimos años (solamente he encontrado información sobre la convocatoria de 2012, con un número muy reducido de plazas), lo cual se ha complementado con la formación de bolsas de trabajo autonómicas para la cobertura temporal de los puestos (la última en 2019) y múltiples procesos de selección organizados por los propios ayuntamientos.  

A esto cabe añadir un elevado volumen de interinos ejerciendo las funciones reservadas en los municipios navarros, quejas en relación a dificultad de la movilidad entre puestos de trabajo, inexistencia de carrera profesional y un lío de miedo en la cobertura de dichos puestos, como puede verse en los siguientes enlaces: 

- Interinidad de los puestos de Secretaría

- Secretarios funcionarios habilitados: un problema en Navarra

Por lo tanto, nada nuevo bajo el sol: las circunstancias de la habilitación foral navarra son las mismas que las que pueden existir en cualquier otra comunidad del ámbito de los habilitados nacionales (Castilla-La Mancha, Extremadura, Aragón, etc.). Los mismos perros con distintos collares, con una salvedad: que los habilitados forales navarros no disfrutan de la misma movilidad que ostentamos los habilitados nacionales.  

Insisto en que mi valoración sobre los habilitados forales es superficial y desde el desconocimiento, basándome únicamente en la información que me ofrece una sencilla búsqueda por internet. No obstante, si alguien que conozca este ámbito con mayor profundidad desea expresarme su opinión en comentarios estaré encantado de leerla y, si hubiera errado en mi valoración, a enmendarla. 

El desmantelamiento del cuerpo

La reforma de la LRBRL que ahora se plantea parece ser el primer paso para llevar a cabo el desmantelamiento de nuestro cuerpo funcionarial. Una vez lo consigan los vascos, seguirán los catalanes, los valencianos, etc. y volveremos al sistema de taifas que tan mal resultado dio hace unos años, cuando los procesos selectivos para la habilitación se organizaban por las comunidades autónomas. 

Consecuencias directas de ello serán las siguientes:

- Aumento de riesgo de fraude en los procesos selectivos.

- Introducción de criterios de selección más restrictivos, que creen territorios inexpugnables (lenguas, conocimientos de derechos forales, regionales, etc.). 

- Pérdida del mérito y el prestigio que actualmente ostenta nuestro cuerpo, al que solamente es posible acceder de forma permanente a través de duros procesos selectivos. 

- Perdida del derecho a la movilidad por la mayor parte del territorio nacional. 

- Debilitamiento (aún más si cabe) de los mecanismos de cohesión interterritorial con que cuenta nuestro cuerpo.

Y mientras nos llega nuestro San Martín, seguimos dispersos por los pueblos de España, ocupados y preocupados en nuestros problemas particulares y sin pensar en nosotros como colectivo. Es hora de unirnos, reivindicar lo nuestro y defender nuestros derechos o seguiremos siendo moneda de cambio de cualquier negociación. 

Mapa de la habilitación: ¿pasado o futuro?

¿Hasta cuándo vamos a seguir aguantando que nos utilicen? ¿A quién le importan los derechos que nos pertenecen y que están en juego? ¿Vamos a limitarnos a las peticiones formales realizadas por los colegios a los grupos parlamentarios? Estaré encantado de leer vuestras opiniones en comentarios. 

¡Nos leemos!

Carta abierta de un secretariucho de tercera a los Reyes Magos de Oriente

Queridos reyes magos:

Este año me he retrasado mucho en escribiros la carta, y lo he dejado para última hora. Pero como los regalos que quiero pediros son de carácter inmaterial, seguro no habrá problemas de logística para que podáis traerme mis regalos, si es que consideráis que los merezco. 

Confío que vuestra magia os ayude a llegar al
recóndito lugar donde se ubican mis pueblitos 

En primer lugar haremos examen de conciencia para que conozcáis cómo me he portado este año. 

Como sabéis durante este año se me asignó mi primer destino como secretariucho de tercera, que fue una agrupación de secretarías de dos pueblitos inferiores a 500 habitantes. Como consecuencia de ello, mi vida dio un giro dándome de bruces con las peculiaridades de la España rural más  perdida y remota. 

Desde finales del mes de marzo llevo trabajando y viviendo en la España vaciada, intentando poner al día mil cuestiones que se han ido dejando durante años en mis ayuntamientos, cumplir la ley al máximo posible en todos los aspectos (luchando contra el contrato menor, evitando la venta a perpetuidad de nichos y parcelas en el cementerio, haciendo mis ayuntamientos unas administraciones más transparentes, implantando la administración electrónica y haciendo frente al "siempre se ha hecho así" y la costumbre, entre otros) y mantener el equilibrio emocional y la estabilidad mental en el intento.

Reconozco que he tenido algunos momentos de bajón, de perder los nervios, de quejarme amargamente o de incluso pensar en tirar la toalla de la administración rural. Pero 9 meses después de mi toma de posesión aún sigo aquí y cada día que pasa tengo más puntos y estoy más cerca de consolidar el grado. Sé que el concurso de este año pasado no era el mío y que el concurso de 2020 tampoco lo será, pero para 2021 la cosa será diferente. No obstante, no soy muy optimista con lo que pueda depararme el concurso unitario, pues aún en 2021 no tendré una gran puntuación en comparación con otros compañeros y además los destinos que salen en estos concursos no resultan muy apetecibles. Por ello, puede ser que incluso a partir de 2021 siga aquí y que, quien sabe, hasta acabe la legislatura que he tenido el gusto de iniciar en la agrupación. 

En el aspecto personal ya dejé atrás el estrés de la preparación de la oposición, los fines de semana sin poder salir de casa y ahora afortunadamente estoy más libre y tengo más tiempo para mí, aunque debo cuidarme más haciendo un poco más de deporte y comiendo mejor. Además debo buscarme alguna afición que me ayude a desconectar por las tardes del trabajo y mantener mi cabeza ocupada en otras cosas. Las personas que conocen mi situación me dicen que debo buscarme algún vicio, jejeje. 

Bueno, una vez examinado mi comportamiento durante este año pasado quiero pediros mis regalos para 2020:

- Equilibrio psíquico y estabilidad mental para afrontar el día a día, para seguir defendiendo el cumplimiento de la legalidad en territorios donde imperan la tradición y la costumbre, como son las secretarías rurales. 

- Que la sociedad y el resto de administraciones tomen en serio a las entidades de la administración local, que las respeten y las permitan actuar con una autonomía real, sin servilismos ni dominación. Y pido este regalo porque después de que la presidenta del Congreso Meritxell Batet compara la algarabía del Congreso en la primera sesión del debate de investidura del día 4 de enero con la plaza del pueblo y de haber visto el anuncio de una nueva serie de televisión de Telecinco titulada "El pueblo", cuyo tráiler ya avanza las líneas en las que se tratará a la gente de la España rural, el año se presenta aciago para las secretarías de tercera.

- Que ningún compañero/a tenga que sufrir las presiones y el acoso laboral que lamentablemente cada día es más habitual en nuestra profesión, y que si alguno/a pasara por ella el cuerpo se mantenga unido y afronte dichas injerencias con una actitud firme y cohesionada. Porque somos muchos y, si nos mantenemos unidos, somos imparables. 

En fin, hay muchas cosas más que me pasan por la mente, como una nueva regulación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, la adaptación de múltiples leyes a las peculiaridades de los micromunicipios, una planta local más razonable y sensata... pero también tengo en cuenta que la fragmentada situación política existente actualmente en nuestro país hacen de dichas peticiones casi un milagro, por ser necesario para su cumplimiento un amplio consenso. 

Con todos mis respetos, y mi máxima admiración por todo el trabajo que sois capaces de realizar en sólo un mes de trabajo al año, me despido atentamente deseándoles un buen viaje. 

P.D. Me tenéis que contar el secreto de cómo lográis gestionar tal cantidad de asuntos en tan poco tiempo. El conocimiento de este asunto sería de gran utilidad para nosotros/as, los/las secretariuchos/as de tercera.

¡Nos leemos!

Los habilitados nacionales y el lema Media Markt: la avaricia me vicia

En estos días previos a la navidad, en los que prima el ensalzamiento de las relaciones personales y familiares y todas aquellas actitudes que las favorecen (compañerismo, solidaridad, concordia, comunicación, comprensión, etc.), los colegios provinciales de secretarios, interventores y tesoreros suelen organizar comidas o cenas con motivo de la realización de sus asambleas generales. 

En dichas asambleas se debaten y votan aspectos trascendentes en la vida de los colegios profesionales como las cuentas anuales, los presupuestos, se da cuenta de la actividad realizada durante el año (memoria de actividades) y se orienta a la dirección sobre las actuaciones a realizar durante el ejercicio siguiente.

Posteriormente, en la comida o cena, la concurrencia se multiplica, y los secretarios, interventores y tesoreros que durante el resto del año han estado divididos, fraccionados, aislados geográfica y profesionalmente e incluso enfrentados, se reúnen y hacen gala de una buena sintonía, de compañerismo y fraternidad.

Pero no nos dejemos engañar con espejismos ni sueños de una noche de otoño: el cuerpo de secretarios, interventores y tesoreros está lejos de ser un cuerpo cohesionado y unido para la defensa de sus intereses como en el caso de otros cuerpos (jueces, profesores, sanitarios...), y se encuentra muy dividido y disperso, siendo las celebraciones de estas fechas la excepción a la tónica general durante el resto del año.

- ¿Te acordaste de poner los cuchillos romos?
- Sí.
- Mejor, así evitamos altercados.

Y esta división y falta de cohesión no puede explicarse únicamente porque una vez al año se realicen los concursos ordinario y unitario, en los que sus miembros aspiremos y nos enfrentamos por las mismas plazas, porque esto también ocurre en otros cuerpos de funcionarios que sí que se encuentran más cohesionados. 

En algunos debates de las asambleas generales se han tratado asuntos que pueden ser causa de esta desunión:

-Las diferencias salariales entre municipios.  

Un asunto que año tras año se plantea de una u otra forma en las asambleas generales es el tema retributivo, pues habiendo en España más de 8.000 entidades locales, la retribución en cada una de ellas es distinta a la de las demás, por ser ámbito de decisión de cada Corporación en ejercicio de la autonomía local. Y las diferencias salariales no son precisamente de unos cientos de euros, sino que pueden llegar a ser incluso de más de mil euros entre puestos de trabajo de municipios similares en territorio y población. 

Existe tal dispersión retributiva entre los ayuntamientos, que no es raro escuchar demandas en las asambleas para que los colegios pidan al Ministerio de Función Pública que en la convocatoria del concurso unitario aparezcan especificados los complementos de destino y el específico de cada plaza o para que el propio ministerio o la ley fijen las retribuciones de nuestros puestos, o al menos unos máximos y unos mínimos. 

También en ocasiones, cuando se trata en las asambleas el tema del acoso laboral ejercido sobre los habilitados, trasluce el asunto retributivo, porque una técnica habitual de acoso suele ser la bajada de retribuciones del funcionario (es una de las externalidades negativas que presenta la autonomía local y que puede dañar seriamente a la independencia que debe caracterizarnos en el ejercicio de nuestras funciones). 

Y en este punto, el retributivo, la desunión entre los miembros del cuerpo es máxima: mientras unos prefieren que los salarios se regulen por el Ministerio o por una ley, limitando la variabilidad existente actualmente, otros optan por la libre fijación del salario por la entidad local. Hay quien opina que la fijación de unos salarios igualitarios por ley debería venir acompañada de unos medios personales y materiales mínimos para garantizar cierta calidad en el servicio, mientras que otros prefieren que tanto las retribuciones como los medios se determinen por cada Corporación en ejercicio de su autonomía local (aunque esto suponga una mayor responsabilidad del habilitado, por no contar con tanto personal a su cargo en el cual delegar). 

El hecho es que, se regulen o no las retribuciones de los habilitados nacionales por ley o por el Ministerio de Función Pública, la solución en ningún caso podrá contentar a todos los interesados, pues existen muchas opiniones sobre el tema y cada habilitado nacional se encuentra en una situación vital diferente en la que tiene prioridad por un aspecto (en mi entrada anterior Habilitados nacionales y la búsqueda del santo grial traté el tema de los criterios a valorar para la elección de un destino). 

- Los continuos cambios de puesto y la inevitable comparación con otros/as compañeros/as.

Otro elemento de desunión ente los miembros del cuerpo de secretarios, interventores y tesoreros de administración local es la elevada movilidad entre puestos de trabajo, que ocasiona que cuando llegamos a un nuevo puesto de trabajo se nos someta al juicio de comparación con los ocupantes anteriores, tanto por el resto de trabajadores como por los propios gobernantes. 

Y aquí es donde los propios habilitados podemos hacer mucho por el cuerpo, pues en vez de criticar lo anteriormente hecho para así ensalzar nuestra labor y nuestros logros, podemos optar por hacer valer nuestros logros por ellos mismos sin necesidad de criticar al/a la compañero/a anterior. 

Porque por muy mal que nos encontremos la situación en el destino, aunque el puesto se encuentre manga por hombro, siempre habrá algo bien hecho, algún modelo o expediente reutilizable, o algún aspecto que nos permita no empezar nuestra labor desde cero, y eso inevitablemente es gracias a nuestros/as predecesores en el cargo. Hay que entender que cada persona tiene sus circunstancias personales y familiares, que no todos tenemos la misma forma de hacer ni somos iguales y que, por tanto, no se puede medir a los demás con el mismo rasero con que te enjuicias a ti mismo. 

No existen dos personas iguales.
Ni siquiera sois iguales tú y tu
reflejo en el espejo

Como dijo Ortega y Gasset "Yo soy yo y mis circunstancias", y como tal debemos valorar a los demás compañeros presuponiendo su buena fe y que lo que hicieron y consiguieron en el pasado fue lo mejor que pudieron lograr en las circunstancias en las que se encontraban en ese momento.    

Yo, personalmente, trato de no criticar ni enjuiciar la labor de mis predecesores en el cargo, sino más bien todo lo contrario. Y en cuanto a dichos compañeros, trato de facilitarles en todo lo posible lo que requieran del ayuntamiento (certificados de servicios prestados, bajas en plataformas, etc.) y debo decir que igualmente se han portado conmigo otros compañeros cuando he sido yo el que ha necesitado de su ayuda o de su consejo. 

- El exceso de tareas y la priorización de aspectos por el habilitado nacional. 

Como vimos en mi anterior entrada Funciones de un secretariucho de tercera, si existe un rasgo que caracteriza a nuestra profesión es la acumulación de funciones y tareas en una sola persona. 

Son tantas las labores que debemos desarrollar, y tantos los aspectos que no debemos descuidar, que es inevitable que profesionales distintos se centren o pongan el foco en materias distintas. 

Este factor está más que relacionado con el punto anterior, sobre la comparación con los predecesores en el cargo, pues mientras que nosotros conseguiremos algunos hitos (por ejemplo publicitar más la contratación, implantar la administración electrónica, regularizar ciertos ingresos que no estaban correctamente regulados...), nuestros predecesores consiguieron otros que a lo mejor nosotros tenemos algo más descuidados (regular mediante convenios anuales las subvenciones nominativas, tener actualizados los padrones tributarios, controlar en mayor medida las relaciones laborales del ayuntamiento, etc.).

Por ello, en mi opinión, no deberíamos criticar o enjuiciar la labor de otros compañeros, sino más bien empatizar con ellos y solidarizarnos, pues la misma presión que sentimos nosotros en nuestro día a día, en el que muchas veces nos vemos desbordados, la sintieron ellos en su momento. E incluso tal vez ellos estuvieran en una situación peor a la nuestra por coincidir en dichas situaciones con otras circunstancias personales o familiares difíciles, que nosotros desconocemos.


- La existencia de figuras ajenas a la habilitación nacional, que presentan cierto carácter de intrusismo profesional.

Como expliqué en mi entrada anterior El acceso a la secretaría rural: un camino de rosas y espinas existen al menos tres tipologías de empleados realizando las funciones de Secretaría, Intervención y Tesorería (habilitados nacionales, interinos y accidentales), y todos ellos tienen muy diferente preparación, que no tiene por qué necesariamente repercutir en su desempeño. 

No obstante, lo que es innegable es que la ocupación de plazas de habilitados nacionales por personal interino y accidental y el hecho de que en ocasiones dichas plazas no se sometan periódicamente a concurso o a publicidad para que puedan ser cubiertas por habilitados, genera malestar y tensión entre nosotros. 

Porque si todos sabemos lo difícil que es superar nuestro proceso selectivo y conseguir puntos para los concursos unitario y ordinario, también entenderemos el sentimiento de injusticia que suscita saber que un municipio cercano o que nos resulta interesante por algún motivo está vacante y no podemos aspirar a ocuparlo, bien porque no salga en el concurso o porque la vacante no haya sido debidamente publicitada (mientras se viene ocupando por un interino o un accidental). 

En estos casos, el enfrentamiento entre habilitados, interinos y accidentales es total, y se despiertan muchas susceptibilidades. 

El conflicto entre habilitados nacionales e
interinos/accidentales, en una imagen

No obstante, debemos comprender que debido a la controvertida planta local, todas las figuras que desempeñan las funciones de Secretaría, Intervención y Tesorería son necesarias. Si bien es de justicia que por preparación, formación y esfuerzo los habilitados nacionales tengan preferencia sobre los interinos y accidentales para la ocupación de los puestos de trabajo reservados (así lo marca la propia ley), también debemos reconocer la función que realizan estos otros profesionales que, en muchas ocasiones, consiguen con su trabajo y esfuerzo salvar la papeleta a las entidades locales. 


En resumen, es momento de que valoremos nuestra crucial función en las entidades locales, como supervisores y garantes de la aplicación de la ley en la actividad de los municipios, como elementos fundamentales en la lucha contra la corrupción y el clientelismo y a favor del interés general. 

Reivindiquemos nuestra función como garantes de la fe pública, el asesoramiento legal, del control y la fiscalización interna de la gestión económica y presupuestaria, de la contabilidad, la tesorería y la recaudación. Porque en muchas ocasiones, y sobre todo en los micromunicipios en los que trabajamos los/las secretariuchos/as de tercera, somos los únicos conocedores de la normativa aplicable y la pieza clave para que toda la actuación municipal sea mínimamente acorde con la ley, apartándose de intereses espúreos, prácticas viciadas y resultados que poco o nada tienen que ver con el interés colectivo.

Debemos dejar de pensar exclusivamente en nosotros mismos y pensar más en nosotros como colectivo, unirnos y luchar juntos, porque la vida profesional es larga y podemos vernos inmersos en cantidad de situaciones complicadas o conflictivas, en las que una mano amiga o un apoyo firme puede salvarnos del abismo. Escuchemos a los demás, empaticemos con sus problemas, luchemos juntos por mejorar nuestra situación y hacer reales nuestros derechos y abandonemos el lema "la avaricia me vicia" como lo que es, un estúpido eslogan comercial. 

Que la buena sintonía, el compañerismo y la fraternidad que reinan en las comidas y cenas de los colegios provinciales de estos días duren todo el año. 

¡Nos leemos! 

- ¡Por el cuerpo!
- ¡Sí, eso por Elle MacPherson!

Los habilitados nacionales y su debilidad ante el acoso laboral

Soy lector habitual de www.habilitados-nacionales.com y también soy usuario del grupo privado de facebook de Funcionarios de Administración Local con Habilitación Nacional, con 2.379 miembros en el momento de escribir la presente entrada. 

La página de www.habilitados-nacionales.com me gusta leerla periódicamente para bajar a la realidad de nuestra profesión, conocer los peligros que nos acechan (múltiples noticias tratan sobre procesos judiciales que afectan a habilitados, irregularidades detectadas en ayuntamientos, altercados entre políticos y funcionarios, etc.) y la visión que desde los medios se tiene de ella (casi nunca bondadosa, la verdad). 

El grupo privado de Funcionarios de Administración Local con Habilitación Nacional me parece una herramienta genial para intercambiar opiniones entre compañeros, formular preguntas, conocer otros puntos de vista y mantenerse enterado de cosas interesantes. 

Pero una cosa que cada día me encuentro más en ambas páginas es publicaciones relativas al acoso laboral que sufren los habilitados nacionales.

La facilidad del habilitado nacional de ser objeto de acoso laboral

En mi opinión nuestro cuerpo es muy susceptible de ser objeto de acoso en el lugar de trabajo, y aún más en el caso de los/as secretarios/as-interventores/as. Y fundamento mi opinión en varias razones:

1. El hecho de ser un personal externo, que viene designado desde el ministerio de Función Pública para desempeñar las funciones reservadas en un municipio que nos es ajeno. 

El personal propio del ayuntamiento, habitualmente vecinos del municipio y que en muchas ocasiones llevan toda la vida trabajando en el consistorio, nos percibe como la figura del nuevo, el que se cree que lo sabe todo y que nos va a dar clases y el que viene a jodernos la vida. Y poco más o menos nos perciben los políticos.

2. El aislamiento del habilitado nacional. A diferencia de otras administraciones públicas en las que existen plantillas bien dotadas y con varios puestos de nivel técnico, en los pueblos las plantillas suelen ser pronunciadamente piramidales, con una cúspide muy apuntada en la que normalmente aparece únicamente el secretario-interventor. No existe otro personal que realice tareas de carácter técnico (si lo hay tiene una jornada muy reducida o está contratado mediante contrato de servicios). Las figuras equivalentes más cercanas se encuentran ubicadas a kilómetros de distancia, en los municipios colindantes, y en muchas ocasiones ni siquiera nos conocemos entre nosotros. 

Esto hace que muchas veces las actuaciones se realicen y las decisiones profesionales para encauzar la actividad se adopten de forma unipersonal. No existe la posibilidad de preguntar a otros profesionales cercanos u obtener otros puntos de vista reuniéndose en un despacho o durante el mismo almuerzo, como ocurre en otras administraciones, lo cual ayuda a dar pasos mejor fundados y más consistentes por el hecho de haber contrastado previamente varios puntos de vista. 

Es verdad que siempre existe la posibilidad de preguntar en los servicios de asesoramiento de las diputaciones, a las direcciones de administración local de las comunidades autónomas o a otros compañeros o preparadores, pero debes limitar dichas consultas únicamente a las actuaciones más importantes y las decisiones más cruciales o relevantes, porque todo el mundo está al menos tan liado como lo estás también tú.   

3. El fraccionamiento del cuerpo SITAL. Una razón de la debilidad del/de la habilitado/a nacional frente al acoso laboral, ligada a la anteriormente mencionada, es la falta de unión entre compañeros del cuerpo de funcionarios con habilitación de carácter nacional. 

Y a este hecho no le encuentro justificación alguna, porque si bien es cierto que aparte de compañeros nos convertimos en rivales en lucha por los mismos puestos una vez al año con cada concurso y que a veces existen conflictos de intereses entre nosotros, esta situación no es diferente a la que atraviesan otros cuerpos de funcionarios en nuestro país que sí que son capaces de unirse y aliarse para luchar por lo que creen que les corresponde por derecho.   

Varios ejemplos de estas luchas colectivas: 

Jueces y fiscales vuelven a las movilizaciones ante la negativa de Justicia a atender sus reinvidicaciones

La privatización del Registro Civil reportaría más de 1,3 M€ anuales a los registradores de la propiedad de Valladolid - Los funcionarios de Justicia se movilizan contra los planes del ministro Gallardón que acabarán con la gratuidad del servicio

Los policías nacionales inician una huelga encubierta en protesta por la deuda salarial

Los inspectores de Hacienda piden una norma para actuar de incógnito

Las protestas por los recortes educativos se extienden por media España

Si todos estos cuerpos son capaces de unirse y luchar por lo que realmente importa, ¿por qué es diferente en nuestro caso? ¿Qué tiene que pasar para que nos demos cuenta de la capacidad que tenemos si actuamos unidos?

4. La convergencia de múltiples funciones en la misma persona: Secretaría, Intervención y Tesorería. El Real Decreto 128/2018, de régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional atribuye todas estas funciones a habilitados de carácter nacional y, en las secretarías de tercera, a la persona titular de la Secretaría-Intervención (como si de la sagrada trinidad se tratara). Esta convergencia de funciones, en la práctica, supone que tú tramitas todo el expediente: preparas el inicio para la Alcaldía o concejalía, emites los informes, fiscalizas si fuera necesario, incorporas la documentación, preparas la resolución o el acuerdo, contabilizas, envías el fichero al banco... todo. 

Por lo que si algo no sale bien, la posibilidad de que las culpas recaigan sobre ti están entre el 80 y el 100%. Y los alcaldes lo saben, y lo utilizan cuando lo ven oportuno. 

¿Qué significa este informe?
¿No te dije que miraras para otro lado en este asunto?

5. La sufridas labores de asesoramiento y fiscalización. Si algo hay que los políticos locales no asumen con facilidad es que el habilitado nacional les asesore en sentido distinto al de sus ideas preconcebidas o, sobre todo, que les fiscalice una actuación con disconformidad. 

En el caso de la fiscalización, el hecho de que posteriormente deba darse cuenta de los reparos en el Pleno y que además anualmente deba comunicarse al Tribunal de Cuentas la relación de actuaciones contrarias a reparos adoptadas por la administración local, pone a los políticos muy nerviosos. 

Es entonces cuando comienzan a percibir al habilitado nacional como al que siempre pone impedimentos y palos en la rueda y se convierte, de la noche a la mañana, en el enemigo a batir. 

No se dan cuenta de que ese conflicto puede derivar en una mejor satisfacción de los fines públicos, como puede ser la resultante de realizar la actuación pretendida por el político, pero de manera propuesta por el habilitado y diferente a la inicial, que además cumple la normativa aplicable. 

Mi admirado Carles Ramió habla en su artículo El directivo público como gestor del conflicto organizativo sobre el papel del conflicto en las organizaciones y su efectos favorables para conseguir una buena gestión: 

"El conflicto es un elemento natural de todas las organizaciones y no hay que tener el convencimiento superficial que el conflicto es negativo. Más bien al contrario, el conflicto es la esencia de la gestión pública y, más en concreto, de la buena gestión. Los distintos actores formales (y también informales) generan tendencias naturales que generan conflicto. Por ejemplo: ¿cómo es posible que no exista conflicto entre un responsable de un servicio público directo con el interventor (controlador)? Si ambos persiguen con solvencia y con profesionalidad sus propios objetivos el conflicto es inevitable".

6. La lucha entre la costumbre y la norma. Si hay una fuerza difícil de dominar y vencer por los habilitados cuando llegamos a un ayuntamiento por primera vez, o cuando se produce algún cambio legislativo que es necesario aplicar, esa es la fuerza de "aquí siempre se ha hecho así". 

Hablé de este asunto en mi anterior entrada La vida desde el remolque (agrícola) en la que calificaba a la costumbre como la Fontana di Trevi del derecho local, por la alteración del sistema de fuentes del derecho establecido en el Código Civil que se produce en los micromunicipios, en los que la costumbre prima sobre la ley y los principios generales del derecho. 

El pensamiento de los empleados y los políticos municipales tiene incluso cierta lógica: si siempre se ha hecho de esta forma y ha funcionado, ¿para qué cambiarlo? Con la única pega de que la legislación evoluciona, siempre existe margen de mejora y no podemos vivir instalados constantemente en el conformismo. 

Esta lucha entre costumbre y norma es más palpable en los municipios en los que existen grandes diferencias formativas entre el/la habilitado/a y el resto del personal, ya que en aquellos municipios en los que no existe tal diferencia, el resto de empleados apoya la posición de la Secretaría-Intervención y la Alcaldía es más permeable a las novedades que cuando se defienden únicamente y en solitario por la persona con habilitación de carácter nacional. 

Por todos los factores anteriormente mencionados, y por alguno que otro que seguramente que olvido, los habilitados nacionales (y en especial los secretariuchos de tercera) somos muy proclives a sufrir de acoso laboral. 

El acoso laboral en sus múltiples facetas

El acoso laboral al que muchos habilitados nacionales se han visto sometidos tiene múltiples caras: puede ir desde el cambio de despacho a otro edificio aislado, el puenteo al habilitado en el ejercicio de la actividad administrativa recurriendo a otros funcionarios más dóciles, la contratación de un servicio de asesoramiento jurídico para contrarrestar los informes de la Secretaría, la negativa a conceder las vacaciones, los días de asuntos propios o permisos para cursos que se solicitan, los menosprecios o humillaciones en público o en privado, la creación de un ambiente hostil hacia la Secretaría, Intervención o Tesorería, la reducción del personal a cargo del/de la empleado/a, la apertura de expedientes disciplinarios, la reducción de los complementos salariales, etc.

Todo ello puede derivar en un ambiente de tensión que sufren los habilitados nacionales en su día a día y que, si se mantiene en el tiempo, puede causar alteraciones físicas, daños psíquicos e incluso en situaciones de depresión.

Es triste que ningún trabajador tenga que aguantar este tipo de prácticas y de situaciones en su vida laboral por el simple hecho de realizar bien su trabajo, pero es más triste aún si para poder realizar ese trabajo con corrección se ha pasado una oposición tan costosa como es la nuestra.

Todos tenemos un límite y mejor no encontrarlo.
El trabajo no debe ser como un banco de tornillo

Vías de solución

En el grupo de facebook de Funcionarios de Administración Local con Habilitación Nacional se han tratado en varias ocasiones casos de acoso laboral, y la gente está muy sensibilizada y muestran un gran apoyo a las personas acosadas. Lo que hoy te pasa a ti, mañana podría pasarme a mi, y debe ser muy reconfortante y motivador sentirse apoyado y respaldado por otros profesionales del cuerpo, en esos duros momentos.

En ese grupo de facebook, incluso se ha barajado en alguna ocasión realizar aportaciones económicas voluntarias para la contratación de abogados de prestigio para defender al/a la  habilitado/a frente a la/s persona/s acosadora/s, aunque no tengo constancia de que finalmente dicha actuación se haya llevado a cabo.

No obstante, aunque dichas medidas parecen en principio útiles, creo que no son suficientes.

Por su parte. el Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros aprobó un protocolo de acoso para defender a los colegiados y colegiadas que puedan sufrirlo. Puedes obtener más información sobre dicho protocolo aquí. Me parece que es en este sentido en el que tenemos que trabajar para solventar este problema, porque si bien las palabras de ánimo de compañeros son siempre bienvenidas, no podemos dejar algo tan serio como la protección frente al acoso de un/a compañero/a a la suerte de la voluntad del resto de compañeros en cofinanciar una defensa solvente en vía judicial.

Tengo constancia de que ya son varios colegios autonómicos de secretarios, interventores y tesoreros los que se han adherido a dicho protocolo, pero no conozco ningún caso en el que se haya aplicado el mismo ni la satisfacción de los funcionarios acosados con la resolución de su reclamación. Si conoces algún caso en que se haya aplicado este protocolo, por favor indícamelo en los comentarios o en el correo electrónico que puedes encontrar en mi perfil.

Por último, deseo hacer un llamamiento al resto de compañeros a la unidad de todo el cuerpo para hacer frente a los problemas que nos acucian en el desempeño de nuestras funciones. Porque en los últimos años hemos visto incrementadas notoriamente nuestros cometidos (plataformas ministeriales, Base de Datos Nacional de Subvenciones, Portal de Contratos del Sector Público, Ley de Transparencia, etc.) sin un incremento simultáneo de medios para conseguirlo (más bien con un recorte de medios, por lo menos en recursos humanos), nos han empeorado nuestras condiciones laborales (incremento de jornada de trabajo, decremento de retribuciones, etc.) y no hemos sido capaces de manifestarnos o de movilizarnos para defendernos. Cuando hasta los alcaldes han sido capaces de movilizarse para luchar contra la despoblación o por un sistema de financiación local más justo, da que pensar que nosotros no seamos capaces de ponernos de acuerdo para reivindicar lo que nos corresponde en derecho.

Si trabajamos juntos el éxito está asegurado.
Somos muchos y poderosos.

En fin, si tienes alguna aportación sobre esta u otra materia, agradecería tu comentario.

¡Nos leemos!